Otro mito de la Transición que hay que archivar en la papelera

Quién iba a decir a estas alturas que uno de los mitos fundacionales de la Transición iba a quedar herido de muerte por el testimonio póstumo de uno de los más fieles colaboradores de Juan Carlos I aparecido en el ABC, el periódico más monárquico de España. Las notas personales conservadas por el teniente general Emilio Alonso Manglano –director del Cesid, hoy CNI, entre 1981 y 1995 y fallecido en 2013– reflejan sus conversaciones con el anterior monarca y arrojan opiniones y hechos que confirman lo que algunos han escrito y la mayoría de la élite política y económica decidió olvidar.

Los artículos publicados proceden del libro 'El jefe de los espías', escrito por los periodistas de ABC Juan Fernández-Miranda y Javier Chicote y publicado por la editorial Roca.

La intervención del rey Juan Carlos en el proceso de acoso y derribo a Adolfo Suárez que culminó en su dimisión en enero de 1981 es uno de esos hechos de la Transición en los que la versión oficial se ha mantenido incólume. Sin poder precisar las razones auténticas de la dimisión que en su momento se recibió con sorpresa, se sostuvo que la relación entre ambos siempre fue excelente o, de forma menos creíble, que la decisión de Suárez de retirarse estaba pactada desde meses antes. Otros testimonios lo desmentían citando las fuertes discrepancias entre el rey y el presidente del Gobierno y las conspiraciones en el Madrid de entonces alentadas por periodistas y empresarios conservadores.

El altar de la Transición estaba formado por tres miembros. En la cúspide, Juan Carlos de Borbón. Como arquitecto, el último presidente de las Cortes franquistas, Torcuato Fernández Miranda. Como ejecutor, Adolfo Suárez. La realidad es que, una vez nombrado para dirigir el Gobierno, Suárez comenzó a volar solo. Después de ganar las elecciones de 1977, contaba con una legitimidad democrática de la que antes carecía y no tuvo problemas para ignorar lo que le aconsejaba el monarca.

Las notas personales de Manglano confirman la intensidad de esa separación, que raramente se desarrolla en las crónicas oficiosas de la Transición. En mayo de 1981, el rey contó sobre Suárez al militar, que fue nombrado director del Cesid tras el golpe del 23F, que “a medida que ganaba elecciones (en 1977 y 1979), me hacía menos caso”. No era por tanto un problema que hubiera empezado en el convulso año de 1980. Lo que es seguro es que en ese año la situación terminó siendo insoportable para el rey, que quería a Suárez fuera de Moncloa cuanto antes.

Suárez había dejado de seguir planes que no hubiera ideado él. “Hacía de jefe de Estado”, dijo el rey a Manglano en una confusión propia de alguien que recordaba el papel que había ostentado antes. En realidad, la Constitución de 1978 no le daba poderes ejecutivos sobre el jefe del Gobierno.

En el terreno anecdótico, recordaba la impuntualidad de Suárez en las audiencias con el monarca. En otros asuntos, la discrepancia no era sobre temas menores. “Llama al Consejo Superior del Ejército y prepáralos para la legalización” del Partido Comunista de España, advirtió Juan Carlos a Suárez en 1977, un asunto capital por el miedo a una reacción ultra en las Fuerzas Armadas contra la decisión. El presidente se negó a hacerlo. Ese fue el motivo de uno de los primeros choques graves de Suárez con el general Alfonso Armada, entonces secretario personal del monarca y uno de sus principales asesores. Ya antes habían tenido un enfrentamiento directo cuando Suárez destituyó en septiembre de 1976 al vicepresidente, el general Fernando de Santiago, heredado del Gobierno de Arias Navarro. Otra decisión tomada contra el criterio de Zarzuela.

Los papeles de Manglano incluyen una frase de Juan Carlos sobre su antiguo amigo que deja a las claras el nivel del distanciamiento personal en fechas posteriores a su salida del Gobierno: “Estoy dispuesto a neutralizar a Suárez”. Se refería por ejemplo a la promesa de hacerle Duque de Suárez, la condición que supuestamente este puso para abandonar la política. Si esa fue la promesa, no la cumplió. En julio de 1982, fundó el Centro Democrático y Social (CDS).

Otros fragmentos del libro de los periodistas de ABC desvelan que Juan Carlos I ha recibido durante décadas dinero procedente de los países del Golfo Pérsico fuera de cualquier tipo de control fiscal y político. Otros libros habían citado la recepción de una cantidad millonaria enviada por el sha de Irán, el dictador Reza Pahlevi, confirmada ahora, para financiar lo que en términos genéricos se ha llamado la Transición, pero que en realidad se refería a la financiación de UCD, el partido de Suárez, en las primeras elecciones democráticas. Es la confirmación de que la financiación ilegal de partidos fue un rasgo habitual en la democracia española desde sus inicios. Y de que la fortuna personal del rey Borbón no comenzó con los contratos de intermediación de la construcción del AVE de La Meca, sino que se remonta al inicio de su reinado.

Los papeles de Manglano indican que el rey le confirmó haber recibido fondos saudíes. “El rey de Arabia Saudí me dio 36 millones de dólares para la Transición”. Esa no fue la única cantidad. Posteriormente, se produjo otra operación millonaria: “El rey (saudí) le concedió un crédito de 50 millones de dólares (sin intereses). Se retienen unos 30 en el banco, el resto a invertir. Ganancia de 18 millones de dólares. Ahora le han renovado 30 millones en las mismas condiciones”, escribió el director del Cesid tras una audiencia con el monarca. Juan Carlos I contaba con una fuente de financiación secreta y fuera de los presupuestos del Estado gracias a fondos del Golfo. Un patrón que ya es imposible negar.

Como forma de cerrar el círculo, una parte de ese dinero acabó en los bolsillos de Suárez. Formaba parte de la operación de Zarzuela para deshacerse de él. Sin dar muchos detalles, el rey confesó a Manglano que había entregado al expresidente un millón de dólares después de su dimisión: “Le ofreció un millón de dólares a Suárez para cuando dejara de ser PG (presidente del Gobierno). No lo sabe nadie”. Como la oferta es anterior a la dimisión, casi podría considerarse un soborno o, dicho de forma más caritativa, una forma de asegurar a Suárez un futuro económico millonario si aceptaba retirarse de la política. Una anotación posterior de Manglano basada en las palabras del rey confirma que la entrega se produjo.

Los documentos incluyen otras fuentes secretas de financiación en favor de Zarzuela, en este caso procedentes de los fondos reservados del Ministerio de Interior. Al menos en dos años, entre 1994 y 1996, la Casa Real recibió cinco millones de pesetas mensuales de esos fondos. La única discrepancia es que en esos años se entregaban en metálico para no dejar ningún rastro y la Zarzuela prefería el método anterior, en forma de talones del Banco de España. Por tanto, la práctica era habitual. La fuente de Manglano era Antoni Asunción, exministro de Interior.

La reacción de Margarita Robles, entonces secretaria de Estado de Interior, cuando le preguntaron esta semana sobre esa financiación secreta de la Casa Real, resume bastante bien la actitud de los responsables políticos de la Transición sobre lo que los ciudadanos tienen derecho a saber sobre los hechos del pasado reciente: “Me sorprende que son papeles, que, si realmente son y no son opiniones personales de Manglano, son materia reservada y son secretos”.

No se puede negar que la posición de Robles tiene ventajas. Es más fácil mantener los mitos de la Transición e ignorar la conducta del anterior monarca si los hechos que se ocultaron a los españoles continúan siendo secretos. Quizá esa sea la razón por la que 44 años de democracia no han sido suficientes para aprobar una ley de secretos oficiales, y que la ley en vigor sea la que se aprobó en el franquismo en 1968, cuyo decreto firmó el almirante Carrero Blanco. En esa época, los secretos estaban hechos para perdurar hasta el fin de los tiempos.