Murcia, entre la corrupción y la barbarie

Para el viajero británico Richard Ford, la España del siglo XIX era un país “que oscila entre la civilización y la barbarie” y en su crónica Manual para viajeros por los Reinos de Valencia y Murcia (1845) no dudó en asignarnos a los murcianos la segunda categoría: “Incluso dicen de sí mismos y de su provincia que tanto la tierra como el clima son buenos, pero que mucho de lo que hay entre ambos es malo”. La condena de Pedro Antonio Sánchez, octavo presidente de Murcia (2015-2017), a tres años de prisión por prevaricación y falsedad, lo reafirmaría en su diagnóstico. Y una somera ojeada a los avatares de la presidencia de la comunidad, se lo confirmaría sin dudas.

Por algo, quien fuera fiscal superior de Murcia, Manuel López Bernal, 'reivindicaba' que su fiscalía era de las que había denunciado más casos de corrupción en toda España. Lo hizo tras ser removido abruptamente de su puesto por Rafael Català, ministro de Justicia de Rajoy, en plena vorágine de casos de corrupción contra dirigentes y cargos del PP de Murcia. Con estilo italiano meridional: la vivienda del fiscal anticorrupción Juan Pablo Lozano fue asaltada cuando instruía los casos Umbra –una serie de pelotazos urbanísticos en la capital por más de mil millones de euros que comprometía a la alcaldía del PP– y Novo Carthago –una recalificación de áreas especialmente protegidas del Campo de Cartagena–. Los cacos no buscaban joyas, dinero ni objetos de valor sino, en ambas ocasiones, documentos oficiales y ordenadores personales...

El largo mandato de Ramón Luis Valcárcel, 1995-2014, que provenía de la Alianza Popular de los Siete Magníficos, y la feliz coincidencia de su ejercicio con la burbuja inmobiliaria y la cultura del pelotazo multiplicó los casos de corrupción del PP murciano, algunos tan cercanos –su hija, su yerno y su cuñado del presidente fueron investigados en el caso Novo Carthago–, que, después de éxitos electorales sin precedentes –cuatro mayorías absolutas –, en 2014 dimitió para cambiar su aforamiento por el de eurodiputado con la sinecura añadida de la vicepresidencia de la Eurocámara.

Antes de Valcárcel también hubo antecedentes desgraciados en el PSOE. El primer presidente socialista, Andrés Hernández Ros, fue un sujeto emprendedor y apasionado, que, a base de kilómetros y de puerta en puerta, quintuplicó la militancia, reinventó el casi inexistente PSOE de Murcia y obtuvo la mayoría absoluta en las primeras autonómicas, 1983. También se inventó la estructura de una comunidad que nunca había tenido autonomía e impulsó con demasiadas empresas públicas, de escasa fortuna, la modernización de su economía, desde un nuevo tipo de pimentón a la cría del apreciado langostino del Mar Menor o a la producción de ostra plana en el mismo, que llegó a contar con una población de 135 millones de ejemplares, arrasada tanto por la sobreexplotación como por la brutal degradación de la laguna (Otro día les contaré la apasionada historia de amor entre la Ostrea edulis y el Mar Menor; ya verán que interesante).

Hernández Ros era un soñador con un punto de ingenuidad irreal. Esa manera de ser, que lo animó a cursar invitación oficial a Reagan y a Chernenko, líderes de los EEUU y de la URSS, respectivamente, para reunirse en Murcia y limar sus diferencias, fracturó la ejecutiva socialista de manera irreconciliable. Nunca se demostró que, en vísperas del congreso regional del partido, avalara el soborno del secretario de Finanzas del PSRM-PSOE, Francisco Serrano Lucas, al cronista político del diario La Verdad, de Editorial Católica pero el periodista tuvo la exclusiva de su vida, el secretario fue expulsado y Alfonso Guerra obligó a Hernández Ros a dimitir.

El candidato impuesto con mano férrea por Guerra, fue un acierto: Carlos Collado, secretario general del PSOE murciano, un humanista profesor de filosofía, gobernó durante 9 años, hasta 1993, con dos mayorías absolutas y sin escándalos de corrupción.

Pero en la España triunfalista de 1992, el de la Expo de Sevilla y los Juegos Olímpicos de Barcelona, Cartagena arrastraba una durísima crisis industrial que amenazaba el empleo de la comarca –las protestas culminaron en el incendio de la Asamblea Regional el 3 de febrero– y para paliarla, Collado compró a la fuguista Ferrovial de Del Pino unos terrenos en la comarca para que se estableciera General Electric, que comprometía una inversión de 10.000 millones de pesetas (60 millones, en euros). La Izquierda Unida de Anguita vio, en el llamado “caso Casa Grande”, la oportunidad de asaltar el cielo socialista murciano y la ejecutiva guerrista del PSRM-PSOE, enfrentada a Collado, la de que dimitiera.

En 2017, Collado contó que, convocado por Guerra a una reunión de barones autonómicos, se pronunció contra los planes de descabalgar a Felipe González y se convirtió en un obstáculo para quien lo había apadrinado. El partido fue peor enemigo que los denunciantes y dimitió en abril de 1993, nueve meses antes de que el Tribunal Superior de Justicia de Murcia archivara el caso, no sin alabar las ventajas económicas y jurídicas de la actuación de Collado, criticar las actuaciones judiciales inferiores y acusar a los partidos políticos de usar el proceso penal, “desnaturalizarlo e instrumentalizarlo (...) para satisfacer intereses extraprocesales”.

Pero el mal ya estaba hecho. En una comunidad que, salvo en las elecciones de 1933 que ganó Lerroux y el interregno preautonómico, presidido por el democratacristiano de UCD Antonio Pérez Crespo, era un feudo histórico de la izquierda, los electores no volvieron a votarla hasta que la sucesión interminable de casos de corrupción del PP en la era Valcárcel (en la nómina de sobresueldos del PP), prolongada por la imputación de Pedro Antonio Sánchez, les devolvió la confianza en el PSRM-PSOE en las elecciones de 2019. El PP lo solventó, primero, con el apoyo de Vox y, en la moción de censura de 2021, con el fichaje de tres diputados de Ciudadanos por el presidente Fernando López Miras...

Por cierto, el PP tuvo su propio Collado: el fugaz presidente Alberto Garre, abril de 2014 a junio de 2015, elegido sucesor de Valcárcel. Denunció a la fiscalía los contratos de su antecesor con la ACS de Florentino Pérez para construir la desaladora de Escombreras y, apartado de la presidencia de la comunidad, dejó el PP con una carta abierta a M. Rajoy en la que lo acusaba de “inacción ante la corrupción”.

Lo retratado al minuto por Richard Ford, aunque hoy quizá escribiera “entre la corrupción y la barbarie”...