Las multas a los convocantes del 22M pueden alcanzar los 600.000 euros
Los convocantes de las Marchas de la Dignidad serán sancionados por la Delegación del Gobierno de Madrid con fuertes multas que podrían alcanzar incluso los 600.000 euros. Los expedientes abiertos por el Departamento de Cristina Cifuentes contemplan la posibilidad de que la infracción cometida sea grave o muy grave, según la Ley de Seguridad Ciudadana de 1992, informaron fuentes de dicho Departamento.
La Delegación del Gobierno considera a los convocantes responsables de no haber adoptado las medidas suficientes para asegurar el normal desarrollo de la protesta en el centro de Madrid, así como de incidentes puntuales ocurridos previamente en distintas localidades de la Comunidad durante el paso de tres de las seis columnas.
El artículo 4.2 de la Ley Reguladora del Derecho de Reunión establece que “del buen orden de las reuniones y manifestaciones serán responsables sus organizadores, quienes deberán adoptar las medidas para el adecuado desarrollo de las mismas”. La Delegación del Gobierno abre expedientes porque considera que las personas físicas o jurídicas que convocaron las Marchas de la Dignidad incumplieron este precepto.
La Ley de Seguridad Ciudadana de 1992 –la nueva está pendiente del trámite parlamentario– recoge que aquellos que incumplan el citado artículo de la Ley sobre el Derecho de Reunión incurrirán en falta grave, castigada con hasta 30.000 euros. Si los hechos revisten “violencia” o suponen “amenazas colectivas”, la falta puede ser considerada como muy grave, y castigada con entre 30.000 y 600.000 euros.
La Delegación del Gobierno prevé abrir cuatro expedientes: uno por los disturbios en el centro de Madrid y otros tres por los incidentes en la marcha de las columnas. Los afectados podrán recurrir en dos periodos de alegaciones y ante el ministro de Interior. Una vez agotada la vía administrativa, sólo les quedará el recurso ante los juzgados de lo contencioso-administrativo, que lleva aparejado el pago de tasas desde la reforma efectuada por el Gobierno del PP en esta legislatura.
“Asalto” a una sede del PP
A la columna que avanzó por la A-3, procedente de Levante, la Delegación del Gobierno la responsabiliza de “asalto” a la sede del Partido Popular en Perales de Tajuña, apropiación de la bandera del PP y posterior quema en la plaza. El Ejecutivo también responsabiliza a los colectivos convocantes de un presunto “intento de asalto al Ayuntamiento” de Perales de Tajuña e “insultos y zarandeos” a miembros de la Guardia Civil. Los manifestantes, según la Delegación del Gobierno, intentaron también entrar en masa a una entidad bancaria.
Precisamente a la Guardia Civil desobedecieron los integrantes de la columna que venía del sur, por la A-4. Según la Delegación del Gobierno, los manifestantes incumplieron el itinerario previsto, “ocupando la A-4” al pasar por Ciempozuelos, Valdemoro o Pinto, según las citadas fuentes de la Delegación del Gobierno. En este caso se produjo una infracción de la normativa de seguridad vial, añaden.
Ya en Madrid capital, los manifestantes procedentes del noroeste, por la A-6, incumplieron supuestamente el itinerario previsto en la resolución de la Delegación del Gobierno y vulneraron la normativa de seguridad vial. Los expedientes abiertos por la Delegación de Madrid cuentan con un informe favorable de la Abogacía del Estado.
