Un total de 16 fiscales de sala del Tribunal Supremo, entre ellos dos ex fiscales generales del Estado, firman en estos momentos una carta en la que se dirigen a la fiscal general para que inste al PSOE a retirar una enmienda parlamentaria en el Congreso de los Diputados. Los fiscales firmantes se dirigen a la Fiscalía General y se refieren a la enmienda 603 presentada por el grupo parlamentario socialista en la tramitación de la reforma de la Ley Concursal y que afecta a los supuestos en los que la Fiscalía está obligada a informar al Gobierno sobre investigaciones en curso.
La misiva está siendo firmada por pesos pesados del Ministerio Público: los fiscales del procés Javier Zaragoza, Jaime Moreno y Fidel Cadena, la fiscal de criminalidad informática Elvira Tejada o el exfiscal Anticorrupción Manuel Moix, entre otros. También hay dos antiguas fiscales generales del Estado: Consuelo Madrigal y María José Segarra. La Fiscalía, tal y como explica su estatuto, está integrada en el Poder Judicial pero con autonomía funcional. El número de fiscales que van a firmar la misiva constituye casi la mitad de la junta de fiscales de sala, formada por más de 30 miembros.
El actual Estatuto del Ministerio Fiscal, vigente desde 1981, explica textualmente en su artículo 9.2 que la Fiscalía General debe informar al Gobierno “cuando éste lo interese y no exista obstáculo legal, respecto a cualquiera de los asuntos en que intervenga el Ministerio Fiscal, así como sobre el funcionamiento, en general, de la Administración de Justicia. En casos excepcionales podrá ser llamado a informar ante el Consejo de Ministros”. La enmienda del PSOE añade que la Fiscalía informará a petición del Gobierno “en aquellos asuntos de especial trascendencia en los que intervenga y que por su naturaleza y relevancia deba conocer. Esta información podrá venir referida también al funcionamiento, en general, de la Administración de Justicia”.
Los fiscales de sala que planean enviar el documento, según ha sabido elDiario.es, cargan con dureza contra esta enmienda que se tramita en la cámara baja. “Representa inequívocamente un reforzamiento de la relación de dependencia del Fiscal General del Estado respecto del Gobierno”, dicen en una misiva que también afirma que la enmienda implica “una quiebra importante de la autonomía y de la independencia” de la Fiscalía.
La enmienda, dicen estos fiscales de sala, “consagra un privilegio en virtud del cual el Poder Ejecutivo, más allá de las relaciones de política criminal que debe mantener con la institución para el buen funcionamiento de la Administración de Justicia, dispondría a través de la actuación que desarrolla el Ministerio Fiscal de un acceso extraprocesal que le permitiría conocer de primera mano el contenido de procedimientos judiciales e investigaciones especialmente sensibles, particularmente penales, a los que nadie que no sean las partes del proceso debe tener acceso”.
La misma enmienda del grupo socialista en el Congreso, disponible en la web de la cámara baja, propone otro cambio en su artículo 8.2 para reforzar la transparencia de estas consultas. Establece que “la comunicación del Gobierno con el Ministerio Fiscal se hará por escrito y de modo debidamente registrado en el soporte que reglamentariamente se determine por conducto del Ministro de Justicia a través del Fiscal General del Estado”. Actualmente, el Estatuto especifica que se hará a través del Ministerio de Justicia pero no por escrito ni debidamente registrado.
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