El ministro de Justicia, Rafael Catalá, se ha mostrado dispuesto a dar marcha atrás en la pretensión del Gobierno de permitir a Interior realizar escuchas sin autorización previa de un juez en casos de “especial gravedad”. En una entrevista en la Cadena SER, el titular de Justicia ha afirmado que si ese punto supone un “elemento de tensión” en la negociación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el Gobierno está “dispuesto a negociar”.
El cambio en la posición del ministro de Justicia se produce después de que el Consejo General del Poder Judicial se pronunciara en contra de las escuchas telefónicas sin autorización judicial previa en un pleno extraordinario celebrado este lunes. El órgano de gobierno de los jueces considera que esta práctica tiene un difícil encaje en la Constitución.
En el anteproyecto de ley aprobado por el Consejo de Ministros a comienzos de diciembre y elaborado por el Ministerio de Justicia se prevé que la intervención de las comunicaciones pueda ser acordada por orden del ministro del Interior o del secretario de Estado de Seguridad, para luego ser comunicada en un plazo máximo de 24 horas al juez, que deberá validar o anular la medida en 72 horas.
El órgano de gobierno de los jueces ha mostrado este lunes “serias dudas sobre el encaje constitucional” de esta previsión. Todos los vocales han apoyado esta crítica contenida en el informe, que no es vinculante para el Ejecutivo, elaborado por Juan Manuel Fernández, Fernando Grande-Marlaska y Rafael Mozo.
Según el Poder Judicial, el artículo 55.2 de la Constitución solo se refiere a la suspensión del derecho al secreto de las comunicaciones en los casos de bandas armadas o de terrorismo, por lo que “no se identifica en principio el fundamento constitucional de la intervención de la comunicación”.