El presidente del Consejo General del Notariado, José Manuel García Collantes, ha criticado duramente este martes la reforma del Registro Civil y otros registros prevista por el Ministerio de Justicia porque la llevanza de los mismos por los registradores supondrá una privatización de los servicios públicos, un “intervencionismo atroz” en la vida privada de los ciudadanos y no conllevará a la agilización del tráfico jurídico, sino más bien lo contrario.
Durante un desayuno con periodistas, organizado por la Asociación de Comunicadores e Informadores Jurídicos (ACIJUR), el presidente de los notarios ha cuestionado la necesidad de la reforma, de la que únicamente se conoce un borrador que está circulando entre los diferentes colectivos implicados, puesto que la última efectuada, en 2011, no ha sido aún aplicada por encontrarse en 'vacatio legis' hasta el 1 de julio de 2014.
García Collantes ha señalado que en la propia exposición de motivos del proyecto de Ley de Registros, según aparece en el borrador, “el hombre es intrínsecamente malo y necesita vigilancia permanente” por lo que es necesario un poder superior que ordene la vida privada de los ciudadanos. En este sentido, la reforma es “de un intervencionismo atroz”.
A lo largo de su disertación, el presidente del Colegio de Notarios ha recordado que el borrador ha sido elaborado por registradores (pues esa es la condición del director General de los Registros y del Notariado, responsable de su redacción) y en él se justifica la reforma en motivos como la informatización de los registros que ya estaba contemplada en la Ley de 2011, aún por aplicar, que fue consensuada por todos los grupos políticos.
Ha añadido que el Registro Civil español, igual que otros como el de Últimas Voluntades, de Seguros y de Fundaciones, “funcionan muy bien”, son gratuitos e incluso generan beneficios para el Estado, por lo que no ve la necesidad de una reforma tan profunda como la que persigue la ley, que llega a afectar a principios tan consolidados como los que rigen la transmisión de la propiedad.
También ha criticado García Collantes que el proyecto carezca de estudio de viabilidad económica y que los registradores vayan a recibir unos registros “limpios de polvo y paja” después de una inversión de 160 millones de euros por parte del Estado para digitalizarlos.
PAGAR POR CERTIFICACIONES
Igualmente, ha recordado que por el momento sólo se ha hablado de la gratuidad de los certificados de nacimiento y defunción, y que otro de los problemas del borrador es que aumenta notablemente el elenco de actos inscribibles cuya certificación puede ser exigida a la hora de realizar cualquier trámite ante un organismo público, tal y como el de fijación de domicilio, poderes para pleitos, registro de uniones temporales de empresas etc.
A juicio de García Collantes, “hay que aumentar los actos inscribibles para aumentar la recaudación”, por lo que duda de que, tal y como han señalado en las últimas semanas representantes de los registradores, los nuevos cometidos que la ley impondrá a este colectivo supongan una carga.
Antes bien, ha señalado que aunque cada certificación no cueste al ciudadano más de tres o cinco euros, hay que tener en cuenta que según datos de 2007 el Registro de la Propiedad emite 4 millones de notas simples en papel al año y otros 5 millones de notas telemáticas, y el Registro Mercantil otros 11 millones. “Haciendo números, sinceramente, yo así me sacrifico”, ha ironizado.
Finalmente, el presidente de los Notarios ha calificado de “competencias ridículas” las que el proyecto de ley residencia en este colectivo, como es la celebración de bodas, consignación de divorcios o recogida de documentación para obtención de nacionalidad, ya que en todo caso todo este tipo de actuaciones deberá contar con “supervisión” de un registrador. “Son condiciones deshonrosas para los notarios”, ha añadido.
Tras la celebración de este desayuno, Garcia Collantes ha coincidido con Ruiz-Gallardón en un acto de encomienda al colectivo de notarios de las juras o promesas de nacionalidad, o que ha aprovechado para recordar que, pese a su visión crítica, el Colegio sigue teniendo la “mano tendida” para colaborar en la redacción de la nueva Ley de Registros.
A este respecto, el ministro ha asegurado de que se sigue trabajando en el texto del borrador y espera llegar a un acuerdo con todos los cuerpos afectados, aunque ha advertido que si este no llega a lograrse “ el Gobierno asumirá su responsabilidad” para acometer lo que considere más beneficioso para el ciudadano.