Multa de casi 300.000 euros a un matrimonio por el contrabando de piezas prehispánicas

Hace 15 años varios mandos de la Policía Nacional comparecieron ante las cámaras para celebrar una operación sin precedentes contra el contrabando de piezas precolombinas expoliadas en varios países de Latinoamérica. Más de 700 piezas arqueológicas “de incalculable valor”, dijo la Brigada de Patrimonio Histórico, adquiridas por un matrimonio español en Ecuador, Perú y Colombia para después venderlas en Europa. La causa penal contra ellos por contrabando y expolio arqueológico se archivó y ahora, más de una década después, el asunto se ha convertido en una multa: 290.500 euros de sanción a uno de ellos por una infracción muy grave de contrabando que acaba de confirmar la Audiencia Nacional.

La operación policial fue presentada en mayo de 2008. Un matrimonio de La Rioja había sido detenido después de que los agentes entraran en su casa y encontraran más de 700 piezas arqueológicas precolombinas o prehispánicas, dijeron entonces los investigadores. Máscaras, pendientes, colgantes, figuras de oro, telas, cerámicas y armas procedentes “del expolio de yacimientos”, según la Policía, que ambos adquirían en Ecuador, Perú y Colombia para después venderlas en Europa, sobre todo en salas de subastas de Francia, según informó Interior sobre una operación bautizada como 'Chavín', en honor a una de las culturas andinas más antiguas.

El caso cayó en manos de la Audiencia Nacional por posibles delitos de contrabando y expolio arqueológico y terminó archivado tres años después. Las razones, según recoge la documentación del caso, fueron variadas. El valor de la mercancía era inferior a los 150.000 euros que marca la ley para ver un ilícito penal, no formaba parte del Patrimonio Histórico Español y, según recordaban sus abogados, tampoco era un robo o un hurto al no haber podido probar la Justicia que estuvieran mintiendo al afirmar que compraron estas obras en “mercadillos o establecimientos” en sus viajes por Latinoamérica.

El archivo del caso pasó desapercibido tres años y medio después de la celebración policial por una operación considerada de máxima importancia en torno al expolio, con piezas “de incalculable valor”. La documentación del caso rebaja el entusiasmo y revela que no hubo delito, que solo 23 de esas 719 piezas eran de origen prehispánico y que su valor sí era calculable: valían 116.200 euros, según un informe pericial aportado a la Audiencia Nacional por el Museo de América. Esas piezas, cuya importación no había sido declarada, fueron devueltas a Perú y Colombia y el resto, algunas de ellas consideradas falsificaciones, fueron expuestas entre otros sitios en la academia de Policía Nacional de Ávila.

Archivada la causa penal, la maquinaria tributaria se puso en marcha y, poco después, el Departamento de Aduanas comunicaba su castigo: una multa de 290.500 euros por una infracción administrativa muy grave de contrabando al importar “mercancías de lícito comercio sin presentarlas en las oficinas de aduanas”. Sanción económica que acaba de confirmar la sala de lo contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional después de que el caso llegara hasta el Tribunal Supremo y tuviera que sentenciarse de nuevo tras decidir los jueces que el procedimiento no había caducado durante su tramitación.

“Algunas son de oro”

En su recurso, que ahora será llevado de nuevo ante la sala tercera del Tribunal Supremo, el sancionado alegaba que las obras intervenidas por la Policía en 2008 en su casa de La Rioja habían sido adquiridas legalmente varios años antes y que el proceso, por tanto, seguía caducado. También reclamaba que, una vez archivadas las diligencias penales, le fueran devueltas el resto de piezas incautadas “que al parecer están en el Museo de la Policía de Ávila” o que, una vez valoradas, se le pagara el precio de esas piezas. “Algunas son de oro”, recordaba. A lo largo del caso alegó que parte de su colección procedía de una herencia.

Los jueces rechazan, en primer lugar, que el procedimiento haya caducado. Es sancionado, recuerdan en su sentencia, por “la importación de bienes de lícito comercio sin la presentación para su despacho ante las oficinas de aduanas” y eso implica que la infracción se cometió “en el momento de la introducción irregular de las piezas de arte en territorio español”. Según el multado, eso ocurrió “mucho antes del año 2006” pero los magistrados destacan que “no hay prueba alguna del momento de la adquisición de las piezas”. El plazo, por tanto, empieza a correr en mayo de 2008, cuando la Brigada de Patrimonio Histórico entró en su casa por orden de la Audiencia Nacional.

También discutía que, una vez descartado el delito por parte de la Audiencia Nacional en 2011, se le pudiera imponer una sanción por la vía administrativa. Recuerda la Audiencia Nacional que el juzgado archivó el caso precisamente amparándose en el valor de las obras prehispánicas incautadas, inferior a los 150.000 euros que marca la ley: esto, de acuerdo con los jueces, “excluiría la posible comisión de un delito, pero no la de la infracción finalmente sancionada”.

Fuentes del caso explican a este periódico que esta sanción será llevada hasta el Tribunal Supremo. Será 15 años después de que la Policía Nacional informara sobre cómo había seguido la pista a esta pareja durante más de un año para ver si estaban comprando y vendiendo piezas prehispánicas expoliadas de Perú, Colombia y Ecuador. Según la información que difundió Interior en mayo de 2008, pocos días después del arresto, habían llegado al aeropuerto de Barajas con maletas sospechosas de 65 kilos. Según el relato policial, solían moverse por distintos países sudamericanos y el objetivo era vender estas piezas “principalmente en salas de subastas de Francia”. Acabaron siendo detenidos en el curso de una de esas ventas.