Siempre hay que desenfundar rápido el revólver cuando alguien pronuncia las palabras ‘alarma social’. Se ha utilizado en política con frecuencia para esconder las peores intenciones. No es raro que los que la emplean con más facilidad tengan como intención precisamente generar alarma social. Eso no quiere decir que el concepto no signifique nada, que sólo sea útil para los cuatreros de la política. La alarma social existe, por más que pueda ser producto de la furia o el miedo. Y en un año electoral ningún partido puede arriesgarse a provocarla. A menos que quiera perder las elecciones.
La ley del sólo sí es sí ha vuelto a sentar al Gobierno de coalición en el diván donde se tumban los miembros de las familias disfuncionales. Ideas y sentimientos difícilmente compatibles. Falta de comunicación. Intolerancia a los defectos del otro. Un amor propio excesivo. Han atravesado todos los obstáculos posibles en esta legislatura y resulta que al final, en el peor momento para sus intereses, vuelven a estar en trincheras enfrentadas.
Después de dudar a lo largo de las últimas semanas, el PSOE ha optado por encarar la situación. “La mejor forma de defender la libertad sexual es reconocer que (la ley) no está funcionando adecuadamente”, dijo Andrea Fernández, secretaria de Igualdad de la Ejecutiva socialista tras presentar el lunes la proposición de ley con la que cambiar la norma que fue presentada por el Gobierno y aprobada por el Parlamento. Algo ha fallado en la ley, según los socialistas.
La última votación de la ley en el Congreso el 25 de agosto arrojó pocas dudas: 205 votos a favor, 141 en contra y tres abstenciones. “Ha sido una victoria del movimiento feminista, de las movilizaciones y de la reivindicación social, y eso es lo más bonito, sobre todo para todas las mujeres que estuvimos en la calle”, dijo entonces Andrea Fernández.
Hay que quedarse con esa cifra. 205 es un número mayor que los votos con los que se aprobaron los tres presupuestos de esta legislatura y la mayoría de las leyes que ha sacado adelante el Gobierno. Si alguien piensa que la ley del sólo sí es sí es responsabilidad únicamente de Unidas Podemos, conviene recordar que cuenta con 34 escaños en el Congreso.
Cinco meses después, todo ha cambiado. La revisión de las sentencias por los tribunales ha provocado reducciones en más de trescientos casos de delincuentes sexuales (aunque excarcelaciones sólo en una treintena de ellos). Indudablemente, ese no era el objetivo principal de la ley y ahora es tarde para introducir un debate sobre el populismo punitivo. Si ese es un factor relevante, y lo es, debería haber tenido un papel protagonista en el debate parlamentario.
La posición de Podemos ha atravesado varias fases desde el inicio de la polémica. Primero, se dijo que afirmar que podría haber reducciones de penas era “propaganda machista”. Cuando estas empezaron a producirse, se dijo que todo era culpa de “jueces machistas”. Mientras tanto, se decía que la ley no se tocaría. En la negociación con el PSOE, se dijo que se aceptarían cambios sin alterar su esencia. Ahora que los socialistas presentan una proposición de ley, la postura es más tajante. “Vamos a trabajar con quien sea necesario para proteger el modelo del consentimiento y que no se vuelva al modelo de La Manada”, dijo su portavoz, María Teresa Pérez.
Se refirió constantemente al “Código Penal de la Manada”, como también lo hizo por la tarde la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez. Es una definición difícil de entender, porque el Tribunal Supremo corrigió la primera sentencia de la Manada y aumentó las penas basándose en ese mismo Código Penal.
El PSOE afirma que el consentimiento en las relaciones sexuales continuará siendo esencial tras la reforma. Pero mantiene las penas e introduce un grado más alto, lo que acarrea una pena mayor como en la anterior ley, para los supuestos en los que exista violencia, intimidación o anulación de la voluntad.
Aquí se llega al punto en que es complicado saber si el PSOE y Podemos están hablando de lo mismo. “No vamos a cambiar el modelo. El consentimiento que está definido en el artículo 178 no se va a alterar”, explicó Fernández. En el artículo 178, se dice: “Sólo se entenderá que hay consentimiento cuando se haya manifestado libremente mediante actos que, en atención a las circunstancias del caso, expresen de manera clara la voluntad de la persona”.
Podemos opina que los cambios dejan sin valor el énfasis en el consentimiento, porque se obliga una vez más a las víctimas a demostrar que hubo intimidación. “Hasta ahora, si te quedabas paralizada durante una agresión, eras víctima de segunda, porque no podías demostrar que había habido violencia e intimidación a menos que tuvieras marcas en tu cuerpo y que tuvieras signos claros de violencia”, dijo Pérez. “Eso dista mucho de ser un modelo del consentimiento”.
Con estas declaraciones, es obvio que Podemos votará en contra de los cambios que propone el PSOE. Podrían salir adelante con el apoyo del Partido Popular, que de momento no ha concretado cuál será su voto. Lo que sí hizo el lunes su portavoz, Borja Sémper, fue promover una falsedad para criticar la actual ley. “Todo agresor sexual que cometa una agresión hoy tendrá una pena menor que la que le hubiera correspondido con el Código Penal anterior”, dijo.
¿Todos? Es falso que todos los tribunales que han revisado las sentencias después de la aprobación de la ley hayan reducido las penas. Es cierto que muchos lo han hecho. La Audiencia de Navarra decidió el mismo día que no hay que reducir la pena de quince años de uno de los miembros condenados de la Manada, que había solicitado la revisión. La pena “resulta igualmente susceptible de imposición con arreglo a la nueva regulación de los delitos contra la libertad sexual”, dice la sentencia.
En definitiva, PSOE y Unidas Podemos están en posiciones diametralmente opuestas. Los socialistas no tienen intención de pedir el apoyo de Feijóo. “No negociamos con el PP porque no quiere la ley”, dijo Patxi López. Alberto Núñez Feijóo afirma que mantiene la oferta de colaborar para arreglar lo que llama “la chapuza”. La gran duda es si el PP contribuirá a salvar a Sánchez en el más grave problema que tiene Moncloa en estos momentos.
La estrategia de Moncloa de reunir los últimos proyectos de ley polémicos en las últimas semanas del año pasado para afrontar 2023 limpio de polvo y paja ha fracasado. Eso sin tener en cuenta la ley de vivienda y la reforma de la ley mordaza, cuyo futuro no es muy optimista. No contaba con que una ley ya aprobada se iba a convertir en una carga. El PSOE no está dispuesto a llegar a las elecciones con este tema paseándose por los titulares.
La acusación de que Moncloa está obsesionada por las elecciones de mayo y noviembre es legítima, aunque poco realista. Si la izquierda no gana en las urnas, la ley del solo sí es sí será historia en el primer año de la nueva legislatura. La ley trans sencillamente desaparecerá. El Ministerio de Igualdad dejará de ser un Ministerio. Perder las elecciones siempre tiene un precio prohibitivo.