Decía Íñigo Errejón hace unos días en una entrevista con este diario que “una buena parte de la suerte de la legislatura depende de la vivienda”. En otras palabras, de lo que hagan las administraciones sobre un asunto de la máxima relevancia social. Si es así, el Gobierno puede echarse a temblar, porque su ministra de Vivienda está en un punto en que parece que lo único que le queda es pedir por las esquinas a ver si los dueños de pisos en alquiler se animan a hacer descuentos.
No es la primera vez que Isabel Rodríguez hace declaraciones que dejan alarmados a los partidarios del Gobierno que creen que sin una regulación más efectiva pasarán muchos años antes de que el problema entre en vías de solución. Eso en el caso de que sea posible, porque la consideración de la vivienda como bien de inversión –de especulación, que dirían los socios del Gobierno– se ha convertido en un hecho indudable en el mercado.
Los gobiernos de los últimos veinte años lo han hecho posible. En 2008, se certificaron 90.531 viviendas protegidas terminadas ese año. Con la crisis de hace una década, esa cifra se vino abajo. Entre 2013 y 2017, la media de pisos protegidos anuales cayó en esos cinco años a 6.350. En 2022, fueron 13.022.
Los llamamientos genéricos de los gobiernos raramente influyen en la conducta de los que buscan rentabilidad a sus inversiones. Ellos ya saben qué es lo que les beneficia. Rodríguez no parece estar de acuerdo y se desconoce de dónde ha sacado sus ideas.
Ya dijo hace meses que “hay negocio” en las inversiones inmobiliarias. Empresas y particulares que invierten en la compra de viviendas lo saben muy bien desde hace tiempo sin necesidad de que una ministra les avise. Ahora ella ha reincidido en su extraña costumbre de hablar de una crisis en términos que se corresponden poco con la responsabilidad de las administraciones.
En una entrevista en la SER, Rodríguez suplicó solidaridad a los propietarios de viviendas de alquiler para que los precios sean asequibles: “Yo les pido que se hagan cargo de esta causa, de esta necesidad social, y que valoremos estas rentabilidades en términos sociales. Que los precios sean acordes a las capacidades de los españoles”.
Quién le habrá dicho a la ministra que los fondos de inversión han mostrado alguna vez interés en las “necesidades sociales”, cuando, como es previsible, sólo se deben a sus accionistas. O si cree que hay posibilidades de que el dueño de tres pisos en alquiler estaría dispuesto a reducir los ingresos para complacer a una ministra. No son los ciudadanos los que tienen como misión luchar contra la desigualdad, sino las administraciones.
El Gobierno puede incidir sobre un problema a través de leyes, decretos, la política fiscal o destinando fondos públicos. Ese es su campo de actuación, no hacer de asesor económico de empresas y particulares.
La respuesta de Errejón en los pasillos del Congreso fue rápida: “Cuando había que subir el salario mínimo, no apelamos a la solidaridad de los empresarios. Lo subimos por ley. Cuando dijimos que los bancos y las energéticas tenían que contribuir más, tampoco apelamos a su solidaridad. Pusimos un impuesto a los beneficios extraordinarios por ley”, dijo el portavoz de Sumar.
¿Alguien se imagina a Sánchez pidiendo al presidente del BBVA que el banco pague voluntariamente más impuestos de los que le corresponden?
Ione Belarra fue aun más dura. “El Gobierno está a un tris de pedirle a la Virgen del Rocío que bajen los precios del alquiler, como hacía el Partido Popular, y yo creo que eso es inadmisible”, denunció la líder de Podemos. Es poco probable que a Isabel Rodríguez le guste la idea de convertirse en la Fátima Báñez del PSOE.
El problema comenzó mucho antes de que llegara al Ministerio. El Gobierno consiguió que se aprobara en la anterior legislatura una ley de vivienda con medidas específicas para las zonas tensionadas por los altos precios. Pero el mapa autonómico está dominado por el PP, que se ha negado a aplicarla por creer que tendría efectos contraproducentes. Los ciudadanos más afectados tienden a pensar que lo más contraproducente es no hacer nada o confiar en que el mercado lo resuelva todo.
Lo que sí ofrece el PP son promesas. En Madrid, Isabel Díaz Ayuso se acaba de comprometer en la Asamblea a construir 2.000 viviendas de alquiler para menores de 35 años. Más Madrid le recordó que hizo una promesa similar en un debate de 2022. Entonces fueron 1.200 viviendas. Ninguna de ellas se ha construido.
En la campaña electoral de 2019, la que le llevó a la presidencia por primera vez, Ayuso fue incluso más lejos. Anunció que se construirían 25.000 viviendas públicas destinadas al mercado del alquiler en cuarenta municipios de la región. 15.000 estarían acabadas antes de mayo de 2023. El resultado en esa fecha fue también de cero pisos construidos.
El PP también puede disponer de una amplia hemeroteca de promesas de Pedro Sánchez de construir decenas de miles de viviendas pensadas para el alquiler. La serie se inicia en 2018 cuando el ministro Ábalos dijo que se levantarían 20.000 viviendas para alquiler social durante los próximos cuatro o seis años. Muy pronto, los pisos de la Sareb entraron en el campo de las ofertas hasta el punto de aparecer en promesas realizadas en épocas diferentes.
En el año electoral de 2023, Sánchez subió la apuesta al máximo, 183.000 viviendas de titularidad pública para “los próximos años” sumando todas partidas disponibles en diferentes planes y entidades, incluida la Sareb. El objetivo es alcanzar la media europea del 9% de parque público de vivienda, aunque los países más avanzados llegan al 20%. La cifra actual es patética: 2,5%.
Las administraciones siempre han ido por detrás de la realidad. Entre 2015 y 2022, los alquileres han subido de media un 30% en todos los barrios de las áreas metropolitanas, con aumentos superiores en varias ciudades, y han seguido incrementándose en los últimos dos años con la proliferación de los alquileres turísticos que han expulsado a los residentes permanentes de muchas zonas urbanas. Para los fondos de inversión, es un negocio que no para de crecer.
En España hay un millón de hogares más que hace una década y solo se han construido 600.000 nuevas viviendas en el mismo periodo.
Es una España de dos velocidades. Hay un 75% de hogares con vivienda propia. Los que viven de alquiler y no tienen dinero suficiente para comprar un piso u obtener una hipoteca han sido abandonados a su suerte.
En el pleno del Congreso del miércoles, Yolanda Díaz afirmó que el 35% de las personas que viven de alquiler tienen riesgo de exclusión social. “La vivienda es hoy en España la mayor fábrica de desigualdad en nuestro país”. Dio ejemplos concretos en su réplica a Miguel Tellado: “¿Sabe cuál es el salario mediano en la provincia de Coruña? Se lo voy a decir. 1.464 euros al mes. ¿Sabe cuánto vale un alquiler en la ciudad de Coruña? Valor medio: 900 euros”.
La ministra presumió en su réplica a un diputado de Vox que los gobiernos de Sánchez han multiplicado por ocho la inversión en vivienda desde los 474 millones que le dedicó el Gobierno de Rajoy en 2017. En los últimos presupuestos, esa cifra fue de 3.466 millones. Es algo que han mencionado muchas veces en el PSOE. Lo que pasa es que incluye los fondos europeos. En cuanto al esfuerzo con fondos propios, la inversión presupuestada fue de 997 millones en 2023, lo que supone un aumento del 110% con respecto a la escuálida cantidad del último Gobierno del PP.
El PSOE teme las medidas propuestas por Sumar por parecerles demasiado radicales. O quizá porque cree que muchos de sus votantes son dueños de pisos alquilados. Sumar acusa a los socialistas de promover ideas que benefician a los que ya les va muy bien en sus negocios: “Nos parece un error responder a la nueva burbuja de precios en la vivienda dando financiación pública y cediendo suelo público a quien la generó y la está generando en la actualidad, las inmobiliarias privadas”.
Mientras tanto, el artículo 47 de la Constitución, que reconoce el derecho a contar con una vivienda digna, establece una obligación a las administraciones que estas no están cumpliendo: “Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación”.