Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, ha reconocido en su declaración como testigo en el Tribunal Supremo que filtró a varios medios de comunicación el contenido de un correo confidencial cruzado entre el abogado de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, y el fiscal que le investigaba por fraude fiscal, Julián Salto. No obstante, ha negado haber difundido el email concreto que investiga el alto tribunal y ha asegurado que desconocía su contenido.
“Ese es el texto que yo difundo [correspondiente a un correo del 12 de marzo de 2024] y había un email anterior [del 2 de febrero, en el que González Amador reconocía el fraude y ofrecía el pacto] que yo desconocía y que el señor Salto tampoco cita”, se ha justificado a la salida, tras declarar durante casi una hora ante el juez que investiga al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.
Posteriormente, fuentes jurídicas presentes en la declaración han asegurado que Rodríguez también ha reconocido ante el juez Ángel Hurtado que tuvo ese correo porque se lo facilitó el abogado de González Amador. A las puertas del tribunal, el jefe de gabinete ha cambiado su versión y ha afirmado que fue el empresario el que le hizo llegar ese correo en la mañana del 12 de marzo, poco después de que elDiario.es destapase el caso.
Rodríguez fue llamado a declarar después de que la Fiscalía explicara al juez que él fue el primero en difundir comunicaciones confidenciales entre el letrado del empresario y el fiscal Salto en la noche del 13 de marzo. El jefe de gabinete de Ayuso difundió a varios periodistas un mensaje en el que copiaba el texto íntegro de un correo enviado por el fiscal. No obstante, según la versión de Rodríguez, no se lo facilitó a varios periodistas hasta que fue publicado por el diario El Mundo, a quien ha negado habérselo filtrado.
Además, ese correo enviado a los medios de comunicación estaba manipulado para dar a entender que la Fiscalía había ofrecido un pacto al empresario y no al revés, como había sucedido en realidad. El mensaje difundido se encabezaba así: “Mirad la realidad del email que recibe el abogado del señor González”.
A continuación, reproducía el email que el fiscal del caso remitió el 12 de marzo de 2024 a la defensa de González Amador. Y, finalmente, trataba de hacer ver que fue el fiscal el que propuso un acuerdo de conformidad a la defensa del comisionista, pero que lo retiró por “órdenes de arriba”. “Todo sucio”, acababa su mensaje. Una hora después de testificar, Rodríguez ha regresado al Supremo para entregar un “pantallazo” de ese mensaje para poder cotejar la hora a la que lo remitió y su contenido.
Sobre este aspeto, Rodríguez ha reconocido que no tenía ninguna información y ha asegurado que esa afirmación era su “opinión”, aludiendo a que él “peina canas” y destacando que, “a día de hoy”, el pacto que exploraban no se ha firmado.
Comunicado de la Fiscalía
Las primeras publicaciones que se hicieron eco de esa información falsa fueron las que llevaron a la Fiscalía a recopilar toda la información del caso para emitir un comunicado a la mañana siguiente. Esa mañana, varios medios de comunicación publicaron el texto íntegro del primer email de esa cadena: el correo en el que el abogado de González Amador confesaba haber defraudado 350.000 euros y se ofrecía a aceptar una condena simbólica de cárcel y pagar una multa a cambio de no pisar la prisión. Tal y como ha reconocido esta mañana a las puertas del Supremo, Rodríguez difundió ese segundo correo sin explicar —ha afirmado que lo desconocía— que el abogado del empresario había ofrecido el pacto un mes antes.
El Supremo investiga si el fiscal general y a la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, filtraron a la prensa este intercambio de correos. La causa inicialmente analizaba si un comunicado de la Fiscalía sobre el caso incurrió en revelación de secretos pero el alto tribunal desechó esa posibilidad, apuntando en otra dirección: descubrir si el fiscal general está detrás de la filtración de esa cadena de mensajes. Respecto al comunicado, el Supremo determinó que no se reveló ningún secreto porque varios medios ya habían publicado su contenido.
Con la declaración de Rodríguez, la intención del fiscal general es que el juez, en la práctica, lleve la investigación hasta el entorno de González Amador y de Díaz Ayuso porque esas primeras informaciones, además de ser anteriores a su intervención, citaban fuentes cercanas a la defensa del empresario, no de la Fiscalía o de la Agencia Tributaria. Y descubrir si el primero en revelar esas negociaciones entre el acusado y la Fiscalía fue el círculo más cercano del comisionista, aunque fuera para dar una visión sesgada de las conversaciones y decantar a su favor la balanza de la opinión pública.
El jefe de gabinete de la presidenta madrileña ha llegado al Supremo 20 minutos antes de su declaración. “La verdad siempre pa'lante”, ha afirmado a preguntas de los periodistas, tras rechazar la idea de poder ser imputado en esta causa. “No hay datos para eso”, ha afirmado después de explicar que este miércoles estaba obligado a decir la verdad.
Tras su declaración, Rodríguez ha cargado contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y contra el fiscal general. “Creo que el fiscal general del Estado tiene que ser juzgado, creo que tiene que ser condenado de manera ejemplar para que a nadie nunca más se le ocurra dar a conocer un expediente secreto de un español. Y, con ser esto relevante, creo que el que tiene que ser juzgado es el creador de la trama de corrupción que le rodea, en su familia, en su partido y en su Gobierno, que es el señor Sánchez”, ha afirmado.
Rodríguez, mano derecha de Díaz Ayuso, ha asumido públicamente la defensa de González Amador desde que elDiario.es publicara en exclusiva que había sido denunciado por la Fiscalía por tres delitos distintos. Desde amenazar con “triturar” al periódico hasta difundir falsamente que periodistas habían intentado asaltar encapuchados el domicilio donde Ayuso vive con su pareja. En paralelo, ha dedicado sus esfuerzos a difundir teorías falsas sobre el caso, como que en realidad es Hacienda la que debe dinero al empresario o que todo responde a una trama gubernamental contra él.