Un grupo de vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en funciones se ha erigido como una suerte de oposición al Gobierno desde el tercer poder del Estado. Son ocho de los 11 jueces y juristas elegidos a su día a propuesta del PP, que permanecen instalados en una estrategia de choque institucional que se pone de manifiesto en su papel en los plenos de la institución y que, a menudo, dejan por escrito en sus votos particulares. La última ocasión, a propósito de la reforma del delito de sedición.
Estos ocho vocales —Ángeles Carmona, Nuria Díaz, Juan Manuel Fernández, Carmen Llombart, Juan Martínez Moya, José Antonio Ballestero, José María Macías y Gerardo Martínez Tristán— intentaron que el pleno celebrado este jueves acordara hacer a iniciativa propia un informe sobre la reforma del delito por el que fueron condenados los líderes del procés a pesar de que la norma no lo requiere. En esta ocasión, la ruptura del bloque conservador impidió que saliera adelante la propuesta, que habría supuesto un nuevo encontronazo con el Ejecutivo el mismo día que el Congreso dio luz verde a la tramitación de esa reforma.
La Ley Orgánica del Poder Judicial fija que este órgano debe emitir informes sobre anteproyectos de ley y disposiciones generales que versen sobre modificaciones de la norma que regula el Poder Judicial. Sin embargo, esta reforma se ha planteado como una proposición de ley de los grupos parlamentarios de PSOE y Unidas Podemos, una modalidad que no requiere ese control previo. En un voto particular, estos ocho vocales cuestionan que se utilice esta fórmula en “reiteradas ocasiones” y que se obvie, en consecuencia, su “informe preceptivo”.
Además, recuerdan que existen “precedentes” de emisión de informes “por propia iniciativa”. Y citan varios ejemplos. Entre ellos, el informe sobre la reforma del Estatut que también forzó en 2005 la que entonces era la mayoría conservadora del CGPJ. Durante ese mismo mandato, el órgano también se saltó su propia ley para emitir un informe contrario al matrimonio entre personas del mismo sexo. Ese documento fue redactado por el ahora juez del Supremo José Luis Requero, que en su primera versión comparó los matrimonios entre homosexuales con “la unión entre un hombre y un animal”. Ese texto también salió adelante con el voto de los conservadores, entre los que estaba el actual consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid, Enrique López.
La renovación del Constitucional
Los ocho vocales que este jueves fracasaron en su nuevo intento de ir al choque con el Ejecutivo son los mismos que llevan más de dos meses poniendo trabas a la renovación del Tribunal Constitucional. El nombramiento de los dos magistrados que corresponde designar al órgano de gobierno de los jueces debería haberse realizado antes del 13 de septiembre. Pero durante todo este tiempo estos consejeros se han resistido a propiciar un cambio de mayorías —de conservadora a progresista— en el tribunal que deberá pronunciarse sobre asuntos tan sensibles como la reforma educativa, el aborto, la eutanasia o la norma que impide al CGPJ nombrar jueces cuando, como ahora, está en funciones. Esa situación de interinidad se remonta a 2018.
En el pleno de este jueves tampoco se llevaron a cabo los nombramientos. En un comunicado, el órgano afirmó que los vocales habían mostrado su “plena disposición” a “intentar cerrar” esas designaciones el 22 de diciembre, cuando está previsto el próximo pleno ordinario. Pero las fuentes consultadas sostienen que el compromiso es que, ese día, se “voten candidatos” aunque no hay garantías de que se lleven a cabo los nombramientos.
Esta negociación lleva semanas estancada por la sucesión de excusas y condiciones cambiantes de este núcleo duro de vocales elegidos a propuesta del PP. Su última exigencia es un cambio en la “metodología” de discusión en la que cada grupo “evalúa o valora la propuesta del otro y no meramente acepta el candidato único que propongan”. Pero los progresistas rechazan esta propuesta, que interpretan como un cuestionamiento del candidato que eligieron en votación interna hace tres semanas: el juez del Tribunal Supremo José Manuel Bandrés.
Además, afirman que supone romper con el acuerdo tácito con el que siempre ha funcionado el CGPJ y por el que cada bloque elige a un candidato y ese nombre es acatado por el otro grupo sin vetos cruzados. En este caso se acordó además que los elegidos fueran preferentemente jueces del Supremo, los de mayor categoría de la carrera y a los que se les presupone “preparación y reconocimiento”, según fuentes del grupo minoritario.
Otros choques con el Gobierno
El Gobierno y el CGPJ han mantenido una relación tirante desde que el PSOE llegó a la Moncloa, aunque la crispación entre ambos poderes del Estado se incrementó a partir de enero de 2020, cuando Unidas Podemos entró en el Ejecutivo. La reforma que reguló la interinidad del órgano de gobierno de los jueces supuso uno de los mayores puntos de fricción. Durante su tramitación, el CGPJ acusó a PSOE y Unidas Podemos de quebrantar la “separación de poderes” por quitarle competencias de forma exprés, pues se hizo —como ahora con la sedición— a través de una proposición de ley y mediante un procedimiento de urgencia.
Ese acuerdo fue promovido por la mayoría conservadora aunque finalmente lo suscribieron 16 de los 21 miembros del pleno. Sólo votaron en contra los progresistas Pilar Sepúlveda, Clara Martínez de Careaga, Rafael Mozo, Concepción Sáez y Álvaro Cuesta. Los partidos que sustentan al Gobierno respondieron —a través de la Mesa del Congreso, donde tienen mayoría— pidiendo “respeto” a su capacidad de legislar.
Este grupo de vocales también estuvo detrás de la respuesta del órgano a la reforma que devolvió al CGPJ la capacidad para hacer los nombramientos del Constitucional, pero no para otras instancias como el Tribunal Supremo, donde se acumulan las vacantes sin cubrir. Entonces sí salió adelante la propuesta de pedir al Congreso que les permitiera hacer un informe sobre la reforma. El expresidente Carlos Lesmes se sumó a esta iniciativa, que se aprobó por la mínima.
Siete de los miembros de este grupo —todos menos Martínez Moya— también votaron en contra de la elección de Álvaro García Ortiz como fiscal general del Estado. Consideraron que no era “idóneo” al no ver en él la imparcialidad requerida, una pega para la que utilizaron los mismos argumentos que había utilizado el PP para oponerse al nombramiento. En un voto particular, criticaron que García Ortiz participase en una mesa redonda sobre sostenibilidad organizada por una fundación del PSOE en 2019, cuando era fiscal delegado de medio ambiente. En los días precedentes, el PP también había esgrimido la foto de esa charla para cuestionar su “independencia”.