“Parece que sí hubo fallos de coordinación”. El ministro del Interior, Jorge Fernández, aceptó el pasado jueves y a regañadientes que la actuación policial durante las Marchas de la Dignidad no fue todo lo correcta que hubiera sido deseable. El departamento que dirige el político catalán arremetió desde el principio contra los manifestantes, a quienes culpó en exclusiva de los gravísimos disturbios que reventaron la protesta antes de que esta terminara. Fernández salió al paso de las palabras del director de la Policía, Ignacio Cosidó, quien el mismo día 27 por la mañana denunció una “escalada de violencia” para “desestabilizar el Estado de derecho”.
Esta rectificación no es la primera de la legislatura. Fernández se ha visto obligado a dar marcha atrás no solo a numerosas declaraciones y apreciaciones políticas, sino a algunas de las leyes más restrictivas que ha propuesto el Gobierno desde diciembre de 2012. Estas son algunas de las más sonadas.
Inmigración
En noviembre del año el ministro del Interior negó que las cuchillas que refuerzan las vallas de Ceuta y Melilla sean peligrosas y aseguró que solo provocan “heridas superficiales”. Esa misma semana, un grupo de inmigrantes trató de acceder a España saltando la alambrada y varios de ellos sufrieron heridas al engancharse con las concertinas. Ya en 2014, Jorge Fernández ha tenido que reconocer la peligrosidad de las cuchillas y ha aceptado la posibilidad de retirarlas, pero solo después de unas duras imágenes sobre las heridas provocadas por las cuchillas.
Un patrón similar se repitió en una tragedia mucho más importante que sucedió también en la frontera que separa África de Europa. Al menos 15 personas fallecían cuando trataban de llegar a nado a Ceuta desde Marruecos. Agentes de la Guardia Civil dispararon sobre ellos pelotas de goma, aunque Interior lo negó en un principio. Fernández tardó varios días en reconocerlo, cuando el ministerio ya estaba acorralado por sus propias mentiras.
El aborto y ETA
El 7 de mayo de 2013 el titular de Interior informaba de una operación policial contra ETA. Durante la rueda de prensa, un periodista preguntó sobre la polémica contrarreforma del aborto planteada por Alberto Ruiz-Gallardón. El ministro del Interior intentaba esquivar la pregunta y, en el camino, acabó diciendo que ETA y el aborto “algo tenían que ver”.
El mismo día, el ministerio se vio obligado a emitir un comunicado en el que aseguraba que “en ningún momento” quiso comparar el terrorismo con el derecho al aborto.
Pasividad de la Ertzaintza
La sentencia que anuló la doctrina Parot supuso la excarcelación inmediata de decenas de presos con delitos de sangre. Entre ellos, muchos terroristas de ETA, que regresaban a sus casas después de muchos años encerrados en prisiones de toda España. A su llegada se organizaron y celebraron algunos homenajes. El ministro del Interior aseguró entonces que “con la Policía o la Guardia Civil eso no se hubiera producido”.
Tras la queja del Gobierno vasco, Jorge Fernández se vio obligado a rectificar y pedir perdón a la Policía Autónoma vasca.
La operación contra ETA frustrada por las prisas de Interior
En enero de este mismo año, la Guardia Civil puso en marcha una operación contra ETA que deparó varias detenciones. Sin embargo, buena parte de los objetivos que se habían marcado los agentes pudieron escapar gracias a que el Ministerio del Interior se adelantó y comunicó el éxito del operativo antes de que este hubiera terminado.
El desliz supuso el cese del director de comunicación de Jorge Fernández, Albert Gimeno, quien presentó su dimisión al ministro.
Ley de Seguridad Privada
El departamento que dirige Jorge Fernández ha lanzado dos grandes proyectos legislativos desde su llegada al Gobierno: la Ley de Seguridad Ciudadana y la de Seguridad Privada.
La segunda, aprobada ya por el Congreso y el Senado, aumenta las competencias de los vigilantes privados, que podrán detener e identificar a quienes hayan sido cogidos in fraganti cometiendo un delito en los lugares donde los profesionales están desarrollando su trabajo. Sin embargo, la redacción final dejó fuera una de las novedades que más polémica generó: el permiso a los vigilantes para “patrullar” por la calle en zonas comerciales.
Ley de Seguridad Ciudadana
El segundo gran proyecto legislativo de Interior ha corrido peor suerte que su compañero de viaje y todavía está estancado en los órganos consultivos que, de momento, no han dado ninguna alegría al ministro.
El proyecto de Interior tiene como objetivo penalizar con fuertes multas aquellas conductas que los jueces se niegan a castigar, al no considerarlas delito. De esta manera, el Gobierno pretendía restringir por la vía administrativa manifestaciones y protestas que no son punibles por lo penal. El borrador tipificaba como infracciones, por ejemplo, los escraches y las manifestaciones ante el Congreso.
Desde que vio la luz el anteproyecto en noviembre de 2013, la norma ha recibido múltiples varapalos. El último, este mismo jueves. El Consejo General del Poder Judicial cuestionaba por unanimidad la constitucionalidad de la ley al considerar que el papel de la Policía es excesivo y demasiado determinante en la imposición de sanciones administrativas.
Poco después, el ministerio confirmaba que incorporará las recomendaciones del CGPJ al proyecto.
Las ofensas a España
El anteproyecto de ley de Seguridad Ciudadana recoge en su redacción inicial un elemento particularmente llamativo. El Gobierno quiere castigar con hasta 30.000 euros las pancartas y los actos que “ofendan o ultrajen” a España, las CCAA, los ayuntamientos y el resto de instituciones. También, sus símbolos como las banderas o himnos. Preguntado sobre qué consideraba “ofensa” el Gobierno, el ministro del Interior contestó sin mucha precisión: “Ofensa es lo que es ofensivo”.
El CGPJ también ha desmontado este planteamiento. En su informe, asegura que “algunas de las conductas tipificadas por el anteproyecto difícilmente puede decirse que comprometen la seguridad pública”, mientras que otras “ya están tipificadas y sancionadas como delito”.