Las cosas en política no salen casi nunca como los estrategas planean. Lo sabe bien Pedro Sánchez con su ‘manual de resistencia’, que se enfrenta a nuevos frentes en el seno de la coalición, con un futuro a priori incierto, ante los que Moncloa trata de mantener la calma. La hoja de ruta de los socialistas pasaba por ir engrosando el número de leyes que van saliendo del Parlamento y acabar el año con la aprobación, por tercera vez consecutiva, de los Presupuestos Generales del Estado para 2023 en tiempo y forma. Pero en medio se han colado varios asuntos que han removido las aguas dentro del Gobierno, pero también con los socios de la coalición y dentro de los partidos que sustentan al Ejecutivo. La reacción de Sánchez, que ha estado fuera de España toda la semana por la cumbre del G-20, ha sido esperar a que escampe.
Las revisiones a la baja de las condenas a violadores y pedófilos a raíz de la ley del “solo sí es sí” es lo que más ha revuelto las aguas. Ha sido un golpe que el Gobierno no esperaba. Aunque los socialistas aseguran en privado –salvo algunas excepciones como la del ejecutivo de Castilla-La Mancha que lo ha hecho públicamente– que advirtieron al Ministerio de Igualdad de lo que podría ocurrir, Sánchez ha intentado contemporizar al no cuestionar la norma y apelar a la prudencia hasta que los tribunales unifiquen la doctrina. En Moncloa tienen grandes expectativas en las reuniones previstas por algunas audiencias provinciales, como Madrid, Euskadi o Zaragoza, así como en el criterio que fije la Fiscalía.
La difícil entente con Igualdad
Entre tanto, se ha evidenciado una batalla con varios frentes. Por un lado, el choque de Podemos con los jueces, que en Moncloa han apercibido, y las grietas cada vez más notables con la vicepresidenta segunda y líder de ese espacio en la coalición, Yolanda Díaz. Por otro lado, las políticas de igualdad han vuelto a colocarse en el centro de la disputa entre los socios de Gobierno. En esta ocasión, más allá del llamamiento a la calma que ha emitido Moncloa, que se abrió a hacer modificaciones siempre esperando a los señalamientos judiciales y se mueve con precaución consciente de la delicada relación con Podemos, en el PSOE se han revuelto con lo ocurrido y la presión ha aumentado.
El temor a un insostenible goteo de modificaciones de condenas a la baja ha llevado a dirigentes territoriales socialistas nada sospechosos de polemizar con Unidas Podemos a presionar para que se tomen medidas, en contra del criterio que desde el principio ha defendido el departamento de Irene Montero, que ahora ha bajado el tono acompasándolo con Sánchez al defender que se espere a la unificación de la jurisprudencia. “Lo que procede es rectificar lo antes posible”, expresó el presidente asturiano, Adrián Barbón. “Si afortunadamente es una ley orgánica que se puede revisar, hágase lo que se tenga que hacer”, apuntó la riojana Concha Andreu. A ellos se sumaron otros como Emiliano García-Page, Javier Lambán o Guillermo Fernández Vara.
La preocupación también se ha apoderado de la dirigencia socialista a raíz de la puerta que abrió Sánchez a modificar el delito de malversación que podría beneficiar a los líderes independentistas. La maniobra pasaría por aceptar una enmienda en la tramitación de la reforma del Código Penal impulsada por PSOE y Unidas Podemos para cambiar el delito de sedición sustituyéndolo por uno de desórdenes públicos agravados. Esa modificación legislativa ya de por sí se mira con recelos en algunas federaciones, como Castilla-La Mancha o Aragón; pero ir un paso más allá tocando algo tan delicado como la malversación genera rechazo en las filas socialistas. “Con el dinero público cero bromas”, sentenció el secretario general del PSOE-M, Juan Lobato.
“Sería difícil de explicar y más aún a meses de unas elecciones municipales y autonómicas”, reflexiona un destacado dirigente, que se confiesa desconcertado sobre la posición de Sánchez respecto a la revisión de la malversación al mismo tiempo que reconoce que los pasos que ha ido dando el Gobierno han servido para desinflamar al independentismo y, con ello, calmar la situación también en el resto de España con lo que Catalunya ya no pasa electoralmente tanta factura a los socialistas.
Finiquitar la reforma de la sedición antes de fin de año
En Moncloa no se mueven del argumentario: por ahora se limitan a asegurar que ha cumplido con el compromiso de homologar la legislación penal al resto de Europa y a dar una patada adelante con respecto a la exigencia de ERC de abordar también la malversación, que es el delito por el que esperan ser juzgados numerosos dirigentes independentistas y que mantiene inhabilitados, entre otros, a Oriol Junqueras.
No obstante, la reforma de la sedición y la consiguiente posibilidad de tocar la malversación no solo chirría en el PSOE, sino que aliados parlamentarios de la coalición han mostrado discrepancias. Podemos y Compromís recelan de que la medida pueda beneficiar a políticos corruptos; PNV, Bildu y Más País muestran cautela y solo ERC, que aboga por una “reforma quirúrgica”, los comunes y el PDeCAT la defienden abiertamente. Más País también ha cuestionado la reforma de la sedición al advertir de que puede “criminalizar” la protesta social.
La idea del Gobierno es que la reforma del Código Penal se tramite por la vía de urgencia para estar aprobada antes de que acabe el año. Una fórmula que permite reducir el ruido ya que coincide con los Presupuestos, la subida del salario mínimo y, por supuesto, con las fiestas navideñas.
La crisis de Melilla
Pero el camino tampoco parece liberado en otro frente que ha acabado por volverse en contra de Sánchez, que dio un giro de timón nada más llegar al poder con la acogida del Aquarius, pero que ha tenido en la política migratoria grandes disgustos desde entonces. El último episodio lo revivieron un documental de la BBC y el informe del Defensor del Pueblo que cuestiona la actuación de Interior en la tragedia ocurrida en la valla de Melilla el pasado mes de junio y en la que fallecieron decenas de personas.
El PSOE ha tumbado junto a PP, Vox y Ciudadanos la petición de una comisión de investigación parlamentaria que impulsaron Unidas Podemos y el resto de aliados de la coalición. El grupo confederal ha echado un cable al impedir la comparecencia de Sánchez que, en ese caso, querían los conservadores en el Congreso –y que no han pedido en el Senado, donde tiene su escaño Alberto Núñez Feijóo–.
Es una victoria a medias porque la presión no va a cesar en un asunto delicado que genera tensiones dentro de la coalición. Por el momento, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, tendrá que comparecer el próximo 30 de noviembre y los diputados podrán acceder a las imágenes de la tragedia. Los socios y también el PP acusan al titular de Interior de mentir sobre lo ocurrido mientras Moncloa se esmeran por trasladar todo el apoyo a un ministro que ya estuvo en la cuerda floja en la última remodelación de Gobierno.
A pesar de que la polémica sobre la malversación, las revisiones a la baja de la ley del “solo sí es sí” y, en menor medida, la tragedia de Melilla han empañado la agenda internacional del presidente en Bali (Indonesia) y Corea del Sur, como ya ha sucedido en ocasiones anteriores, la máxima de Sánchez es ir partido a partido y, sobreviviendo, ve cómo las encuestas empiezan a frenar el golpe de los socialistas.