Nadie sabe en el Congreso cuándo se iniciará el debate parlamentario sobre la ley del aborto del ministro Gallardón. Ni siquiera el presidente de la Cámara, Jesús Posada, que no ha recibido comunicación alguna de Moncloa sobre los plazos previstos para la remisión de ese texto a Las Cortes. La polémica ley, sin embargo, es objeto de encendidas críticas y ha sido tomada como bandera por los grupos de la oposición, que se han apresurado a pedir comparecencias parlamentarias sin que el texto haya sido remitido al Congreso y sin visos de que se vaya a enviar a corto plazo.
La aprobación del anteproyecto por el Gobierno ha venido precedida de la presión a la que se ha visto sometido el ministro de Justicia por parte de los grupos antiabortistas. Gallardón prometió una contrarreforma de la ley del aborto para antes de 2014. Esa premura le obligó a llevar el informe al Consejo de Ministros al límite de los plazos comprometidos. No obstante, según fuentes parlamentarias, eso significa tan sólo que sobre la mesa del Gobierno hay un borrador y que el texto que se envíe al Congreso tendrá que ser estudiado de nuevo por Mariano Rajoy y sus ministros.
El PP ya sabe a estas alturas que la ley Gallardón no gusta ni dentro ni fuera de su partido. Además es consciente de que la controversia en torno a una cuestión tan sensible no le beneficia electoralmente. En Génova 13 valoran cómo gestionar el calendario para evitar que el debate parlamentario sobre el aborto coincida en las semanas previas a las elecciones europeas previstas para mayo de este año. Según fuentes parlamentarias, la votación en pleno podría tener que esperar al mes de junio pero en Justicia aclaran que “puede ser en junio o incluso más tarde”.
El Consejo de Ministros ha aprobado el anteproyecto de ley y ese texto sufrirá ahora modificaciones en virtud de los informes que se están solicitando para completarlo. La ley obliga al Ejecutivo a pedir un informe del Consejo General del Poder Judicial por tratarse de un texto con efectos penales, pero Gallardón ha preferido reclamar muchas más opiniones que esa. Según Justicia, para completar la ley de Gallardón, se están pidiendo en estos días las aportaciones del Consejo de Estado, de la Federación de Colegios Médicos, la Federación de Colegios de Enfermería y la Agencia de Protección de Datos.
Fuentes del Ministerio de Gallardón apuntan que, cuantos más informes se soliciten, más largo será el proceso. Según estas fuentes, “todos estos organismos tienen que hacer sus informes y devolver sus aportaciones. Tenemos que estudiar los matices y ver si se hacen o no los cambios que nos propongan. Para que todo eso ocurra, pueden pasar meses”.
Con este panorama parece improbable que prosperen las iniciativas planteadas por la oposición pidiendo comparecencias para explicar los planes del Gobierno. “Nada se está tramitando sobre la ley del aborto en el Parlamento”, señalan fuentes de la Cámara Baja para aclarar que, “así las cosas, parece difícil que se acepten las comparecencias que piden PSOE e IU”.