El Ministerio de Justicia ya está tramitando la petición de indulto de Juana Rivas, la madre de Maracena condenada en firme a dos años y medio de cárcel por un delito de sustracción de menores tras desaparecer junto a sus hijos en el verano de 2017 para no entregarlos al padre de estos alegando que corrían un “peligro de muerte”.
Fuentes del departamento que dirige Juan Carlos Campo confirman a elDiario.es que los trámites se iniciaron hace “menos de una semana” con la solicitud del preceptivo informe al tribunal sentenciador. En este caso, el Juzgado de lo Penal número 1 de Granada, que en julio de 2018 condenó a Rivas a cinco años de cárcel y que este jueves ordenó su ingreso en prisión después de que el pasado abril el Tribunal Supremo confirmara la culpabilidad de Rivas aunque redujo su condena a los citados dos años y medio de prisión.
Los posicionamientos en el Gobierno se han producido tras conocerse el inicio del procedimiento. Fuentes del Ministerio de Igualdad aseguran a este medio que “que se debe otorgar el indulto a Juana Rivas, después de la falta de perspectiva de género” que se ha visto, dicen, “durante todo el proceso judicial”. La ministra, Irene Montero, ya exigió este jueves “justicia feminista” para Rivas y afirmó que trabajará para que sea así. “Las mujeres que defienden sus derechos y los de sus hijos e hijas frente a la violencia machista necesitan saber que estamos con ellas”, escribió en su cuenta de Twitter, después de que se conociera que el juez había ordenado su detención e ingreso en prisión.
Más explícita en relación a su petición de indulto ha sido la portavoz estatal de Podemos, Isa Serra. “Yo también solicito el indulto para Juana Rivas. Justicia, protección y derechos para las mujeres que defienden sus vidas, y las de sus hijos e hijas, frente a la violencia machista”, ha escrito en su cuenta de Twitter.
El abogado de Rivas, Carlos Aránguez, señaló este jueves que le parecía “muy injusta” la decisión de ordenar su ingreso en la cárcel cuando todavía no se ha resuelto el indulto solicitado al Gobierno. El letrado anunció la presentación de un recurso contra el auto del juez con el objetivo de que pueda quedar “sin efecto” su entrada en la cárcel “en tanto se resuelva el mencionado indulto”, según informó en una nota de prensa.
La tramitación de la medida de gracia se puede demorar semanas e incluso meses. Fuentes de Justicia afirman que dependerá especialmente del tiempo que tarde el tribunal sentenciador en emitir su informe que, a su vez, debe contar con el dictamen de la Fiscalía. Se trata de informes preceptivos aunque no vinculantes porque la decisión final corresponde al Consejo de Ministros a propuesta del ministro de Justicia.
Eso sí, en caso de que el tribunal sentenciador se posicionara en contra del indulto cerraría la puerta a un indulto total —que supone la remisión de todas las penas no cumplidas—, pues la ley establece que el indulto total sólo se otorgará en caso de existir un informe favorable del tribunal sentenciador. En ese caso sí existiría la posibilidad de un indulto parcial, que supone el perdón de alguna o algunas de las penas impuestas, o de parte de todas todavía no cumplidas. La legislación establece también que se considera también indulto parcial la conmutación de la pena o penas impuestas en otras menos graves.