Estampado en una camiseta, el rostro de Mª José es el único que sonríe. Su madre, Josefa, sostiene con dedos de pinza una pancarta que lleva escrita una suma atroz: 43 muertos + 47 heridos = 0 responsables. Es el resultado del mayor accidente de metro ocurrido en España y el tercero más grave de Europa. El 3 de julio del 2006, la unidad 3736 descarriló en un curva cercana a la parada de Jesús dejando en el túnel esa cifra espantosa. Josefa iba en aquel vagón y no recuerda nada. Ni golpes ni ruidos ni luces. Solo un inmenso agujero negro del que salió a rastras después de un mes en cuidados intensivos.
Junto a ella, decenas de familiares se reunieron este viernes, como todos los 3 de cada mes, para guardar cinco minutos de silencio y exigir responsabilidades y dimisiones en el Gobierno valenciano. Y por primera vez en siete años les acompañó una muchedumbre de miles de personas. Una masa rugiente de diccionario breve en la garganta. “¡Justicia! ¡Dimisión! ¡Dignidad!”, se escuchaban los gritos con un tono más cercano al hambre que a la consigna política. “Estamos abrumados”, murmuraba Josefa, la expresión hecha trizas, una mueca indefinible por la mezcla del alivio y la tristeza.
“Esta semana está siendo muy especial para nosotros”, se dirigió a la multitud Beatriz Garrote, portavoz de la Asociación de Víctimas del Metro 3 de Julio. Destacó así al gran apoyo que a través de la redes sociales han recibido en los últimos días y cuyo origen está en el último capítulo del programa Salvados, de La Sexta, que este domingo analizó en horario de máxima audiencia los porqués de la tragedia. Un historia conocida, pero enterrada, como los recuerdos del accidente de Josefa. Y a eso se dedicó el programa, a agitar el subconsciente de la sociedad dormida, puro ejercicio de diván a través de la pantalla.
Con la memoria en pie, la cronología de los hechos reúne un cúmulo de irregularidades inasumibles. La unidad siniestrada, totalmente obsoleta, había sufrido ya tres descarrilamientos: en 1994, 1998 y 2003. La curva letal era uno de los puntos más negros del suburbano valenciano. En las oficinas de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) se amontonaban las quejas de usuarios denunciando largos chirridos en las vías y bruscos vaivenes. En ese lugar la velocidad estaba limitada a 60 kilómetros por hora, 20 menos de los que se atribuyó al convoy accidentado.
Y esa fuera la única razón que esgrimieron los técnicos que participaron en la comisión de investigación que poco después se celebró en les Corts Valencianes: un exceso de velocidad solo atribuible al maquinista, también fallecido. La comisión duró solo cinco días y participaron expertos afines al Partido Popular. Los críticos, se vetaron. Además, FGV encargó a dedo a la consultora HM & Sanchis un informe con las posibles preguntas y respuestas de la oposición. El discurso debía ser uniforme, sin contradicciones. Algo que corrobora Pedro Díaz, amigo de Miguel, que perdió a su padre. Díaz, quien ayer acudió a la concentración, trabaja en el departamento de seguridad de Metro Valencia y recuerda que durante los días que siguieron al accidente se extendió una espesa atmosfera inquisitorial. “La consigna era no abrir la boca. Existía la amenaza velada de que quien hablara podía perder el trabajo. Aún hoy los trabajadores prefieren callar”, explica con una camiseta de runner entre las manos y con los nombres de todos los fallecidos. Díaz corrió con ella la última maratón de Valencia: “un quilómetro por cada muerto”, relata.
Pero también desde la justicia se han sentido las familias desamparadas. La jueza Nieves Molina archivó hasta en tres ocasiones el sumario del accidente utilizando el mismo argumento que el del PP: la culpa fue del conductor. Molina jamás contó ni con el testimonio de los supervivientes ni con el de los peritos de la policía científica que examinaron el túnel y el vagón siniestrado hallando numerosas irregularidades. Entre ellas la desaparición del libro de averías o la fragilidad de los cristales, que se desprendieron cuando el vagón toco suelo, convirtiéndolo en una trituradora durante 150 metro. Y la más grave, que la baliza que debía detener el tren si superaba la velocidad permitida, no estaba activada.
Una multiplicación de factores que habría convertido durante años a la curva de Jesús en una macabra lotería sobre raíles. “Cualquiera podría estar hoy aquí en mi lugar”, destaca Mª José Gilabert, que perdió a su madre, de 61 años. “Fue el peor día de mi vida”, continúa describiendo una jornada de fuertes impactos y muchas lagunas. “Sé que a las 15.30 llegamos a la boca del metro y que a las 21.00 nos comunicaron que nuestra madre estaba entre los fallecidos. Lo que pasó entre medias, no lo sé”. Mª José reivindica la reapertura del juicio y de una comisión parlamentaria independiente que depure responsabilidades políticas. “Por justicia, pero también por salud”, subraya y añade: “cada mes aquí es volver a empezar. Es algo que nos reconforta, pero también nos impide pasar página y cerrar este luto”.