A las 9 de la mañana del 1-O el Gobierno de Mariano Rajoy tenía ganada la batalla de la opinión pública entre la comunidad internacional. A las órdenes de diferentes jueces, el ingente dispositivo policial había incautado durante las semanas previas millones de papeletas, desmantelado el sistema de voto telemático y tumbado -bajo amenaza de multas millonarias- a la junta electoral responsable de velar por el proceso. Ningún país relevante en Europa ni en el mundo había accedido a legitimar una consulta unilateral que había ignorado no solo leyes españolas sino varias emanadas del Parlament.
Ese era el escenario cuando faltaba hora y media para la votación en Cataluña. Las penurias de los organizadores llegaron al punto de tener que cambiar las normas minutos antes de la apertura de los colegios: el censo pasaba a ser universal para que todo el mundo pudiese votar donde quisiese.
Bastaron media jornada y una sucesión de cargas policiales -sobre todo de la Policía Nacional pero también de la Guardia Civil- y los vídeos de los porrazos y las caras ensangrentadas de ciudadanos que se movilizaron a favor de la votación para que la imagen del conflicto empezase a cambiar en el mundo entero.
Los tres cuerpos policiales tenían la misma orden del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña: cerrar los colegios e incautarse del material a utilizar en la consulta. Lo diferente fue la reacción de cada policía. Los Mossos según sus cuentas clausuraron 244 sedes y la Guardia Civil y la Policía Nacional 92 en total. A diferencia de la policía catalana que evitó realizar cargas contra las personas que habían ocupado los colegios, las unidades de antidisturbios dependientes del Ministerio del Interior sí decidieron usar la fuerza. Hubo porrazos, disparos de pelotas de goma -prohibidas en Cataluña después de que un agente de los Mossos dejase sin un ojo a un manifestante años atrás- gente arrastrada por el suelo y abundante sangre en las fotos que volaron primero hacia las redes sociales y después a las portadas europeas. El Govern difundió al final de la jornada un balance de 800 personas heridas sin ofrecer muchos detalles.
El Gobierno y el propio presidente, Mariano Rajoy, habían repetido en las horas previas no solo que el referéndum era ilegal sino que en Cataluña no se iba a celebrar ninguna votación el primer domingo de octubre. En la comparecencia al mediodía la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría redundó en ese argumento. Pero por la tarde esas imágenes de violencia contra ciudadanos anónimos independentistas ya no se repitieron.
Según publicó El País que cita fuentes del dispositivo varias patrullas recibieron la orden de retirarse antes del recuento sin ser reemplazadas. Interior ha evitado explicar a eldiario.es si esa instrucción es cierta, de quién habría partido y los motivos que la originaron. Si, en caso de existir, tuvo relación con el escándalo que esas cargas policiales empezaban a causar en los medios internacionales.
Al día siguiente con los primeros planos de la sangre en Catalunya presentes en las principales cabeceras internacionales, y declaraciones de varios gobernantes europeos llamando al diálogo y lamentando la violencia, el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, colgó en su perfil de Twitter una foto en un jet privado camino de Sevilla para celebrar la fiesta de la policía.
Ajeno a las críticas de la prensa internacional, a la investigación abierta por la sección de Derechos Humanos de la ONU, a las advertencias del presidente de la Comisión Europea, Jean Claude Juncker que subrayó que la violencia no puede ser el camino, Zoido felicitó a la Policía por su trabajo: “Hicistéis lo que debíais, honrar el uniforme”. El ministro evitó cualquier asomo de autocrítica, y responsabilizó al Govern por haber obviado todas las resoluciones judiciales. Desde el Partido Popular, su viceportavoz Fernando Martínez Maíllo que la cifra de 800 heridos es “una farsa” de la Generalitat y que todo forma parte de una “gran operación de marketing manipuladora” de los independentistas.
La intervención de las fuerzas de seguridad ha avivado el conflicto institucional, que se aboca a la ruptura, y ha alimentado el relato independentista según el cual el domingo en distintos lugares de Cataluña ciudadanos pacíficos que solo pretendían votar fueron agredidos por la Policía y la Guardia Civil.
No es el primer gran incendio que Interior monta con Cataluña. El antecesor de Zoido, Jorge Fernández Díaz, apareció en una grabación con el responsable de la Agencia Antifraude de Cataluña maniobrando en favor de una campaña contra políticos independentistas. La llamada guerra sucia policial que ha fabricado informes apócrifos sobre los rivales políticos del PP motivó la reprobación del Congreso a Fernández Díaz el pasado octubre.
Las palabras del exministro pidiendo acudir a la Fiscalía para “afinar” supuestas insinuaciones sobre políticos independentistas y que estos acabasen presentados como informaciones en periódicos amigos son argumentos recurrentes del independentismo para acusar al Gobierno de Rajoy de ir contra todo lo que suene a Cataluña. Tampoco entonces aquellas gravísimas revelaciones, adelantadas por Público, llevaron al presidente a prescindir de su amigo Fernández Díaz, que acabó la legislatura al frente de Interior, aunque no repitió en el siguiente Gobierno.