El Gobierno trabaja internamente en la elaboración del nuevo decreto para paliar los efectos de la guerra en Ucrania que Moncloa pretende que sea, a grandes rasgos, similar al anterior que caduca el 30 de junio: bonificación generalizada a los carburantes, ayudas vía reducción de impuestos como el IVA a la electricidad, el aumento de la cuantía del Ingreso Mínimo Vital, la prohibición de subir los alquileres más de un 2%, etc. Pero enfría las propuestas que ha planteado Unidas Podemos: un fondo específico para que los ayuntamientos puedan establecer abonos transportes a 10 euros o un impuesto a las eléctricas.
“Desconozco la concreción de estas medidas”, ha reconocido la portavoz, Isabel Rodríguez, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, a pesar de que la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, reiteró este mismo lunes la exigencia que hacen desde Unidas Podemos y que el departamento que dirige Ione Belarra le había hecho llegar al ala socialista hace al menos una semana. “Todos los departamento están estudiando el decreto vigente, cualquier departamento puede hacer sus consideraciones en este momento de elaboración del próximo decreto”, ha dicho sobre el texto que el Gobierno deberá aprobar antes de que acabe el mes, previsiblemente en la reunión del gabinete del próximo 28 de junio.
En cuanto al transporte público, la portavoz ha asegurado que se ha ido “avanzando distintas ayudas a lo largo de la anterior crisis” en referencia a la pandemia. “Son asuntos que ya hemos abordado”, ha sentenciado. Respecto al “ámbito impositivo a las eléctricas, saben que el Gobierno está descargando la carga impositiva para que los hogares españoles no se tengan que hacer cargo de esa situación y hemos permitido con esas medidas aminorar el incremento del IPC hasta dos puntos”, ha declarado Rodríguez.
La portavoz del Gobierno ha dejado claro que el ala socialista del Ejecutivo está conforme con los resultados del actual decreto, aunque los precios de los carburantes, por ejemplo, siguen creciendo dejando atrás la bonificación. “El Gobierno está evaluando, analizando, estas medidas que en casos como la gasolina afectan a la mayoría de los ciudadanos y otras que tienen que ver con los sectores afectados. Estamos satisfechos con este decreto que ha permitido que el indicador del IPC se ha contenido en torno a dos puntos”, ha dicho antes de recordar que este martes entra en vigor el tope máximo al precio del gas con el que se produce la electricidad tras la autorización la semana pasada de la excepcionalidad ibérica por parte de la Comisión Europea. “No hay un documento definitivo, el espíritu es idéntico al que tenemos en vigor”, ha respondido a la pregunta de si la bonificación a los carburantes se aumentarán diez céntimos más.
Rodríguez ha mantenido un perfil bajo respecto a la crisis que España atraviesa con Argelia después de que el país norteafricano anunciara la paralización de las relaciones comerciales, de la que después se desdijo, pero que están sufriendo las empresas españolas. “Me van a permitir que reitere el compromiso del Gobierno con el diálogo y abordar estas relaciones con la máxima prudencia”, ha dicho la portavoz, que ha asegurado que la oficina de comercio exterior está en contacto con las empresas “verificando” cuál es la situación exacta. “Nuestro compromiso es seguir avanzando en la relación de lealtad y de país vecino y aliado de nuestro país no solo en el ámbito comercial sino en otros muchos”, ha dicho.
El Gobierno se encomienda, en todo caso, a la UE en la solución del conflicto: “Una vez verifiquemos si existen o no obstáculos, saben que comercio exterior está trabajando en el ámbito de la UE para defender los intereses de España y de las empresas españolas, que defenderemos con absoluta determinación”.
El Ejecutivo arremete, además, con dureza contra el PP por el cuestionamiento que está haciendo en plena crisis con Argelia. “No se entiende que el principal partido de la oposición, cuando se trata de estar con España o un tercero, deba posicionarse con el tercero”, ha dicho Rodríguez, que ha asegurado que darán explicaciones en el Parlamento, como ha exigido el partido de Alberto Núñez Feijóo.