La mayoría de la Mesa del Congreso de los Diputados ha avalado este martes la legitimidad de la polémica votación de la reforma laboral del pasado día 3, una iniciativa que salió adelante gracias al error del diputado del PP Alberto Casero. PSOE y Unidas Podemos, que suman mayoría en el órgano de gobierno de la Cámara Baja, han rechazado así las quejas planteadas por los populares y por Vox, que la semana pasada llegaron a acusar a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, de haber promulgado un “pucherazo” por validar el voto de Casero y que han recurrido incluso ante el Tribunal Constitucional.
La propia Batet ha comparecido ante los medios tras la reunión de la Mesa para anunciar que ese órgano “por mayoría ha acordado que las decisiones” adoptadas en torno a la votación “fueron correctas”, que la comprobación del voto telemático de Casero fue “adecuado”, que “no hubo error técnico ninguno ni imposibilidad de voto y por lo tanto no era de aplicación la previsión de una Mesa que permitiera la emisión del voto presencial”, como ha pedido el PP, y que, “los errores en el voto no dan lugar a repetición o corrección ninguna”.
“Por tanto, lo que concluyen tanto el informe como el acuerdo de la Mesa es que en todas las decisiones que se adoptaron se actuó conforme a derecho”, ha asegurado Batet, recordando el informe de los letrados del pasado viernes que avaló la legitimidad de la votación.
La presidenta del Congreso también ha cargado contra PP y Vox por los “ataques” sufridos en las últimas semanas y, en concreto, ante “las descalificaciones vertidas sobre los servicios del Congreso y sus servicios jurídicos”. “Toda institución y quienes la integran necesitan, necesitamos, respetar sus propias normas y a quienes profesionalmente se ocupan de interpretarlas y aplicarlas”, ha zanjado.
“En las instituciones existen personas responsables”
“Podrán criticarse sus argumentos, pero no se puede desacreditar a unos profesionales que desarrollan su trabajo con total independencia, que son los mismos que lo han hecho bajo otras mayorías políticas y cuestionar su honestidad”, ha asegurado, en relación a las críticas de PP y Vox a los letrados del Congreso por avalar la votación de la reforma laboral.
A juicio de Batet, cuestionar esas decisiones de los servicios jurídicos “sin ningún razonamiento o justificación es, además y sobre todo, un modo de deslegitimar a la propia institución”. “No pretendo dirigirme a quienes practican este modo de hacer política. Me dirijo a los ciudadanos para decirles que en las instituciones existen personas responsables, que ya estaban cuando yo llegué y que continuarán en esta casa, que creen en su trabajo y en el derecho, y que los necesitamos para tener referentes y garantías de confianza en la aplicación de las normas, por encima de cualquier disputa política”, ha remachado.
La presidenta del Congreso se ha comprometido, además, “garantizar siempre la independencia” de los letrados y su trabajo. “He dicho en más de una ocasión que ejercería esta Presidencia con imparcialidad, y este es mi empeño todos los días, desde el primero en el que asumí el cargo hasta que deje esta responsabilidad que se me ha encomendado y por la que fui elegida por el Pleno de la cámara”, ha añadido.
“Lo que no se puede esperar de mí, y eso también lo he dicho incluso en la tribuna del Congreso de los Diputados, es que sea neutral ante los ataques a la institución que me honro en presidir, a sus profesionales y a sus procedimientos. Porque atacarlos a ellos es atacar la legitimidad del Congreso de los Diputados”, ha concluido.
La ofensiva de PP y Vox
Pese a las garantías jurídicas remarcadas por las autoridades independientes del Congreso y la doble verificación del voto telemático, refrendado por los servicios de la cámara, las dos derechas –exceptuando a Ciudadanos, que sí apoyó la convalidación del decreto– no reconocen que Casero errara y atribuyen lo que sucedió a un gesto supuestamente ilegal promulgado por Batet, a la que han llegado a acusar de prevaricación para beneficiar al Gobierno.
La vicepresidenta segunda del Congreso y dirigente del PP, Ana Pastor, ha asegurado este mismo martes que Batet “se extralimitó al decidir ella que no iba a subsanar el error” de Casero a quien, a su juicio, “se privó de su derecho a votar en el sentido que quería”. “Se arrogó una competencia exclusiva de la Mesa”, ha afirmado, porque “dio por hecho que la mesa se había reunido, cosa que no ocurrió”. Además, en opinión de Pastor, Batet “se parapeta y se esconde detrás de un informe”, en alusión al texto de los letrados, “haciendo ver que quien critica su actuación está en contra de las instituciones”. “Es una falacia que no podemos permitir”, ha zanjado.
La representante del PP en la Mesa ha añadido que “se ha conculcado un derecho fundamental”, por lo que “será el Constitucional quien tenga que decirle a la presidenta del Congreso que no se puede vulnerar el derecho de un diputado”, a raíz de los recursos presentados por su partido ante ese tribunal.
El líder del PP, Pablo Casado, sostiene que la tercera autoridad del Estado “prevaricó” por dar por válido el voto de Casero que, en realidad, es lo que siempre ha sucedido cuando un diputado se ha equivocado en alguna votación. Vox, por su parte, formación con la que los populares pugnan desde hace años por el mismo electorado, sostiene que Batet “incumple” el reglamento del Congreso y ha puesto “en riesgo los principios del estado de Derecho” en un país en el que el Gobierno “camina hacia el modelo de Cuba o Venezuela” tratando de convertir a España en una “narcodictadura”.