El libro “Misivas del terror”, un análisis ético-político de la extorsión y la violencia de ETA contra el mundo empresarial presentado este jueves, busca “el reconocimiento público explícito del daño causado” a las víctimas de la extorsión de ETA, y reivindica colocar a los extorsionados por la banda terrorista “en el mismo plano” que el resto de víctimas. Asimismo, concluye que el sector que apoyó la violencia y las prácticas generalizadas de extorsión “tiene una responsabilidad especial a la que debe hacer frente”.
La Universidad de Deusto ha acogido este jueves la presentación de esta investigación del Centro de Ética Aplicada de Deusto, que recoge 66 testimonios en entrevistas y 140 cuestionarios online, la mayoría de ellos empresarios que no pagaron a ETA.
La presentación del libro ha corrido a cargo de la investigadora y editora del trabajo, Izaskun Saéz de la Fuente, y del director del Centro de Ética Aplicada-CEA, Javier Arellano, quien ha explicado que el proceso de publicación de esta investigación ha sido “de descubrimiento de la extensión del dolor que ha generado ETA en general y la que ha generado la extorsión en particular”. “Hicimos esta investigación porque sabíamos que era un tipo de violencia que había afectado a mucha gente, que no había tenido realce social y que no había sido tampoco suficientemente investigada”, ha explicado.
En su opinión, “entender mejor la extorsión era una manera de dar visibilidad a un tipo de víctimas que, a pesar de su importancia social, habían sido invisibilizadas por la naturaleza misma de la extorsión, y tratábamos así de comenzar el proceso de reparación social y de justicia hacia esas víctimas”.
Sin embargo, ha dicho que “el contacto con las víctimas y su testimonio, nos ha hecho entender la extensión y profundidad del sufrimiento”. “Con cada entrevista que los investigadores iban realizando aumentaba nuestro compromiso por dar cuenta de ese sufrimiento, por lo que la publicación del libro supone responder, al menos parcialmente, a ese compromiso”, ha explicado.
Por su parte, Izaskun Saéz de la Fuente ha considerado que “un estudio en profundidad de una de las dimensiones de la violencia de ETA que ha quedado más oscura y que, además, servía especialmente para el mantenimiento de la propia actividad terrorista, debe de servir, fundamentalmente, para reconocer a sus más de 10.000 víctimas”. “Ese reconocimiento debe suponer, en primer lugar, hacer memoria y que esa memoria no solo sirva para reconocer a las víctimas sus derechos, sino al mismo tiempo para regenerar la convivencia ciudadana”, ha defendido.
La investigadora ha afirmado que, “como sociedad, nos corresponde contribuir, en la medida de lo posible, a visibilizar lo que ha quedado oculto durante todo este tiempo”, y a que las personas que fueron extorsionadas por ETA “sean víctimas de primera clase” y estén “en el mismo plano” que las demás víctimas. Asimismo, ha dicho que “solo se puede construir bien el futuro sobre la memoria de las víctimas y sobre el deber de memoria que tenemos para con ellas”.
“Este estudio tiene que servir para la rehabilitación de la figura de las víctimas, para el reconocimiento social de su sufrimiento, y para clarificar responsabilidades, porque el sector que apoyo la violencia y las prácticas de extorsión que se generalizaron tiene una responsabilidad especial a la que debe hacer frente, y tiene que haber un reconocimiento público explícito del daño causado en este terreno”, ha dicho.
Según ha considerado, “son las víctimas, a través de la narración de sus procesos de victimización, las que se convierten en un factor clave para esclarecer la verdad moral de lo sucedido y para también valorar y evaluar críticamente el comportamiento del resto de los actores implicados”.
Sáez de la Fuente ha precisado que “es víctima una persona que sufre un acto de una violencia que la daña injustamente” y ha añadido que, por eso, “todas las que han sufrido la extorsión, con independencia de su comportamiento antes y después del chantaje, son víctimas de una violación indebida de su dignidad”. Por este motivo, ha defendido, “deben disponer de sus correspondientes derechos y ser receptores activos de nuestra solidaridad”.
Ante una investigación de esta naturaleza, la investigadora ha explicado que las víctimas se posicionan de una forma “plural”. Unas, ha dicho, “aún tienen miedo de lo que pueda suceder y duda de la idoneidad de abrir viejas heridas, mientras que otras, en cambio, abogan por contribuir a generar las condiciones para que se garanticen sus derechos y, sobre todo, para impulsar ese principio de nunca más se vuelva a repetir la barbarie cometida”.
“Incluso las dos lógicas, la de la necesidad de olvidar y también el imperativo del recuerdo, se superponen en un mismo testimonio, por contradictorio que pueda parecer”, ha precisado.
“CALDO DE CULTIVO”
La investigación trata de aclarar cuál fue el “caldo de cultivo” de la justificación social de la extorsión, que Sáez de la Fuente ha sintetizado en “los prejuicios y la estigmatización que alimentaron una desvalorización social de la figura del empresariado que le hacía prácticamente corresponsable de su propia victimización, y estimulaban una continua apelación a la contextualización de la violencia en una situación de conflicto político al que, según la falaz lógica terrorista, los propios empresarios estarían contribuyendo”.
Asimismo, ha señalado que “la organización terrorista y su amplia red de informadores, delatores y colaboradores fueron los que decidieron qué palabras utilizar y qué sentido debían revestir estas para legitimar la extorsión”.
Además, ha indicado que la estrategia de la “privatización del chantaje a la que contribuyeron, de muy distintas maneras, ETA y las personas extorsionadas, fue determinante para su persistencia”. “La mayoría de los extorsionados no pagaron, pero con los que no pagaron fue suficiente para mantener la actividad terrorista durante casi cinco décadas”, ha dicho Sáez de la Fuente.
La investigadora ha dicho que “el arraigo social de la microextorsión muestra la proyección de los tentáculos del terror en el ámbito de los pequeños negocios, especialmente en municipios dominados por el entorno radical, y la diversidad de perfiles profesionales afectados”.
LOS “CÍRCULOS DE LA RESPONSABILIDAD”
Saéz de la Fuente ha recordado que “buena parte de la sociedad mantuvo una actitud indiferente y públicamente distante hacia las víctimas del terrorismo en general y de la extorsión en particular, aunque, a medida que el hartazgo frente a la violencia crecía, la indiferencia pública se combinase con el rechazo privado”.
La investigadora ha subrayado que “el entorno de la autodenominada izquierda abertzale y de su vanguardia juvenil jaleó a las víctimarios y legitimó, e incluso contribuyó a que la dinámica de la extorsión y de las prácticas mafiosas funcionase en nuestros pueblos y barrios como realizad autoevidente”.
La autora de la investigación ha señalado que, “de forma minoritaria, fue surgiendo una actitud de rechazo hacia la violencia y de solidaridad con las víctimas”. Así, ha destacado que la década de los años 90 supuso “un cierto punto de inflexión porque se visibilizaron algunos colectivos de víctimas y porque Gesto por la Paz y el lazo azul lideraron los diversos tipos de movilizaciones contra los secuestrados, la mayoría de ellos contra personas relacionadas con el mundo empresarial”.
Por último, como consecuencia de la extorsión, Sáez de la Fuente ha explicado que algunas víctimas o sus familiares más próximos “sufrieron trastornos psicológicos temporales o incluso crónicos, y de forma más generalizada, tendencias hacia el retraimiento social”.