El indulto —regulado por una ley de 1870 y de plena actualidad a propósito de los presos del procés— es una prerrogativa del Gobierno, que puede perdonar toda o parte de la pena a condenados en firme sin tener siquiera que motivar su decisión. Sin embargo, la tramitación sí exige el pronunciamiento del tribunal sentenciador, que a su vez tiene que pedir otro informe a la Fiscalía. Se trata de informes preceptivos que no son vinculantes, pero que sí suelen orientar la decisión final del Ejecutivo. Aunque no siempre ha ocurrido así.
Según los datos del Ministerio de Justicia recopilados por elDiario.es, casi la mitad de los 1.274 indultos que diferentes gobiernos han concedido desde 2011 contaron con un informe desfavorable de jueces o fiscales. Es decir, que o bien los jueces que dictaron la sentencia condenatoria o bien el Ministerio Fiscal se opusieron a que el Ejecutivo otorgara esa medida de gracia. Así ocurrió en 583 de los 1.274 indultos concedidos. Es decir, en el 46% de los casos de perdón gubernamental que se produjeron entre 2011 y 2020. De ellos, 479 se aprobaron con informe desfavorable de la Fiscalía (38%) y 104 con el dictamen contrario del órgano jurisdiccional sentenciador (8%), mientras que el 49% —un total de 628 indultos— contaron con el aval de ambas instancias judiciales.
Sí es más excepcional que el Gobierno otorgue un indulto con la oposición tanto de jueces como de fiscales, que es lo que previsiblemente ocurrirá en el caso de los condenados por el procés. En los nueve ejercicios analizados —entre 2011 y 2020— esta circunstancia se dio únicamente en 67 ocasiones, en un 5% de los indultos concedidos. Aunque no hay decisión definitiva, el presidente del Gobierno se posicionó este martes del lado de la “concordia”, el “diálogo” y la superación de “fracturas” frente a la “revancha” y la “venganza”; lo que se ha interpretado como un paso más en el camino hacia el indulto de los líderes independentistas que el Gobierno ha ido allanando en los últimos meses.
Si finalmente se aprueban los indultos, el Ejecutivo tendrá que asumir el desgaste de hacerlo con un contundente dictamen en contra del Tribunal Supremo, que este miércoles hizo público el informe en el que se opone a que se conceda esta medida de gracia a los líderes independentistas al no apreciar las “razones de justicia, equidad y utilidad pública” que la justificarían. También la Fiscalía se mostró en contra. Los cuatro fiscales del juicio del procés, en un duro escrito hecho público el pasado diciembre, advirtieron de que el indulto no puede obedecer a “acuerdos políticos”.
El Partido Popular aprovechó el dictamen del Alto Tribunal —que su líder calificó de “demoledor”— para cargar de nuevo contra el Ejecutivo. Su portavoz parlamentaria, Cuca Gamarra, subrayó que ese informe “no deja ningún lugar a la duda sobre cuál debe ser la actitud de un gobierno digno”. Previamente, durante la sesión de control al Gobierno, Pablo Casado acusó a Pedro Sánchez de “poner en riesgo la España constitucional” y auguró que la decisión de conceder los indultos a los condenados por el procés puede ser el “finiquito y el epitafio del Partido Socialista constitucional”. Las tres derechas ya han anunciado una guerra judicial si finalmente se aprueban.
Sin embargo, el Gobierno de Mariano Rajoy —que concedió 898 indultos en los casi seis años y medio que estuvo en la Moncloa— también acordó en hasta 47 ocasiones (5% de los casos) otorgar esta medida de gracia a pesar del criterio contrario de la Fiscalía y del tribunal sentenciador. Además, en otros 436 casos (49%) se otorgó el perdón gubernamental con el informe en contra de alguna de estas dos instancias judiciales. En el restante 46% —415 de de los 898 indultos concedidos— la conmutación de la pena sí contó con el aval tanto del tribunal que había dictado la sentencia condenatoria como de la Fiscalía.
No ocurrió así en el caso del indulto al exdirigente de Unió Democràtica, Josep Maria Servitje, y al empresario Víctor Manuel Lorenzo Acuña, condenados por el caso Treball. El Gobierno de Rajoy decidió indultar a ambos en febrero de 2012, apenas mes y medio después de tomar posesión, y en contra del criterio de la Fiscalía y también de la Audiencia de Barcelona, que alertó en su dictamen de “la especial gravedad de los hechos por afectar al erario público”.
Otro indulto polémico fue el concedido en noviembre de 2012 a los cuatro mossos d'esquadra condenados por torturar a un ciudadano al que detuvieron por error, golpearon por todo el cuerpo, amenazaron y llegaron a meter una pistola en la boca. Fue el segundo indulto para los policías, que en febrero de ese año ya habían recibido un indulto parcial solicitado dos años antes. Esta medida de gracia provocó un enfrentamiento entre el Gobierno de Rajoy y la sección 9 de la Audiencia de Barcelona, que obligó a los policías a entrar en prisión.
Precisamente 2012 fue el año en el que más indultos concedió el Gobierno de Mariano Rajoy, con un total de 501. Es una cifra alejada de los 190 aprobados en el año siguiente, 2013, el segundo con más indultos otorgados por el Ejecutivo del exlíder conservador, que tenía entonces como ministro de Justicia a Alberto Ruiz Gallardón. La tendencia comenzó a bajar cuando asumió esa cartera Rafael Catalá. Así, en 2014 se concedieron 72 indultos, 73 en 2015, 27 en 2016, 26 en 2017 y nueve entre enero y mayo de 2018, cuando la moción de censura de Sánchez desalojó al PP de la Moncloa. La estadística refleja también que con el desplome de la aprobación de esta medida de gracia por parte del Gobierno del PP también cayó el peso de los informes negativos de las instituciones judiciales.
Por su parte, el Gobierno de Pedro Sánchez ha aprobado un total de 75 indultos entre el segundo semestre de 2018 y 2020, de cuando son los últimos datos disponibles. De ellos, dos fueron aprobados con el informe en contra tanto de jueces como de fiscales. Además, en otros 21 casos —un 28% del total— el Ejecutivo acordó la medida de gracia a pesar de los informes de contra de una de las dos instancias judiciales que participan en el proceso. En una amplia mayoría de casos —un total de 52, el 70% del total— el perdón gubernamental sí contó con el aval tanto de la Fiscalía como del tribunal sentenciador.
Pero los ejecutivos socialistas también han aprobado indultos polémicos. Estando en funciones, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero acordó en noviembre de 2011 perdonarle la condena de tres meses de arresto e inhabilitación a Alfredo Sáenz para ejercer su oficio por un delito de acusación falsa y denuncia falsa, lo que le permitió continuar en el cargo de consejero delegado del banco Santander. El indulto contó con el informe favorable del Ministerio Fiscal y desfavorable por parte del Tribunal Supremo.
De hecho, meses después, en febrero de 2013, el Alto Tribunal anuló el indulto al considerar que el Gobierno no podía ignorar la normativa bancaria que prohíbe ejercer de consejero delegado de un banco a alguien con antecedentes por delito doloso. Pero entonces era el turno de Rajoy, que aprobó un real decreto para que los antecedentes penales dejasen de suponer un impedimento para declarar la honorabilidad de un banquero y mantenerlo en el cargo. Sin dar tiempo a que el Banco de España decidiera si le desposeía o no de su cargo, Alfredo Sáenz dimitió con una pensión de más de 88 millones de euros.
Sí se mostró a favor el Supremo de conceder la medida de gracia a uno de los autores del intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, el general Alfonso Armada. Por unanimidad, los magistrados de la Sala de lo Militar alegaron “razones de equidad” para concederle el perdón y el Gobierno socialista de Felipe González se lo acabó otorgando la víspera de Nochebuena de 1988. Quien no fue indultado fue el general Antonio Tejero, protagonista del 23F, a pesar de que el Alto Tribunal pidió para él la conmutación de la pena por razones de “conveniencia pública” y para contribuir “al olvido de unos hechos que deben quedar ya en el pasado”.