“Me gustarían menos decibelios en el funcionamiento del gobierno de coalición”. A pesar de la comprensión que Pedro Sánchez reclama para la primera experiencia de un bipartito a nivel estatal, periódicamente reclama rebajar la tensión en el seno del Gobierno. Esa frase es de hace unas semanas, a la vuelta del parón navideño, en plena polémica por la manipulación de las palabras de Alberto Garzón sobre las macrogranjas. Esa fue la antesala de un incremento de las discrepancias en el seno del Gobierno por temas que van desde la búsqueda de alianzas para la reforma laboral hasta el conflicto internacional que protagonizan Rusia y EEUU a costa de Ucrania pasando por los recelos de Unidas Podemos por la actitud que puedan mantener los socialistas ante el informe negativo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a la Ley de Vivienda. Moncloa trata de aplacar las diferencias tras varios días de intercambios dialécticos que han ido elevando el tono entre los socios.
El principal choque emergió cuando el Ministerio de Defensa decidió adelantar el envío de dos buques de la Armada al Mar Negro en el marco de la misión de la OTAN en la que España participa desde hace años y que estaba previsto, aunque se adelantó por la tensión con Rusia. “España es con rotundidad el país del 'no' a la guerra”, expresó la ministra Irene Montero lanzando un dardo a la línea de flotación del PSOE: “Apostamos por la paz, por la desescalada del conflicto, por evitar maniobras militares en la zona, por el diálogo y por la diplomacia”. “Nuestro país ha dicho alto y claro siempre: No a la guerra”. Con ese espíritu y con ese compromiso debemos trabajar e intensificar las vías diplomáticas para desescalar cualquier conflicto“, secundó posteriormente la ministra y líder de Podemos, Ione Belarra.
El cuestionamiento generó malestar en el ala socialista del Gobierno, que hasta entonces había sostenido que era el momento del “diálogo y la diplomacia”, aunque reconocía que en la “disuasión” España estaría con los socios europeos y de la OTAN. “La acción exterior de España la marca el presidente del Gobierno”, avisó el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, que recordó, diplomáticamente, al socio minoritario que el Consejo de Ministros había aprobado en diciembre la prórroga de misiones como la que el ejército español tiene en los países del Báltico. Pero la tensión se elevó con la entrada en escena del exvicepresidente Pablo Iglesias, que en un acto de la precampaña de Unidas Podemos cargó contra la posición de los socialistas. “Hemos escuchado a la ministra de Defensa decir algo que yo creo que los electores del PSOE no se creen y es que la OTAN nació para defender la paz, al colectivo LGTBI, los derechos humanos, la democracia, la sanidad pública. ¿Usted se cree, ministra, que la gente es tonta, que la gente se cree que la OTAN es algo distinto a una alianza militar para defender los intereses de los EEUU?”, se preguntó Iglesias mientras Sánchez descolgaba el teléfono para hablar con los aliados sobre la situación en Ucrania.
Y el tono del PSOE se elevó. “Estamos hablando de una cuestión muy seria como para trivializar o hacer ese tipo de afirmaciones que no responden la gravedad de la situación y a la responsabilidad de Gobierno”, dijo la vicepresidenta primera, Nadia Calviño. “Hay algunos que hablan de eslóganes por la paz. Nosotros creemos en la paz y, mucho más, trabajamos por la paz. Pablo Iglesias no tiene ninguna responsabilidad, tiene mucho tiempo libre”, respondió Robles, la ministra que, junto a Calviño, tiene la relación más compleja con Unidas Podemos. La portavoz, Isabel Rodríguez, pidió “contención” a Unidas Podemos. Este martes trató de rebajar al tensión al apelar a la “prudencia” incluso en sus propias declaraciones y ha evitado salirse del guion sobre la “unidad” de los aliados en que “la solución es la diplomacia”, “unidad respecto a la necesidad de disuasión”. Así, evitó pronunciarse sobre el tuit del portavoz del grupo confederal, Pablo Echenique, en el que comparaba a Robles con el “Aznar de las Azores”.
Fuentes gubernamentales tratan de zanjar la polémica al asegurar que en los últimos días “ningún miembro del Gobierno” ha mostrado una voz disonante respecto a la posición sobre el conflicto en Ucrania en un momento en el que el PP estaba aprovechando las discrepancias para atizar a Sánchez. Moncloa ha mantenido, además, contactos con los ministros de Unidas Podemos sobre el asunto y, en concreto, con el equipo de la vicepresidenta Yolanda Díaz, que ha estado en contacto con Sánchez, pero ha evitado pronunciarse sobre el tema. Fuentes de su equipo aseguran que tiene “un rol distinto” al de los partidos y que tiene que cuidar sus palabras por la repercusión institucional que puedan tener. Lo que niega el ala socialista es que “el Gobierno haya rectificado en nada”, como sugiere Unidas Podemos. “El objetivo es compartido, paz y diplomacia”, zanjan en Moncloa.
El otro frente en el que está poniendo el foco Unidas Podemos es la Ley de Vivienda que hasta el acuerdo alcanzado hace unos meses en el seno de la coalición ha sido uno de los principales focos de conflicto. La ministra Ione Belarra dejó claro que la norma “permitirá por primera vez regular los precios del alquiler en nuestro país”. “Los intentos de frenar los derechos de los inquilinos vienen de una reacción obsesionada con impedir el avance social y dificultar el cumplimiento de nuestra Constitución”, avisó. Además, ha programado una ronda con organizaciones civiles para mantener vivo el compromiso sobre el techo a los alquileres.
En Moncloa sostienen que “no está justificado” el temor de Unidas Podemos a que se hagan cambios sustanciales en la Ley de Vivienda tras el informe del CGPJ y que tiene en alerta al socio minoritario desde hace días. La preocupación se ha intensificado después de que el titular de Presidencia, Félix Bolaños, haya hablado de la posibilidad de incluir “mejoras” una vez tengan el texto en sus manos. Sin embargo, los socialistas habían descartado hacer cambios que afecten a aspectos sustanciales de la ley. “El Gobierno hace leyes que son constitucionales. El informe es preceptivo pero no vinculante. Vamos a hacer una buena ley”, tratan de calmar en Moncloa.
El gran conflicto que subyace en el seno del Gobierno es la reforma laboral sobre la que Unidas Podemos teme que la coalición se juegue la política de alianzas el resto de legislatura. Moncloa sostiene que el objetivo es convalidar el decreto ley sin cambios y los socialistas también rechazan vincular medidas laborales a futuro con los grupos parlamentarios, que es lo que la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, está intentando abordar con los socios habituales, entre ellos con ERC. “Cualquier reforma requiere apoyo del diálogo social”, advierten fuentes del ala socialista del Gobierno mientras que Unidas Podemos considera que eso supone permitir a la patronal tener un derecho a veto sobre cuestiones que podrían no tener nada que ver con la reforma laboral pactada.
La negativa de Sánchez, a quien Díaz mantiene informado de sus negociaciones según fuentes de Trabajo, a negociar medidas a futuro aboca al Gobierno a sacar adelante la reforma laboral con el 'sí' de Ciudadanos, que lo ha ofrecido, y un puñado de grupos minoritarios, como Coalición Canaria, Más País, Compromís, Teruel Existe, PRC, e incluso UPN. Unidas Podemos, sin embargo, no ve tan claro que esa suma llegue en el momento de la verdad, dado que algunos podrían caerse si no entran los aliados parlamentarios. Y teme, además, que el cambio le complique al Gobierno lograr apoyos prioritarios para otras leyes.
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