El Gobierno de Pedro Sánchez se lo marcó como una prioridad pero no cumplió. La limitación a las investigaciones penales que impuso el Gobierno de Mariano Rajoy con su mayoría absoluta sigue vigente y aboca al cierre a un nuevo caso de corrupción en Murcia.
PP y Ciudadanos bloquearon la reforma durante años con su mayoría en la Mesa del Congreso; el PSOE no la abordó desde el Ejecutivo pese a que se trataba de una reivindicación unánime de las asociaciones de jueces y fiscales.
La convocatoria de elecciones acabó con la vía parlamentaria y hasta que no se forme un nuevo Ejecutivo este no podrá legislar mediante decreto ley para revertir esa limitación. Hasta entonces las investigaciones judiciales tendrán un plazo máximo de seis meses salvo que sean declarados causas complejas. Una vez expirado ese plazo, sin que los jueces soliciten la prórroga se convierte en causa de anulación.
Esta misma semana ha vuelto a suceder: se ha cerrado una investigación que afectaba a una filial de ACS, el grupo de Florentino Pérez, por las trabas que supone la norma a la hora de instruir causas penales.
La reforma del artículo 324 la Ley de Enjuiciamiento Criminal se remonta a 2015. El PP aprobó con mayoría absoluta que las causas penales tuviesen un plazo máximo de instrucción de seis meses. Transcurrido ese tiempo, la Fiscalía podía solicitar al juez que se ampliase a 18 meses más por tratarse de “una causa compleja”. Cabía una última prórroga a un total de 36 meses.
Es decir, esa norma limitaba a un máximo de tres años investigaciones de corrupción que en el caso de Gürtel, por ejemplo, duró unos siete para la pieza principal. Algunas aún están en fase de instrucción. Además, planteaba dificultades añadidas: obligó a investigar más rápido en unos juzgados que no tenían medios suficientes sin aumentar los recursos y dejó en manos de los fiscales la responsabilidad de pedir la prórroga de los casos, siendo los jueces quienes tienen el control de los tiempos de los procesos judiciales.
Muchos casos se han cerrado durante estos últimos años porque la fecha ha expirado sin que el fiscal tuviese conocimiento: los expedientes no disponen de alertas y muy a menudo están en papel, así que es fácil que los plazos caduquen El hecho de que en algunas investigaciones hubiese aforados, con el consiguiente cambio entre tribunales, también puso trabas a las investigaciones.
Esos plazos se superaron, por ejemplo, en la investigación contra el expresidente de Murcia Pedro Antonio Sánchez. Entre las distintas causas que tenía abiertas y que le llevaron a presentar la dimisión, una ahondaba en el fraccionamiento de contratos para adjudicarlos a dedo y sin concurso público a un arquitecto. Se libró de la petición de cuatro años de cárcel porque se superó el plazo de investigación, lo que obligó a anular todas las diligencias.
La norma ha obligado a cerrar otros casos, como el de los contratos fraudulentos de la Alhambra -donde había 28 imputados- o el sumario Emucesa. También ha provocado que se cierren investigaciones sobre ETA, como el caso Giménez Abad.
Esta semana ese tope a la investigación han afectado a un caso en el que se investigaba a una filial ACS. La Audiencia Provincial de Murcia ha confirmado el final de la causa sobre la desaladora de Escombreras, en la que la Fiscalía sostenía que se había creado un entramado de sociedades que provocaron un agujero de 600 millones de euros.
La fiscal del caso, Isabel Neira Campos, concluye que las compañías privadas y el Gobierno murciano, entonces presidido por Ramón Luis Valcárcel, pudieron haber amañado el contrato de la desaladora. Según el informe que elaboró con las pesquisas recogidas por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) se había creado un entramado para dar agua a las nuevas edificaciones que se iban a levantar en pleno boom inmobiliario sin necesidad de obtener un permiso imprescindible. Estaban investigados altos cargos políticos y de ACS.
PP y Ciudadanos bloquearon la reforma
Sobre el papel hay un consenso político para derogar, o al menos reformar, el artículo 324. La práctica ha sido muy distinta. Como en tantas otras leyes, Ciudadanos unió sus votos al PP en la Mesa del Congreso para dilatar el plazo de enmiendas a una iniciativa de Unidas Podemos para acabar con ese punto de la Lecrim.
Desde junio de 2017, ambas formaciones votaron hasta en 58 ocasiones a favor de la ampliación del plazo de enmiendas sobre un texto que constaba de un solo párrafo. En la práctica, supuso la paralización del trámite parlamentario de la iniciativa y dilata en el tiempo la posibilidad de que pueda ser aprobada. Y eso a pesar de que Ciudadanos había mostrado su disposición a cambiar la ley. Cuando un roce entre ambos partidos provocó que los de Albert Rivera levantarán el veto a la iniciativa, el PP presentó una enmienda a la totalidad.
El partido de Pablo Casado defendió “gracias a esta reforma puntual, las instrucciones eternas, que en ocasiones rondaban los diez años han sido afortunadamente superadas”. Lo cierto es que la formación ha llegado a echar mano del artículo 324 para tratar de frenar investigaciones en su contra, como la de la caja B.
El cambio de Gobierno dio esperanzas a las asociaciones judiciales, especialmente a los de las Fiscales. La ministra de Justicia, Dolores Delgado, pertenecía a la Unión Progresista de Fiscales (UPF), que ha comandado esta reclamación. Fueron ellos quienes a finales de 2018 advirtieron de que se iba a producir el cierre paulatino de multitud de casos que se acercaban a los tres años de investigación. El propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se había comprometido poco después de la moción de censura a derogar un precepto “especialmente nocivo en la tramitación de causas complejas”.
El Gobierno rechazó usar el decreto ley
Pero los meses pasaron sin avances en ese sentido. La vía parlamentaria apenas avanzó, a pesar de las advertencias de los fiscales. En las reuniones de las asociaciones con los representantes del Ministerio de Justicia se incluyó la derogación del 324 entre la lista de reivindicaciones al nuevo Ejecutivo. El Ministerio respondió que existían algunos “escollos parlamentarios” que lo impedían.
El Gobierno podía sortear esos escollos elaborando un decreto ley, pero el Ejecutivo de Sánchez decidió limitarlos para las medidas sociales, ante el aluvión de críticas ante el abuso de esa herramienta legislativa.
El fracaso en la votación de los presupuestos y la convocatoria de las elecciones cerró definitivamente la vía parlamentaria. En una respuesta al senador de Podemos Joan Comorera, el Gobierno dejó abierta la puerta a aprobar la derogación vía decreto ley en alguno de los dos consejos de ministros que tenía antes de las elecciones. No lo hizo.
Ahora, reactivar la vía parlamentaria obligaría a presentar una nueva iniciativa en las cortes cuya tramitación se dilataría durante meses. La única opción de acelerar los trámites es que el Gobierno opte, esta vez sí, por el decreto ley. Aunque para eso habrá que esperar a que se forme el Ejecutivo. Hasta entonces, se seguirán cerrando en falso nuevos casos de corrupción por la limitación de plazos que impuso el PP.