Pablo Casado está desde este lunes a expensas de que el Tribunal Supremo decida si le imputa por el caso Máster. La jueza ha reunido indicios, desde el pasado 14 de mayo, de que al presidente del PP le regalaron el título por su posición política, en una investigación que ha llevado hasta el límite, hasta que ya no podía continuar por la condición de aforado de Casado. “Se ha agotado la investigación en todo lo que ha sido posible”, concluye.
En la exposición razonada que ha elevado al alto tribunal para que investiguen al líder de los conservadores, la jueza Carmen Rodríguez-Medel hace un extenso repaso de su instrucción al frente del juzgado número 51 de Madrid. En las 54 páginas que componen el documento recoge cada indicio, desgrana los argumentos de los imputados y, en el caso de Casado, analiza sus declaraciones en medios sobre su máster.
“Se han acordado numerosas diligencias de investigación de carácter documental, testificales, se han oficiado a la policía judicial actuante para obtener más información y se ha oído a los investigados que no tienen condición de aforados”, resume la jueza. Ha hecho todo lo que podía hacer desde que el pasado 14 de mayo decidió abrir una pieza separada contra el líder del PP, por entonces un diputado raso al que algunos auguraban un futuro prometedor, pero no inmediato.
Ese día compareció en el juzgado como testigo el director de eldiario.es, Ignacio Escolar. “Relataba el testigo con pormenorizado detalle las gestiones realizadas por su periódico para el esclarecimiento de estos hechos y concluía con la posible existencia de un patrón de actividad delictiva”, señala la jueza, que añade que Escolar refirió “detalles ilustrativos” sobre el máster de Casado. Tras su comparecencia, la jueza abrió la llamada “pieza C”, la que ahora envía al Tribunal Supremo.
Rodríguez-Medel destaca en su escrito todas las diligencias que ha llevado a cabo. Por ejemplo, relata al Supremo toda la documentación que ha recabado y señala que ha tomado declaración a todos los compañeros de Casado. Los que no han pasado por el juzgado es porque están fallecidos, no residen en España o les ha sido imposible por razones médicas. También ha interrogado a cargos de la Universidad y a los profesores del presidente del PP. No ha quedado nadie relacionado con el caso sin sentarse delante de la jueza.
La “Fase 1”: convalidaciones idénticas e irregulares
Repasada su investigación, la jueza se centra primero en las convalidaciones. Señala que se producen en un momento de “especial confusión normativa”, pero que tras su detenido análisis no ha detectado irregularidad en que los alumnos investigados convalidasen 40 de los 60 créditos del máster. Sí le llama la atención -lo califica de “sorprendente”- que cualquiera pudiese obtener ese reconocimiento sin importar la carrera que hubiese cursado, fuese Derecho o Medicina.
No hay irregularidad en el número de créditos convalidados, pero sí en el procedimiento, en el que la jueza ve algunas cosas que no le encajan. Por ejemplo, expone que Enrique Álvarez Conde, responsable del máster y a quien coloca en la cúspide de la trama para regalar títulos, tenía “el dominio de la propuesta sobre el reconocimiento de créditos”.
En este punto analiza los casos de los cuatro alumnos investigados -una quinta no lo está porque renunció al máster-, y refleja que los tres que han declarado relatan que fue el propio Álvarez Conde quien les animó a convalidar los créditos. Fue él quien les dijo cómo hacerlo, y en el caso de la alumna María Mateo Feito, le reconocieron los créditos antes de que formalizase la petición.
Tres peticiones de convalidación se presentan el mismo día, “a pesar de la amplitud del plazo para solicitar el reconocimiento”, que era de más de un mes. Ninguna solicitud cumple con los requisitos de la Universidad Rey Juan Carlos: “Son estereotipadas, genéricas, pero de hecho dan lugar al reconocimiento de las mismas asignaturas”.
“Solo los alumnos del grupo escogido solicitan el reconocimiento de créditos”, destaca la jueza, pese a que el resto también podía hacerlo en base a sus titulaciones. A ellos nadie les informó de que tenían esa posibilidad “que tan ventajosa les resultaba para obtener el máster”.
El “grupo escogido” vs. “el grupo ordinario”
Finalizada lo que llama la “Fase 1”, era el momento de aprobar a los alumnos elegidos los 20 créditos restantes. “Aquí vienen los hechos relevantes penalmente, pues indiciariamente estos 20 créditos se regalan sin actividad alguna del alumno”, dice la jueza, que distingue entre “el grupo escogido” y el “grupo ordinario”, los que desarrollaron “una intensa actividad académica”.
El escrito se centra en este punto en reunir todos los indicios de que el máster era presencial: folletos informativos, mails de Álvarez Conde, horarios, un informe enviado al Ayuntamiento sobre varios alumnos de esta institución que cursaron el posgrado, las guías docentes o los testimonio de los alumnos.
Entre las decenas de folios que acreditan que era obligatorio ir a clase destaca el escrito de una alumna cuyas iniciales son Y. M .M.. Pidió su baja en el máster en 2008 porque no podía asistir a clase por problemas familiares. Ella no formaba parte del “grupo escogido” y no gozó de la ventaja de no asistir a las clases. La jueza señala además que para tener ese benefició había que solicitar una dispensa académica que los investigados no pidieron.
“No conservan ninguno de los trabajos”
La exposición razonada refiere que, además de no ir a clase, los investigados no hicieron nada para aprobar. “Los alumnos del grupo escogido no conservan ninguno de los trabajos para ser calificados”, ni tampoco “documentación que evidencie que esos trabajos se remitieron a los profesores”.
“Esta instructora ha intentado por todos los medios tener constancia fehaciente de que los trabajos que permitieron la calificación efectivamente existieron”, dice la jueza, que añade que lo ha intentado incluso “por vías que podía anticiparse que estaban abocadas al fracaso”, como fue pedírselos a la propia Universidad.
Insiste en que los investigados “no conservaban nada” frente a la “abrumadora” documentación que entregaron los alumnos que sí tuvieron que esforzarse por aprobar: “Trabajos, a veces en sus sucesivas versiones de elaboración, lo que es más importante: correos electrónicos remitiendo los trabajos a los profesores, correos de los profesores a los alumnos acusando recibo de la recepción de los trabajos, etc”. “La comparación es ciertamente significativa”, añade.
Las calificaciones de esos trabajos también sorprenden a Rodríguez-Medel. El “grupo escogido” obtuvo sobresaliente en todo, frente a las notas del resto, dispares y en muchas ocasiones más bajas.
Una productividad “poco verosímil”
Además, la calificación de tres asignaturas se hace “de manera inminente al reconocimiento de créditos”. “Mediaron quince días desde que se tuvo conocimiento de que asignaturas quedaban pendientes de cursarse y que efectivamente tres de ellas fueran calificadas”, escribe la jueza. “Es poco verosímil que en ese plazo los alumnos del grupo escogido que no iban a clase fueran tan productivos como para lograr -todos ellos- la calificación de sobresaliente en tres de las cuatro asignatura”, añade.
Además, para aprobar el curso era necesario hacer y presentar ante un tribunal un trabajo de fin de máster. Ninguno de los investigados lo hizo, sí el resto, que “han aportado correos electrónicos con dicha convocatoria y correos cruzados entre ellos resumiendo las explicaciones que había dado el director sobre cómo se desarrollaría la defensa”.
Una vez concluido, los alumnos investigados recogieron el título para “hacer uso de él”. En el caso de Casado, la jueza destaca que así consta en el currículo que colgó en su perfil del Congreso de los Diputados y así lo ha reconocido él públicamente.
Analiza sus entrevistas y ruedas de prensa
Hacia la parte final de su escrito, la jueza se centra en reunir los indicios contra Casado. Repasa además sus intervenciones en ruedas de prensa y entrevistas en medios, donde el presidente del PP insiste en que ha dado todas las explicaciones. Rodríguez-Medel analiza esas explicaciones, a falta de su declaración como investigado.
Concluye, por ejemplo, que Casado reconoció en una rueda de prensa que no había hecho exámenes ni prácticas, como exigía el máster. O que admitió que no fue a clase a pesar de que aseguró que tenía un folleto informativo que “según manifestó le servía para ver cómo se regía” el máster. En ese documento que el presidente de PP dijo haber consultado “consta con claridad, en el apartado denominado ficha técnica, que la modalidad era presencial”.
También se detiene la jueza en la entrevista que dio a la Cadena Ser el 9 de abril, en la que dijo haber entregado los trabajos en mano a Álvarez Conde. “Parece sorprendente que, no acudiendo nunca a clase, así lo hiciera, de modo que –por pura lógica– no haya hoy día prueba documental que evidencie su remisión en aquel año académico, a diferencia de lo que ocurre con muchos alumnos que sí acudían a clase y sin embargo entregaban por mail los trabajos”, señala Rodríguez-Medel.
“Antigüedad” y “manipulación” de los trabajos
Así, llega a los trabajos que Casado enseñó en rueda de prensa: “Lo decisivo no es sólo que se aporten los mismos, sino, a falta de una evidencia documental de su entrega en aquel año, resulta esencial corroborar que se elaboraron efectivamente en ese año académico 2008-2009”.
Para la jueza es fácil de comprobar, dado que Casado dijo en su rueda de prensa que conservaba el ordenador y los documentos. “Una sencilla diligencia de investigación por la policía judicial puede determinar la efectiva antigüedad de la creación del documento o su manipulación o elaboración posterior”.
La jueza rebate otras afirmaciones de Casado en ruedas de prensa y entrevistas para llegar a la conclusión que motiva su escrito: que el líder del PP sea llamado a declarar como investigado y que se determine la veracidad de los documentos que, dice, se corresponden con los trabajos que aportó para aprobar.
En total, 54 páginas que desgranan la investigación de casi tres meses llevada hasta el extremo, hasta donde no puede avanzar más: “En el caso de autos se ha agotado la investigación en todo lo que ha sido posible sin dirigir el procedimiento contra la persona aforada ni afectar sus derechos”.