Comisiones Obreras demandará al Gobierno por el despido de 30 camareros de Moncloa que no pueden cobrar el paro
En los próximos días el Ministerio de la Presidencia recibirá varias denuncias de quienes hasta hace unas semanas se encargaban de servir comidas y desayunos en sus instalaciones. Son más de treinta trabajadores del servicio de cafetería que se han quedado en la calle después de que el Ministerio cancelase el contrato con la empresa Dulcinea Nutrición, participada por la familia Franco, que llevaba desde agosto sin pagar regularmente las nóminas de la plantilla. El sindicato Comisiones Obreras ya ha comunicado a Presidencia su intención de presentar una demanda contra el departamento que dirige Carmen Calvo, al que acusa de pretender sustituir a los empleados despedidos con la contratación de una empresa externa de catering.
Un grupo de veinte trabajadores han decidido presentar una demanda colectiva, para lo que han contratado a un abogado que les representa de manera conjunta. El resto han dejado que sea Comisiones Obreras quien impulse acciones legales contra la empresa que les ha despedido y reclame la responsabilidad del Ministerio de la Presidencia. Miguel Periáñez, secretario general de la Federación de Servicios de CCOO Madrid, asegura a eldiario.es: “Vamos a demandar al Ministerio no solo por su falta de vigilancia, sino además porque quieren contratar un catering externo para sustituir a los despedidos”.
Los trabajadores consideran que el departamento que dirige Carmen Calvo es responsable de haberles empujado a un limbo legal que ahora les impide cobrar el paro. La causa de despido alegada por Dulcinea Nutrición es la subrogación en una segunda empresa que Moncloa buscó como solución urgente al conflicto. El acuerdo con esa segunda compañía nunca llegó a cerrarse pero nadie avisó a la Seguridad Social del fracaso de las negociaciones. En los registros consta que no se han producido despidos, sino tan solo un cambio en la titularidad del servicio.
“En las oficinas del paro nos dicen que no tenemos derecho a cobrar”, asegura a esta redacción uno de los camareros despedidos, con más de una década de servicio en las cocinas de Moncloa.
Las reclamaciones de los trabajadores sobre los salarios que se les adeudaban desde el mes de agosto y el inicio de movilizaciones para reclamar sus derechos han precipitado la decisión del Gobierno de romper el contrato con la empresa encargada del servicio, que desde el pasado 13 de diciembre había dejado de prestarlo.
En la resolución administrativa elaborada por la Subsecretaría de Presidencia, a la que ha tenido acceso eldiario.es, se argumenta que los trabajadores convocaron protestas frente al edificio por donde circulan los periodistas que cada viernes cubren la información del Consejo de Ministros. En el apartado sexto de los antecedentes citados en ese documento se puede leer lo siguiente: “El 11 de septiembre tuvo lugar una huelga de 24 horas de los trabajadores [...] que se complementó con una concentración de protesta frente al edificio Portavoz del Complejo de La Moncloa, día en el que se celebró reunión del Consejo de Ministros, con afluencia de periodistas para asistir a la rueda de prensa posterior a dicha reunión”.
Al día siguiente de esa jornada de protesta el departamento que dirige Carmen Calvo decidió iniciar el expediente para cancelar el contrato con Dulcinea Nutrición y le dio a la empresa un margen de 90 días para hacerlo efectivo. Pasado ese tiempo, a los empleados se les retiraron las tarjetas de acceso y se les comunicó que ya no podían acceder al que había sido su centro de trabajo durante años.
El pasado martes, el subsecretario del Ministerio de Presidencia se reunió con los responsables de CCOO. En esa cita, según relata Periáñez, “informamos al Gobierno de que les íbamos a demandar”. El responsable sindical advierte de que “los trabajadores llevan cinco meses sin cobrar y tienen por delante otros seis meses sin ingresos hasta que se resuelva la situación”.
Durante los 90 días que el Gobierno dio a la primera empresa para marcharse, las dos partes en conflicto buscaron a una segunda compañía que se hiciera cargo del servicio. La candidata, Nazabal Restauración, se mostró interesada en quedarse con la contrata y con los trabajadores a los que su predecesora llevaba meses sin pagar. En Moncloa daban el acuerdo por cerrado hasta que la nueva empresa puso sus condiciones: se negaba a asumir las deudas contraídas con los empleados y los pagos pendientes a la Seguridad Social.
El pasado 26 de noviembre, los responsables de Nazabal Restauración consiguieron que la plantilla firmase un documento renunciando a reclamarles lo que les debía la antigua empresa. Según fuentes de CCOO, “les hicieron firmar un documento muy discutible legalmente ya que en España no se puede renunciar a derechos”. Las mismas fuentes sindicales aseguran que el Ministerio de Presidencia puede ser considerado responsable ya que “la ley le obliga a realizar un seguimiento del contrato y garantizar el cumplimiento de las normativas laborales y de Seguridad Social”.
En conversación con un portavoz oficial, el Gobierno reconoció a esta redacción el pasado 9 de diciembre que conocía los manejos de la nueva empresa para intentar librarse de los pagos de nóminas pendientes. Preguntado este jueves sobre el limbo en el que se encuentra la plantilla, el Gobierno no ha dado respuesta.
En julio de 2018, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictó una sentencia que obliga a las empresas que se benefician de una subrogación a asumir las deudas que pueda haber dejado pendientes la compañía anterior. El fallo, conocido como “Caso Somoza Hermo”, planteó unas nuevas reglas que Nazabal Restauración quiso saltarse en el epicentro de la vida política de nuestro país, el Palacio de La Moncloa.
Desde el 13 de diciembre los más de 30 camareros están en la calle mientras el Gobierno ya ha iniciado la redacción de un nuevo pliego de contratación para sacar el servicio a concurso. Ese nuevo pliego no dice nada específico sobre la recuperación de los camareros que han sido despedidos, pero sí hace referencia a las dificultades que supone para los trabajadores de Moncloa realizar su trabajo con las cafeterías cerradas. Según las nuevas bases, “el cese de estos servicios afecta muy negativamente al elevado número de personas que trabajan en este complejo, ya que se encuentra muy distante de zonas comerciales”. Como solución transitoria para garantizar el servicio de comida y café a los más de 2.000 empleados del complejo de La Moncloa, el Gobierno ha decidido “la contratación de un servicio diario de catering”.
Mientras tanto los camareros despedidos no encuentran solución para poder percibir la prestación por desempleo y han empezado a tramitar sus denuncias por despido para poder cobrar la prestación. La mayoría lleva sin cobrar desde el pasado mes de agosto. Algunos aseguran estar “desesperados”.
“Así, firma en la espalda de Álex”
El trato recibido por los trabajadores por parte de la empresa que prestaba los servicios de restauración en Moncloa ha estado marcado por las dificultades para conseguir que la compañía les entregase documentación básica como sus nóminas o certificados de empresa para la realización de trámites. Así lo relata a eldiario.es una de las empleadas que en el momento del despido se encontraba de baja por una enfermedad crónica. La trabajadora ha pedido que su nombre no aparezca reflejado por miedo a represalias.
Según su relato, el pasado 11 de diciembre acudió a Moncloa para recoger su finiquito y solicitar la documentación que le permitiese realizar trámites relacionados con su baja por enfermedad. Por sus dificultades para moverse, un compañero la ayudó en su trayecto hacia el edificio en el que llevaba trabajando durante los últimos 13 años: “A mitad de camino, vino el encargado con tres folios y me hizo firmar en plena calle. Señaló a mi compañero y me dijo: 'Así, firma en la espalda de Álex'. Los folios estaban doblados y yo solo veía las equis así que puse 'no conforme' en cada página”.
“Le pedí mis nóminas y no me las quiso dar y al llegar a casa comprobé que la fecha del finiquito estaba mal. Habían puesto 6 de noviembre. Me habían quitado un mes”.
