Dos altos cargos de Murcia y el exalcalde de Cartagena, detenidos en la 'operación Púnica'
El exalcalde de Cartagena José Antonio Alonso (PSOE) y el secretario del Instituto de Turismo de Murcia, Jesús Galindo, son dos de los detenidos en la 'operación Púnica' contra la corrupción. El exprimer edil y el alto cargo murciano forman parte de las lista de 51 arrestados de esta macrorredada policial. Juanto a ellos han sido arrestados la directora general de Turismo de la región, Mariola Martínez, y el jefe de gabinete de la Consejería de Industria, Fidel Saura Guerrero.
Además, según informa el diario La Verdad, ha sido detenido en Madrid el empresario David Marjaliza, socio de José Antonio Alonso en la sociedad Atalia, y que hizo de intermediario en la venta de terrenos de Zincsa -Española de Zinc-, así como el hermano del exalcalde de Cartagena, funcionario de la comunidad autónoma de Murcia que actualmente se encuentra en excedencia.
José Antonio Alonso, que fue alcalde de Cartagena entre 1991 y 1995 y actualmente seguía siendo militante de base del PSOE, ha sido suspendido y apartado del partido de manera cautelar “hasta el momento en que se aclare su situación legal”. En una nota de prensa, la secretaria de Organización del PSRM, Presen López, ha subrayado que Alonso no ocupa cargos orgánicos en el partido desde hace años, y ha añadido que espera que el Partido Popular “actúe con la misma contundencia con el gran número de detenidos que militan en sus filas”.
Por su parte, Jesús Galindo, secretario del Instituto de Turismo de Murcia y exgerente del Centro de Cualificación Turística de Murcia, es otro de los arrestados por la Guardia Civil esta mañana, tras haber llevado a cabo registros en la institución.
La 'operación Púnica' trata de destapar “una trama de corrupción municipal y regional infiltrada en varios ayuntamientos y autonomías”, que, según la Fiscalía, contó con la “connivencia de ediles municipales y funcionarios, sociedades constructoras, empresas de obras y servicios energéticos y el concierto de intermediarios y sociedades instrumentales”. El comunicado habla de adjudicaciones públicas por valor de 250 millones de euros “solo en los dos últimos años”, que fueron “la contrapartida a comisiones ilegales a costa de la Hacienda municipal y autonómica”.
Se desconoce si ha habido más detenciones por el momento en la Región de Murcia. Fuentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil y de la Fiscalía General del Estado consultadas por este medio han informado que la operación sigue abierta y que se ha declarado el secreto de las actuaciones. Según el comunicado emitido esta mañana, a la trama se le imputan delitos de blanqueo de capitales, falsificación de documentos, delitos fiscales, cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales, prevaricación, revelación de secretos, negociaciones prohibidas a funcionarios, fraudes contra la Administración y organización criminal.
