El PP aprueba en el Congreso el recorte de libertades

El Gobierno ha sacado adelante este jueves con el único apoyo del Grupo Popular la Ley de Seguridad Ciudadana, cuyo contenido ha sido rechazado por todos los grupos de la oposición, que se han comprometido a derogarla en la próxima legislatura si cuentan con la mayoría suficiente para ello.

El debate estuvo salpicado por varios incidentes. Entre ellos, la inesperada intervención de la Solfónica del 15M, que desde la tribuna de invitados comenzó a entonar 'La canción del pueblo', del musical 'Los Miserables' –que habla de las libertades ciudadanas– ante la mirada atónita de Posada. El presidente del Congreso ordenó su expulsión inmediata de la tribuna.

Pero ese no ha sido el único altercado. Justo cuando iniciaba su intervención el portavoz de la Izquierda Plural, Ricardo Sixto, los diputados de este grupo protestaron desde sus escaños, puestos en pie, con la boca tapada por mordazas y las manos a la espalda. El presidente del Congreso les pidió que se las quitaran porque en la Cámara –dijo– lo que hay que hacer “es hablar”. El grupo de Cayo Lara mantuvo su protesta. Solo después de una segunda llamada al orden, y antes de una tercera, que hubiera supuesto su expulsión del Pleno, los diputados se quitaron las mordazas y volvieron a sentarse en sus escaños.

A lo largo del debate, todos los portavoces de la oposición manifestaron su rechazo al texto, que ya han bautizado como “la ley mordaza”, cuyo dictamen fue aprobado el 25 de noviembre en la Comisión de Interior del Congreso.

Uno de los aspectos más criticados ha sido la decisión del Gobierno de modificar la Ley de Extranjería a través del texto de la Ley de Seguridad Ciudadana para dar cobertura legal a las 'devoluciones en caliente' de aquellos inmigrantes que pasen a territorio español. Una decisión que solo ha sido defendida por el portavoz del PP, Conrado Escobar.

Los argumentos que han utilizado los portavoces de la mayoría de los grupos de la oposición para rechazar casi en su integridad la ley han sido muy similares. Pero fundamentalmente se han centrado en que es una reforma “innecesaria” que “cercena las libertades ciudadanas” y que significa el regreso al antiguo Tribunal de Orden Público, el TOP franquista. Por estos motivos, todos los grupos de la Cámara se han comprometido en sus intervenciones a derogar la ley en la próxima legislatura si logran una mayoría de votos para ello.  

El portavoz del PSOE, Antonio Trevín, ha alertado de que con la ley lo que pretende el Gobierno es recortar los derechos “normales” de manifestación “convirtiendo al ciudadano crítico en enemigo de la sociedad”. Trevín ha recomendado a Rajoy que, si lo que quiere es “acabar con las protestas”, lo que tiene que hacer es “rectificar sus medidas de recortes sociales”.

El socialista ha prometido al ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz –que ha seguido el debate solo desde el banco azul–, que si retiran la ley “no haremos sangre con su decisión” y colaborarán en una nueva reforma.

Ricardo Sixto, de la Izquierda Plural, se ha centrado en denunciar que con esta ley el Gobierno lo único que pretende es “resucitar” el Tribunal de Orden Público franquista, que data de 1959, el llamado TOP, y con él, el regreso de los “grises”, la policía de entonces. Sixto ha salido en defensa de sus compañeros de escaño por la protesta que han hecho, amordazados, porque con ello trataban de “manifestar gráficamente lo que ustedes van a imponer al pueblo”, les ha dicho Sixto a los diputados del PP.

Feliu-Joan Guillaumes, portavoz de CiU, ha acusado el Gobierno de comportarse de forma “totalitaria”, con lo cual cualquier argumento que quiera esgrimir con la ley “pierde la razón”. Los nacionalistas catalanes son los únicos que no han querido comprometerse a su futura derogación, pero sí a cambiarla “de arriba abajo profundamente”.

En nombre de UPyD, Toni Cantó, ha sentenciado que el Gobierno “vuelve a errar el tiro”. Cantó ha reprochado tanto al PP como al PSOE la imagen que están dando de “corrupción generalizada”, que, a su juicio, es lo que está motivando la indignación de la gente. “Son ustedes los que están bajo sospecha, no los ciudadanos, que están demostrando una paciencia y una madurez extraordinarias”, ha dicho. Según el diputado magenta, no se puede “ilegalizar lo que a todas luces es legal”, como son los derechos de reunión pacífica y de asilo, con sanciones “desproporcionadas” además de “ineficaces”.

El portavoz del PNV, Emilio Olabarría, ha asegurado que las declaraciones del ministro del Interior, invitando a los que critican las devoluciones de inmigrantes en la frontera a acogerlos en su casa, demuestran “cierta derrota política” y en todo caso ignoran el ordenamiento jurídico español e internacional.

Joan Tardà, de ERC, ha calificado la ley de “ataque endemoniado” a las libertades de expresión, reunión y manifestación, por considerar que quedan “supeditadas” a la arbitrariedad del Ejecutivo.

A la serie de incidentes hay que sumar la escena que nada más comenzar el debate ha protagonizado el diputado del Grupo Mixto, Joan Baldoví, de Compromís-Equo, que ha recibido también la regañina de Posada por colocarse el DNI en la boca cuando estaba aún en la tribuna de oradores.

El portavoz del PP, Conrado Escobar, ha defendido con énfasis la ley y ha afeado a los grupos de la izquierda “los numeritos que han montado” en señal de protesta, como taparse la boca con mordazas.

Dirigiéndose a los diputados del PSOE e IU, Escobar les ha recomendado “no gritar y debatir” porque “eso es lo que se debe hacer en democracia”. El conservador ha rechazado las críticas generalizadas a la ley, que ha calificado de “vanguardista en materia de derechos y libertades” asegurando que, cuando entre en vigor, “las manifestaciones serán más libres porque estarán protegidas de los violentos”.

El portavoz del PP también ha afirmado que, lejos de cercenar derechos, mejora la ley vigente aprobada por el PSOE siendo ministro del Interior José Luis Corcuera y que fue denominada “ley de la patada en la puerta”. Aquel artículo fue declarado inconstitucional y le costó el cargo al entonces ministro socialista.