Ciudadanos aplaza su Asamblea General y sus actos “multitudinarios” por la crisis del coronavirus

La jornada política ha quedado marcada inevitablemente por el aumento significativo de casos de coronavirus en dos zonas, Madrid y País Vasco. Por otro lado, a última hora de la tarde ha dimitido el conseller de Exteriores de la Generalitat tras conocerse los casos de acoso sexual de su jefe de gabinete. Te resumimos la jornada:

- Sanidad suspende las clases y recomienda el teletrabajo en la Comunidad de Madrid, Vitoria y Labastida. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha explicado que se ha pasado a un escenario de “contención reforzada” tras detectar un aumento significativo de casos en ambas zonas.

- El Ibex 35 firma su cuarta mayor caída de la historia tras desplomarse un 7,96% por el coronavirus.

- Dimite el conseller de Exteriores de la Generalitat tras conocerse los casos de acoso sexual de su exjefe de gabinete. Alfred Bosch abandona el Govern el día que ha trascendido que trató de recolocar a su número dos cuando éste fue acusado de acoso sexual.

- El Gobierno ampliará a los alquileres la moratoria antidesahucios para personas vulnerables. El Consejo de Ministros renovará además este martes la moratoria en los casos relativos de impago de hipoteca esta medida que impide desahuciar a determinados colectivos.

- El relato de Corinna Larsen: “El rey emérito me dijo que el general Roldán coordinaba la operación. Utilizaron mercenarios”. La empresaria denunciará en Londres a Juan Carlos I por amenazas y un intento de robo de documentos y en dos semanas declarará sobre ello en otra causa en Madrid.

- Los Borbones: tres generaciones seguidas con cuentas en Suiza. La investigación de una supuesta donación de 100 millones de dólares del rey de Arabia Saudí a Juan Carlos I evidencia la proliferación de dinero real fuera del control del fisco español.

¡Hasta mañana!

El líder del PP, Pablo Casado, ha mantenido este lunes por la tarde una conversación telefónica con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ha sido quien le ha llamado, sobre la crisis del coronavirus que ha sido “cordial”, según fuentes populares. En ella, “Casado ha trasladado a Sánchez el apoyo del Partido Popular a todas las medidas que tenga que tomar el Gobierno para frenar la expansión del virus”. Escribe Iñigo Aduriz.

Pero además, Casado ha explicado a Sánchez “el plan de choque del PP para paliar los efectos económicos del coronavirus” presentado al mediodía, que exige rebajas fiscales para las empresas o mantener la reforma laboral de 2012, aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy, entre otras medidas.

La líder de Ciudadanos en Catalunya, Lorena Roldán, ha sostenido que la dimisión del conseller de Acción Exterior de la Generalitat, Alfred Bosch, “no reparará el daño de las víctimas” de presuntos casos de acoso sexual de su exjefe de gabinete Carles Garcias. Informa Europa Press.

Así, Roldán ha exigido que “se llegue hasta el final en este asunto”, ha dicho en un tuit recogido por Europa Press después de que Bosch haya anunciado su dimisión por la gestión del cese de Garcias, del que ha informado este lunes el 'Ara'.

“Se confirma la gravedad de los hechos y la irresponsabilidad de Bosch al no activar los mecanismos de protección a las víctimas ante el acoso sexual”, ha asegurado la líder de Cs en Catalunya.

El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, ha concretado que la reforma anunciada este lunes de la ley arrendamientos urbanos servirá para “frenar algunos desahucios por impago del alquiler, en zonas de mercado tensionadas, especialmente cuando haya fondos buitre implicados”. Informa Europa Press.

Así lo ha asegurado en un vídeo que ha difundido en sus redes sociales, para explicar las medidas que él mismo ha trabajado con la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, así como con la vicepresidenta tercera y ministra de Economía, Nadia Calviño, y el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, tras reunirse a finales de febrero con la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH).

Fuentes de Moncloa han informado a primera hora de este lunes de que Calvo e Iglesias han “trabajado mano a mano” desde la semana pasada para ampliar el acuerdo de Gobierno de coalición con nuevas medidas para frenar los desahucios por impago de alquiler. También han informado de que se ampliará el plazo de la moratoria de desahucios hipotecarios y los requisitos para que más gente en situación de vulnerabilidad pueda acogerse a ella.

El hasta ahora conseller de Exteriores, Alfred Bosch, ha dimitido este lunes de sus responsabilidades en el Govern, el mismo día en que se han conocido los presuntos casos de acoso sexual de su exjefe de gabinete, Carles Garcias, al que destituyó el pasado mes de enero. Según las revelaciones publicadas por el diario Ara, el conseller se habría resistido al cese de su número dos e incluso habría intentado recolocarle en otro cargo, pero finalmente ERC habría forzado su salida del Govern. Escribe Arturo Puente.

Òmnium Cultural ha continuado las acciones en favor de la amnistía para su presidente, Jordi Cuixart, y en contra de la sentencia del procés. Tras presentar el viernes ante el Tribunal Constitucional su recurso de amparo, la entidad ha reunido este lunes en el patio de columnas del Colegio de la Abogacía de Barcelona a un centenar de juristas en apoyo a la petición para derogar el delito por el que fueron condenados los líderes del procés por el Tribunal Supremo. Escribe Oriol Solé.

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El Ibex 35 ha cerrado su cuarta mayor caída de la historia, tras desplomarse un 7,96% ante el pánico por el impacto económico del coronavirus y la guerra del petróleo, lo que ha llevado al selectivo a situarse en los 7.708,7 enteros.

Según el último balance hecho público, las personas fallecidas en España por coronavirus ascienden a 28, tras confirmarse esta tarde dos muertes más en Catalunya, un hombre de 97 años y una mujer de 88, mientras los casos se han elevado a algo más de 1.000.

El Gobierno ha asegurado que el Ayuntamiento de Cáceres deberá retirar la Cruz de los Caídos de la plaza de América de la ciudad para cumplir con la Ley de Memoria Histórica, ya que “contribuye a perpetuar el recuerdo del odio y el enfrentamiento entre españoles en contra del modelo constitucional de convivencia”. De no hacerlo, se requerirá a la Junta de Extremadura que “adopte las medidas oportunas”. Informa Europa Press.

Así se expresa el Ejecutivo en una respuesta parlamentaria al senador de Compromís Carles Mulet, quien preguntó por la permanencia de esa cruz monumental en la citada plaza de Cáceres.

El Gobierno apunta al senador que para que se retire ese monumento “dedicado a la memoria de Francisco Franco” debe dirigirse al Ayuntamiento, que hasta el momento, admite el Ejecutivo, no ha emprendido “acciones para evitar su permanencia”.

“Si el Ayuntamiento de Cáceres no retirase el monumento señalado, el Gobierno requerirá a la Junta de Extremadura para que, en el ejercicio de sus competencias, haga cumplir lo previsto por la Ley y adopte las medidas oportunas que se deriven de la no actuación municipal”, agrega el Ejecutivo en su respuesta a Mulet.

El Gobierno señala que se actuará de esta manera con el resto de municipios que “se aparten del cumplimiento” de la citada ley y alude en concreto al artículo 15, sobre “Símbolos y monumentos públicos”. Este artículo establece la retirada escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de “exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura”.

Lo previsto en el apartado anterior, añade el mismo artículo, no será sin embargo de aplicación “cuando las menciones sean de estricto recuerdo privado, sin exaltación de los enfrentados, o cuando concurran razones artísticas, arquitectónicas o artístico-religiosas protegidas por la ley”.

Un informe de la Cámara de Cuentas de Madrid en el que se desgrana una Auditoría de Cumplimiento y Operativa sobre la empresa municipal de cultura Madrid Destino señala la existencia de 3,3 millones de euros en subvenciones sin justificar durante los años 2016, 2017 y 2018. Informa Europa Press.

Según se detalla en el escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, se indica que las aportaciones específicas para 26 proyectos de 2016 ascendieron a 11.710.872,61 euros, de los que, en 14 casos, “habiendo aportado el Ayuntamiento de Madrid 4.780.400 euros, no se justificaron gastos por 3.341.043 euros, y en doce proyectos con una aportación de 6.930.473 euros, se realizaron gastos por 9.976.796 euros”. “Es decir, se gastaron 3.046.323 euros de más”, se apunta a continuación. En este sentido, se apunta que “a la vista de las deficiencias detectadas en materia de subvenciones, Madrid Destino aprobó un Manual de Procedimiento que subsanaba las mismas”.

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha puesto fin a la instrucción del 'caso Gürtel' cerrando la última pieza que se estaba investigando, concretamente la relativa a los presuntos delitos fiscales cometidos por los responsables del conocido como Grupo Correa para eludir pagos a Hacienda y ocultar los recursos económicos que obtuvieron ellos y sus empresas de forma ilegal. Estima que el líder de la trama, Francisco Correa, habría cobrado más de 30 millones en comisiones irregulares.

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El exdelegado del Gobierno en Cataluña Enric Millo revela en su libro 'El derecho a saber la verdad' (Península) que el presidente de ERC, Oriol Junqueras, le sugirió una maniobra para que diputados de la órbita del PDeCAT dinamitasen las llamadas leyes de desconexión, impulsadas para permitir el 1-O. Informa EFE.

En el libro, que aporta su testimonio sobre las tensiones entre la Generalitat y el Gobierno a raíz del referéndum unilateral del 1 de octubre de 2017, Millo menciona una reunión que mantuvo antes de la aprobación de las leyes de desconexión, en el pleno del 6 y el 7 de septiembre en el Parlament.

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El PP defenderá este martes en el Pleno del Congreso una iniciativa pidiendo romper la negociación de la mesa de diálogo sobre la crisis política en Catalunya que el Gobierno de Pedro Sánchez abrió el 26 de febrero con el que preside el independentista Quim Torra. Informa Europa Press.

Ésta es una de las exigencias que los 'populares' han incluido en la moción que someterán a debate y votación del Pleno del Congreso y que es consecuencia de la interpelación que la portavoz del grupo, Cayetana Álvarez de Toledo, dirigió en la última sesión de control a la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, y que contestó finalmente la ministra de Política Territorial, Carolina Darias.

En su iniciativa, recogida por Europa Press, el PP comienza denunciando que la mesa de diálogo sobre Cataluña no sólo “no encuentra anclaje alguno en el modelo constitucional vigente” sino que supone, además, “un fraude político, un embuste legal y un desfalco de soberanía nacional que no se puede tolerar”.

El PP acusa al Gobierno de “rendirse” con la puesta en marcha de una mesa celebrada, a su juicio, con las formas propias de “un encuentro internacional” y ante unos “delincuentes convictos” que pretenden “imponer” su criterio “excluyente” y que ya han avisado de que “reincidirán en el delito cuando más les convenga”.

La defensa del agente de la Policía Nacional investigado por lanzar la bala de goma que dejó sin visión de un ojo a Roger Español el 1-O no ha comparecido en la declaración de los dos peritos de los Mossos d'Esquadra que lo han identificado como el autor del disparo. Para sorpresa del resto de partes, el abogado privado del policía no ha acudido este lunes a la declaración de los dos mossos, que se han ratificado en su informe. Informa Oriol Solé.

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El presidente del PP, Pablo Casado, ha expresado este lunes la disposición de su partido a aportar sus cuentas anuales como le ha solicitado el juez que investiga el denominado 'Delcygate' para que el Partido Popular pueda personarse en este caso, dado que no ha presentado formalmente querella ni ha prestado fianza. Informa Europa Press.

“No tenemos ningún inconveniente en aportarlas (las cuentas)”, ha declarado Casado en una rueda de prensa convocada en la sede nacional del PP en Madrid para informar de su plan de choque con medidas económicas para frenar el impacto del coronavirus en España.

En concreto, el titular del Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid, Antonio Serrano-Arnal, que investiga el denominado 'Delcygate', sigue sin aceptar la personación del PP en el caso por no haber presentado formalmente querella ni haber prestado fianza, según expone en un auto dado a conocer este lunes. Les pide solventar este obstáculo formal y y aportar sus últimas cuentas anuales a fin de proceder a la fijación de fianza.

La portavoz parlamentaria de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha pedido a Pedro Sánchez que acuda al Congreso a explicar la crisis del coronavirus ante el aumento de casos que se están experimentando en España. Escribe Carmen Moraga.

Arrimadas ha dicho que “tiende la mano” a Pedro Sánchez ante la situación que está provocando la epidemia pero le pide que acuda al Congreso a explicar su evolución. Además, cree que el presidente del Gobierno debe reunir a todos los grupos parlamentarios para afrontar conjuntamente la crisis. “Yo le ofrezco un acuerdo entre todos los partidos políticos para el Gobierno vea un respaldo si tiene que adoptar medidas”, sobre todo ante el impacto económico que pueda acarrear el empeoramiento de la situación.

La líder de Ciudadanos ha desvelado que la gestora de su partido ha decidido este lunes crear un comité para “valorar la crisis” y ver qué “medida internas toman para los trabajadores”, dado que “el aumento de casos empieza a ser un motivo de cierta preocupación para mucha gente”.

Hacemos una pausa para recopilar los temas destacados de este lunes. Para hacer un resumen de lo más importante, seleccionamos estas noticias:

– Pedro Sánchez anuncia un plan de choque frente al coronavirus que elaborará con los sindicatos y la patronal. El presidente del Gobierno ha comunicado también un aumento de las reuniones de coordinación a nivel estatal y autonómico para responder a la epidemia.

– Casado critica a Sánchez por la gestión del coronavirus y pide bajadas de impuestos para paliar posibles efectos económicos. El líder del PP presenta un decálogo aprovechando la crisis del virus en el que plasma algunas de las principales medidas económicas del programa de su partido.

– Villacís, sobre los gritos a Ciudadanos el 8M: “No se puede expulsar a alguien de la calle de una ciudad donde, por cierto, soy vicealcaldesa”. La formación, con su recién elegida presidenta Inés Arrimadas, carga las tintas contra Irene Montero tras haber tenido que salir de la manifestación del domingo.

– El Gobierno ampliará a los alquileres la moratoria antidesahucios para personas vulnerables. El Consejo de Ministros renovará además este martes la moratoria en los casos relativos de impago de hipoteca esta medida que impide desahuciar a determinados colectivos.

El juez que investiga el caso Delcy ha dejado fuera de la causa al PP hasta que presente una querella y le remita sus cuentas para que pueda exigirle una fianza. El magistrado del Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid, Antonio Serrano-Arnal, ha rechazado en un auto la pretensión del PP de ser considerado acusación popular en este caso sin necesidad de interponer querella ni presentar una fianza.

El magistrado, que la pasada semana exigió 20.000 euros a Vox y 5.000 al partido Laócratas para poder participar en el proceso, quiere que el PP siga los mismos pasos y le remita sus cuentas para fijar la cuantía de la fianza.

Los populares habían presentado una denuncia en otro juzgado (el 47) en la que pidieron con urgencia que se impidiera a Aena la destrucción de las cintas de la noche del 20 de enero cuando se encontraron en el Aeropuerto de Madrid-Barajas el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, y la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez.

Pero ese juzgado se inhibió en el juzgado número 31 el pasado 21 de febrero y, a pesar de ello, aceptó tres días después la solicitud del PP de ejercer la acusación popular.

Ahora, el juez del caso establece que esa admisión no es suficiente e insiste en que para ejercer la acusación el PP debe presentar una querella y prestar una fianza, para lo cual pide que le entre sus cuentas anuales.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este lunes un Plan de Choque frente al coronavirus, para el que contará con los agentes sociales en su elaboración, es decir, los sindicatos y la patronal. Sánchez ha mandado un mensaje de “serenidad” ante la epidemia, que ya cuenta con 999 infectados, por la colaboración entre las diferentes administraciones y la calidad del sistema de salud público, “uno de los mejores del mundo”.

Las declaraciones del presidente del Gobierno han tenido lugar en la clausura de la Asamblea de Elecciones de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), en la que ha sido elegido presidente de nuevo Lorenzo Amor durante los próximos cinco años. Amor, que lleva 15 años al frente de la organización de autónomos, ha revalidado su puesto por unanimidad, después de que no se presentara ninguna candidatura alternativa.

Lo cuenta Laura Olías.

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El Pleno del Tribunal Constitucional ha desestimado los recursos de amparo de los exconsejeros Jordi Turull y Josep Rull contra el auto del Tribunal Supremo que en marzo de 2018 decretó su prisión provisional tras procesarles en la causa del procés independentista en Cataluña. La resolución, similar a la adoptada respecto a los recursos de otros condenados, cuenta con el voto particular discrepante de tres magistrados del sector progresista de este órgano.

La sentencia, cuya ponente ha sido la vicepresidenta del TC, Encarnación Roca, explica que no ha existido una lesión del derecho a la libertad personal de los recurrentes derivada de la insuficiencia de las razones dadas por el Tribunal Supremo para acordar la medida prisión preventiva, sino que estaba justificada por la existencia de indicios racionales basados en unos hechos presuntamente constitutivos de delitos graves.

Además, la adopción de dicha medida cautelar responde a “finalidades constitucionalmente legítimas como son las de precaver el riesgo de fuga y el de reiteración delictiva”. En este contexto, los recurrentes en amparo consideraban que estas resoluciones judiciales habían lesionado su derecho al cargo público representativo (artículo 23 de la Constitución).