Naciones Unidas no tiene dudas: las denominadas “leyes de concordia” que han impulsado los gobiernos autonómicos de PP y Vox como contrarreforma a la legislación sobre Memoria Democrática en vigor ponen en riesgo el cumplimiento por parte de España de la legislación internacional sobre la preservación de la memoria histórica de graves violaciones de derechos humanos.
Así lo concluye el informe del Relator Especial y del Grupo de Trabajo sobre desapariciones forzadas de la Organización de las Naciones Unidas y al que ha tenido acceso elDiario.es. Un documento remitido en respuesta a la denuncia presentada por el Gobierno de España tras los pasos atrás consumados por las coaliciones de derecha y extrema derecha en comunidades como Valencia, Castilla y León y Aragón.
“Las llamadas leyes de concordia aprobadas o presentadas para aprobación parlamentaria en las Comunidades Autónomas de Aragón, Castilla y León y Valencia podrían transgredir la obligación del Estado español, incluyendo sus tres poderes y sus entidades nacionales y locales, de garantizar la preservación de la memoria histórica de graves violaciones de Derechos Humanos”, reza el informe entre sus conclusiones, en las que se denuncia que esas contrarreformas “ordenan la supresión de múltiples entidades, proyectos, sitios web y actividades de memoria histórica sobre las graves violaciones de Derechos Humanos” cometidas en el franquismo y “previstas o creadas en cumplimiento de la legislación estatal y autonómica vigente en la materia”.
Algo que, según la ONU, “puede acarrear límites al acceso a la verdad sobre el destino o paradero de las víctimas” porque “obstaculizan o suprimen la subvención de proyectos de memoria histórica ofrecidos actualmente a entidades de sociedad civil, y pueden invisibilizar las graves violaciones de Derechos Humanos cometidas durante el régimen dictatorial franquista”. No pasa por alto Naciones Unidas que todos los textos impulsados por PP y Vox “omiten nombrar o condenar dicho régimen”.
El informe recuerda que la legislación internacional y el respeto a los tratados firmados por España compete a todos los poderes del Estado y alerta de que las normas autonómicas “de concordia” comprometen el respeto de España a esa legislación.“ Recordamos en este sentido que todos los poderes del estado español, ya sea ejecutivo, legislativo o judicial, y todas las entidades de gobierno cualquiera sea su nivel, nacional, regional o local, deben cumplir con la obligación de proteger los derechos humanos, y que el incumplimiento de estas obligaciones por parte de tales entidades o autoridades están en condiciones de comprometer la responsabilidad del estado español y la propia”.
Respecto al intento de equiparar a las víctimas del franquismo con las de otro tipo de crímenes, sea cual sea su naturaleza, el informe de la ONU también manda un mensaje a los gobiernos autonómicos de PP y Vox en Castilla y León, Valencia y Aragón. “Si bien notamos la importancia de asegurar la no discriminación a la hora de reconocer y dar justicia y reparación a todas las victimas de la violencia, sin discriminación alguna, el proyecto de ley podría llevar a asimilar las graves violaciones de Derechos Humanos cometidas durante la dictadura franquista y la guerra civil a un grupo heterogéneo de crímenes y/o violaciones cometidas por diferentes actores, estatales y no estatales, a lo largo del siglo XX en España, quitándole el reconocimiento y la atención necesarios a los derechos de las centenas de miles de victimas de graves violaciones de derechos humanos, incluyendo ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas, cometidas durante la dictadura franquista”.
El Gobierno inició a principios de abril acciones contra los pasos atrás del PP y Vox en materia de memoria histórica. El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, encabezado por Ángel Víctor Torres, encargó un informe jurídico para llevar al Tribunal Constitucional la ofensiva que ya están llevando a cabo ambos partidos en distintas comunidades: Aragón se convirtió en la primera en derogar la ley autonómica, a la que siguieron la Comunitat Valenciana y Castilla y León, que han presentado sendos proyectos con el mismo objetivo.
Revocar las legislaciones que pretenden garantizar los derechos de las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo fue uno de los compromisos clave que sellaron las derechas en sus acuerdos de gobierno. El objetivo es sustituirlas por leyes que han llamado “de concordia”. Un paso que el Gobierno intenta combatir en la justicia española y para el que también ha recurrido a las más altas instancias internacionales, como es el caso de Naciones Unidas.