12 de enero de 2016. Quedan apenas 24 horas para que se constituyan las Cortes y varios medios de comunicación abren sus portadas con un informe policial sobre la presunta financiación irregular de Podemos. El juego de las alianzas para formar Gobierno está en una fase incipiente y se producen los primeros acercamientos públicos entre el PSOE y el partido de Pablo Iglesias. En los días y semanas siguientes, el supuesto informe de la “inteligencia” policial será desgranado por varios medios de comunicación. La vicepresidenta en funciones utiliza la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros para exigir a Podemos que colabore en una investigación judicial en esa fecha inexistente.
Ninguna unidad policial estampa su sello en el documento y ningún funcionario policial adjunta su número de identificación o su firma. Su título -P.I.S.A., Pablo Iglesias Sociedad Anónima- en nada se asemeja a un informe de la Policía, pero el Ministerio del Interior admite su existencia y atribuye la autoría a la “inteligencia” policial que se ubica en la Dirección Adjunta Operativa (DAO) de la Policía.
La denominación –“informe de inteligencia” policial, no del CNI- y su formato, que garantiza el anonimato del autor, recuerdan a los documentos que algunos medios de comunicación han publicado esta legislatura coincidiendo con momentos álgidos del proceso soberanista en Cataluña. En ellos se apuntaban indicios de graves delitos cometidos por políticos independentistas que quedaban en las portadas, sin que llegaran finalmente al juzgado.
eldiario.es publicó el 30 de noviembre de 2014 que una unidad secreta de la Policía se dedicaba a rastrear políticos catalanes. Ese grupo policial se alojaba en la Dirección Adjunta Operativa (DAO) de la Policía. Cuando CiU preguntó en el Congreso a Jorge Fernández Díaz sobre la citada información, el ministro del Interior envió a los diputados de la coalición catalana al “psiquiatra”.
Al incluir supuestos indicios de delito, el informe sobre Podemos debería acabar en la Fiscalía o en un juzgado. elconfidencial.com, uno de los medios que ha informado sobre su contenido, muestra el 15 de enero un documento de salida de la DAO con destino a la Comisaría General de Policía Judicial, de la que depende la UDEF. Esta unidad se va a encargar de elaborar un informe a partir de la información recibida y lo va a enviar a la Fiscalía Anticorrupción.
Pasan las semanas y el informe no llega a Anticorrupción. La sombra sobre una supuesta financiación ilegal de Podemos por parte de Irán es utilizada desde ámbitos políticos y mediáticos para argumentar en contra de cualquier pacto de gobierno con la formación morada.
eldiario.es consulta fuentes cualificadas de la UDEF, que atribuyen el retraso en la elaboración de su informe a la complejidad de la información que les ha tocado estudiar y desarrollar.
Al fin, el documento llega a la Fiscalía. Pero no a Anticorrupción ni a través de la Policía. Es Manos Limpias, que ya se había querellado sin éxito contra los dirigentes de Podemos por la financiación del partido, quien vuelve a probar suerte ante el Tribunal Supremo. En su nueva querella se incluyen informaciones de distintos medios de comunicación y el informe P.I.S.A. en su integridad, según ha podido cotejar esta redacción. ¿Cómo ha llegado el informe a Manos Limpias? ¿Puede el Alto Tribunal valorar como un informe policial 38 páginas sin más sello que el de “secreto”?
La respuesta llega el 25 de febrero. La Fiscalía pide “acordar la inadmisión y archivo de la querella por no revestir los hechos carácter de delito”. La primera información al respecto llega el 4 de marzo, jornada en la que infolibre.es adelanta que la petición de archivo de la Fiscalía.
La Fiscalía del Tribunal Supremo tacha el informe P.I.S.A. de “mera remisión de informaciones no autenticadas”. El documento, con múltiples erratas, incluye como “pruebas” recortes de prensa e informaciones provenientes de fuentes sin identificar.
Además, entra en contradicciones cuando asegura a la vez que Izquierda Unida financió al “entorno de Pablo Iglesias” gracias a la intervención de la dirigente andaluza Amanda Meyer mientras Iglesias intentaba tomar “al asalto” la organización justo cuando su padre, Willy Meyer, encabezaba la candidatura a las europeas.
Parece que la maniobra contra Podemos enfila sus últimos días. Sin embargo, unos días antes la cadena Cope adelanta que la Policía ha recurrido al Tribunal de Cuentas, a donde ha enviado la UDEF el informe en lugar de a la Fiscalía Anticorrupción. Este lunes, la Cadena Ser mostraba la primera página del escrito de la UDEF al Tribunal de Cuentas con fecha 9 de febrero.
El Tribunal de Cuentas, pese a su denominación, no depende del Poder Judicial. La Constitución regula este órgano administrativo en su artículo 136, dentro del Título VII destinado a Economía y Hacienda. Sus miembros no son jueces, aunque gozan “de la misma independencia e inamovilidad y estarán sometidos a las mismas incompatibilidades” que ellos. Este órgano depende de las Cortes Generales.
El movimiento pretende salvar la maniobra. El Tribunal Supremo archivará probablemente la querella de Manos Limpias, de acuerdo al informe de la Fiscalía, pero el Ministerio del Interior siempre podrá argumentar que el informe sigue vivo porque el Tribunal de Cuentas, una lentísima maquinaria administrativa, indaga sobre los indicios que en él se contienen.