Caso Morodo: la ciénaga de petrodólares, chavismo y cuentas en Suiza que atrapa al antiguo embajador socialista

Un presunto blanqueo de 4,5 millones de euros procedentes de la compañía estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) tiene contra las cuerdas a Raúl Morodo, exembajador de España en Caracas entre 2004 y 2007 durante el primer Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. La Fiscalía Anticorrupción considera que el acceso a esos fondos por parte del exdiplomático y su entorno familiar más próximo –especialmente, su hijo Alejo– carece “de toda justificación real y lógica comercial” y está amparada en contratos de consultoría que “adolecen de los requisitos necesarios para considerarlos veraces”. Es decir, la sospecha de los investigadores es que la petrolera les pagó esas cantidades a cambio de asesorías fingidas. 

La querella que dio lugar a la causa que instruye el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz apunta a que el dinero habría llegado a Morodo, su mujer, su hijo y su nuera a través de una “compleja estructura societaria”. Ellas también están siendo investigadas por ayudarles, supuestamente, a aflorar ese dinero. Esa maraña incluye una firma panameña, territorio considerado paraíso fiscal, así como diversas cuentas bancarias en entidades de Portugal, Suiza y España. Morodo y sus familiares habrían ido traspasando ese dinero entre diferentes cuentas abiertas en bancos españoles y habrían dispuesto de él a través de cheques y extracciones de efectivo en cajeros. El sumario no se agota ahí: los investigadores siguen buscando fondos en el extranjero. 

En la causa también están implicados los supuestos compinches de los Morodo en la petrolera, que también se habrían lucrado con los fondos de PDVSA. Uno de los principales sospechosos era Juan Carlos Márquez, quien supuestamente firmaba los contratos con Alejo Morodo en nombre de PDVSA, y que apareció ahorcado en una casa de Alcobendas (Madrid) días después de haber declarado ante el juez Pedraz por este caso. 

Las pesquisas siguen abiertas contra su socio Carlos Prada y las mujeres de ambos, Ana Ulloa y Marisol Varela. La Fiscalía atribuye a los siete investigados delitos de falsedad documental, corrupción en las transacciones financieras internacionales, blanqueo y contra la hacienda pública.  

En un comunicado hecho público este viernes, Morodo insistió en la veracidad de los trabajos de “asesoría jurídica y consultoría” que su hijo Alejo hizo para PDVSA a través de Aequitas y Furnival, dos firmas de su propiedad. También manifestó que el patrimonio de su mujer, Cristina Cañeque, procede de una herencia de su padre y no tiene relación con Venezuela. En ese mismo comunicado, Alejo Morado también mantiene que no ha sido ni es socio de los venezolanos Márquez y Prada. 

Con el impulso de Bono

Raúl Morodo no es un diplomático de carrera. Catedrático de Derecho Constitucional, el exembajador en Venezuela siempre estuvo vinculado a la política. Llegó al PSOE procedente del partido de Enrique Tierno Galván, el Partido Socialista Popular (PSP), cuando éste se integró en el de Felipe González. Ese puente también lo cruzó un joven José Bono, de quien Morodo ha sido padrino. De hecho, su elección como embajador en Venezuela no correspondió a Miguel Ángel Moratinos, el ministro de Asuntos Exteriores, como él mismo reconoció a VozPópuli.

Fue, precisamente, un asunto vinculado al Ministerio de Defensa de aquel primer Gobierno de Zapatero, con Bono al frente del departamento, el que marcó el arranque del periplo de Morodo como canciller en el país latinoamericano. España vendió a Caracas ocho patrulleras de vigilancia por más de 1.200 millones de euros, que crecieron hasta los 1.726 al entrar en el lote varios aviones de transporte. Las tensiones se dispararon entre Washington y Madrid por este asunto y en el mismo consejo de ministros, entre Exteriores y Defensa. Superado el episodio, Moratinos reconoció la valía como embajador de Morodo, que podía llamar a Hugo Chávez a su móvil personal.

En la época en la que Morodo supuestamente cobró de Venezuela, el presidente de PDVSA era Rafael Ramírez. También fue ministro de Energía y Petróleo con Hugo Chávez y vicepresidente económico con Nicolás Maduro, con quien rompió definitivamente en diciembre 2017. La Fiscalía de Venezuela le investiga desde entonces por el saqueo de la empresa pública durante su mandato. 

La querella de Anticorrupción, que se basa en cinco informes que la UDEF hizo entre 2017 y noviembre de 2018, establece que Morodo y sus familiares accedieron a esos fondos entre 2011 y 2015. Es decir, los pagos millonarios de PDVSA habrían comenzado después de que el exdiplomático dejara su cargo de embajador de España en Caracas. 

La investigación también ha sacado a la luz un significativo patrimonio inmobiliario comprado en España con dinero supuestamente ilícito procedente de la petrolera pública venezolana. Según la documentación que obra en poder de la Fiscalía, los cuatro venezolanos implicados en la causa habrían invertido directamente o a través de empresas a su nombre casi 17 millones de euros en inmuebles entre 2009 y 2015. Entre ellos, pisos y locales en zonas céntricas de Madrid, Barcelona o Marbella.