El futuro de Carles Puigdemont está en manos de un tribunal de Cerdeña. En los próximos meses los jueces sardos decidirán si el expresident catalán es entregado y juzgado en España o si, como ya sucedió en Alemania, su detención se convierte en un nuevo fracaso internacional del juez Pablo Llarena. Otra posibilidad es que el final de esta historia termine escribiéndose en el banquillo del Tribunal Supremo, pero tampoco ese juicio será igual al que llevó a la cárcel a su vicepresidente, Oriol Junqueras, y el resto de líderes independetistas. Muchas cosas han variado desde que Puigdemont se marchó a Bélgica hace cuatro años. Ya hay sentencia firme contra sus excompañeros de Govern, se han firmado los indultos y el escenario político ha cambiado por completo.
El cambio fundamental, desde el día en que emprendió su marcha a Bélgica, es que el Supremo ya dictó una sucesión de condenas por los mismos hechos. La sentencia declara probadas muchas cosas que no benefician en absoluto al expresident, pero deja fuera de juego la acusación por rebelión. El delito por el que apostó la Fiscalía desde el primer momento y que sirvió para inhabilitar a aquellos dirigentes políticos mucho antes de la sentencia ha desaparecido de la ecuación: el Tribunal Supremo entendió que los líderes independentistas querían separar Catalunya del resto de España, pero sin recurrir a la violencia para conseguirlo.
Es un cambio esencial a nivel de penas. En el caso de Oriol Junqueras, por ejemplo, la suma de la sedición y la malversación se tradujo en una condena de 13 años de prisión, poco más de la mitad de lo que pedía en un primer momento la Fiscalía por rebelión. Si Puigdemont es finalmente juzgado, la sentencia de octubre de 2019 garantiza que, salvo pirueta procesal, se sentará en el banquillo acusado por sedición y malversación.
Ese aspecto atenuador de una hipotética condena encierra un aspecto que también condiciona para mal el futuro procesal de Puigdemont. La misma sentencia evitó citar al expresident en los hechos probados ya que no estaba siendo juzgado pero declaró delictivas todas las decisiones del Govern y el bloque independentista que él encabezaba: las leyes de desconexión que llevaban su firma, el referéndum que convocó y la Declaración Unilateral de Independencia que firmó, anunció y suspendió.
Los jueces del Supremo dejaron por escrito que existieron actos violentos en las calles de Catalunya durante la jornada del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017, así como previamente en las concentraciones masivas del 20 de septiembre en Barcelona frente a varias consellerías, pero que existió una “absoluta insuficiencia” para declarar la independencia. El referéndum fue “un señuelo” y la DUI “simbólica e ineficaz” y a eso se tendrá que enfrentar el expresident.
Esta ausencia de violencia para hablar de rebelión queda reforzada por la Audiencia Nacional y la absolución de Josep Lluís Trapero. De manera contundente los jueces absolvieron a los mandos de los Mossos negando que “hubieran tratado de impedir o dificultar el cumplimiento” de las resoluciones de la Justicia durante el otoño independentista de 2017. Allí donde el Tribunal Supremo vio una acción coordinada del Govern intentando involucrar a la policía autonómica, la Audiencia Nacional dejó argumentos de mucho valor para Carles Puigdemont.
Extradición e indultos
Ese cambio fundamental en la tramitación de la causa tendrá su efecto también en el proceso de extradición que pongan en marcha los tribunales italianos. Los tribunales alemanes, belgas y escoceses han dejado claro que la rebelión no es una opción válida para una entrega, y han puesto la sedición también en entredicho, por ejemplo, en el caso de Clara Ponsatí. Además, todavía a nivel internacional, Puigdemont está a la espera de una decisión definitiva del Tribunal General de la Unión Europea sobre su inmunidad parlamentaria.
El panorama político también ha cambiado mucho desde 2017 y eso ha tenido consecuencias en el proceso judicial. El pasado mes de junio el Gobierno decidió indultar a los nueve condenados por sedición por el Tribunal Supremo y evitar que siguieran cumpliendo condena entre rejas a cambio del compromiso de no delinquir de nuevo en varios años.
Estos indultos no afectan al proceso al que se enfrentará Puigdemont, ni siquiera en caso de ser condenado, pero mantienen viva una incógnita: ¿será indultado Carles Puigdemont si es finalmente sentenciado por sedición?
El mapa político
La ecuación política tampoco es la misma que había cuando Puigdemont abandonó España escoltado por parte de su Govern. Donde antes había una Generalitat de Catalunya dominada por su partido con el apoyo de ERC, ahora hay un ejecutivo catalán inverso con un Pere Aragonès (ERC) a la cabeza convertido en socio del Gobierno central para sacar adelante investiduras y Presupuestos Generales del Estado. Existe, además, una mesa de diálogo de la que por ahora han quedado excluidos los miembros de su partido.
El partido judicial acaba de empezar una nueva fase y la resolución todavía queda lejos: incluso en el caso de que los tribunales italianos decidan tramitar la posible extradición, es algo que puede alargarse durante meses. Eso suponiendo que no quede en suspenso hasta una decisión definitiva sobre su inmunidad. Pero si vuelve a España, Carles Puigdemont se encontrará un escenario muy distinto con un proceso judicial menos inflamado y un escenario político también más calmado y en el que tiene menos poder que hace cuatro años.