Hace casi 29 años el director general de la Guardia Civil, Luis Roldán, desaparecía del mapa. Buscado por liderar una trama de corrupción en el seno del Instituto Armado, fue finalmente condenado a 31 años de cárcel por, entre otras cosas, cobrar comisiones a constructoras a cambio de adjudicaciones. La última ramificación corrupta dentro del cuerpo, conocida como caso Cuarteles, investiga operativas similares a menor escala en un ejemplo de cómo las tramas de corrupción mutan, se adaptan al entorno, se atomizan pero siguen bebiendo de las mismas fuentes de dinero público y acudiendo a los mismos mecanismos para conseguir sus objetivos.
Las décadas de los años 1990 y 2000 fueron el caldo de cultivo de grandes tramas corruptas en administraciones públicas que, por norma general, controlaba el Partido Popular y cuyos políticos trenzaban alianzas subterráneas con empresarios que tenían siempre el mismo estribillo: regalos o comisiones para el político, trato de favor para el empresario en forma de adjudicaciones públicas amañadas y, como material superconductor de la corrupción, el intermediario que cobra por sentar a ambos en la misma mesa.
La última actualización se llama caso Mediador, con todos los ingredientes pero en una concentración mucho menor. El cable de mercurio es Marco Antonio Navarro Tacoronte, un exconvicto que grabó, fotografió y documentó cada paso que daba junto a políticos canarios del PSOE para cobrar de empresarios que aspiraban a verse beneficiados por pagarles fiestas y comisiones. La comparación de este y otros casos recientes con grandes tramas como Gürtel o Púnica no se sostiene más allá del andamiaje.
Una persona en prisión provisional, posibles comisiones que en el mejor de los casos suman 15.000 euros y una bajísima tasa de éxito entre los empresarios frente a las antiguas macrocausas cuyas sucesoras no pueden ni aspirar a reproducir sus números aunque toquen las mismas notas y aunque la corrupción siga siendo corrupción. La pieza principal de la Gürtel, una de las muchas en las que se desgajó el caso, dejó 29 condenados, casi 700 contratos públicos amañados por un valor de más de 140 millones de euros y un botín de más de tres millones entre comisiones y regalos para empresarios y políticos de la trama. Una podredumbre que se extendía desde el poder municipal hasta instituciones estatales como AENA.
Parece que la época de las grandes operaciones terminó, o al menos atraviesa una época de letargo. En 2009, cuando Mariano Rajoy y el PP defendían con aplomo que la trama Gürtel era una operación contra el partido y no del partido, la Audiencia Nacional imputó a 37 personas como primer plato de un menú con una decena de piezas separadas. En 2014 la operación Púnica lanzada desde la misma Audiencia arrancó con 35 detenidos y acumuló en una de sus piezas durante casi una década a más de 70 personas y empresas imputadas para después llevar a seis a juicio.
Ya en la transición entre ambas causas se apreció el cambio. Del ladrillo que había protagonizado la corrupción de la Marbella de Jesús Gil y Julián Muñoz o las 200 viviendas de obra pública amañadas por la Gürtel en Boadilla del Monte a los contratos para mejorar la imagen de los políticos en la trama Púnica, que también metió la cabeza en el negocio de los contratos públicos para la eficiencia energética de la mano con Cofely. La corrupción, como la vida en Jurassic Park, se abre camino y se adapta. Del Francisco Correa que iba a la boda de la hija del presidente José María Aznar al Alejandro de Pedro con el que hablaba hasta la presidenta Isabel Díaz Ayuso y a quien ahora nadie parece conocer. Como sucede con Francisco Camps y Álvaro Pérez 'el Bigotes'.
Corruptos y corruptores no son la única marca de nacimiento que comparten esta causas. También está el papel de los partidos políticos y su financiación, prácticamente impune porque la financiación ilegal no fue considerada un delito hasta 2015, con muchas tramas ya descubiertas y a salvo de ese artículo del Código Penal. Pero desde la Filesa del PSOE sentenciada en 1997 hasta la Gürtel del PP con varias condenas económicas para el partido, pasando por la sanción similar impuesta por el Supremo a Convergència por el saqueo del Palau de la Música, la financiación de grandes partidos con dinero corrupto lleva muchos años presente en España.
Otro ejemplo reciente dejó sentenciado en firme un caso de prevaricación y malversación con unos números difícilmente igualables: los ERE de Andalucía. Con el expresidente José Antonio Griñán entre los condenados a prisión, el Supremo declaró probado que un sistema fraudulento de ayudas repartió de manera arbitraria e irregular más de 600 millones de euros durante años en Andalucía. Los condenados no se lo llevaron al bolsillo como en un caso clásico de corrupción pero malversaron una cantidad de dinero público, según el Supremo, que hace palidecer los números brutos del resto de causas.
La nueva corrupción que vuelve
Las causas han adelgazado, pero su espíritu es el mismo y el musical ya no se desarrolla solo en la Audiencia Nacional, sino en juzgados y tribunales de todo el país. En Cantabria, por ejemplo, un juzgado de Santander investiga si la Consejería de Obras Públicas alojó una trama corrupta que amañaba contratos para la construcción de carreteras, con varios altos cargos del ejecutivo de Miguel Ángel Revilla cesados o dimitidos y varios millones de euros supuestamente desviados a cuentas particulares. Y si Francisco Granados está acusado en la Púnica de esconder casi un millón de euros en el altillo de su suegro, el jefe del Servicio de Carreteras de Cantabria está acusado de esconder 530.000 euros en efectivo en su casa junto con una máquina de contar dinero.
Quien también tenía dinero en efectivo en una caja de zapatos, en total 61.000 euros, era Francisco Javier Espinosa Navas, antiguo mando de la Guardia Civil y único preso preventivo del caso Mediador. Dinero en efectivo y, al más puro estilo Bárcenas, una contabilidad B. En esta causa, que lleva un juzgado de Canarias, la magistrada investiga si Navarro Tacoronte actuó de enlace entre políticos canarios del PSOE y empresarios para ayudarles a hacer negocio y hacer él mismo también negocio, con dádivas, fiesta y comisiones para los socialistas. El exdiputado Juan Bernardo Fuentes Curbelo, ya dimitido, está acusado de cobrar 15.000 euros por unas comisiones que él niega.
De isla a isla, en Palma un juzgado investiga el conocido como caso Puertos, con la lupa puesta en los supuestos amaños en la adjudicación de amarres por parte de la Autoridad Portuaria de Balears, dependiente del Govern. En Ibiza, otro juzgado investiga a Vicent Marí, el dirigente del Consell por el PP, por prevaricación en la adjudicación supuestamente irregular de un contrato para producir un cortometraje. En Córdoba, el caso conocido como Infraestructuras mantiene ocupados a tres juzgados investigando seis piezas separadas en torno a contratos de obras e, incluso, el pago con fondos públicos de la reforma de un garaje privado a las afueras de la ciudad. En el municipio vasco de Alonsotegi (2.900 habitantes) hay tres alcaldes del PNV imputados por distintas causas.
En Madrid, tal y como ha explicado elDiario.es, otro de los casos de supuesta corrupción con mayores implicaciones políticas se investiga en Arroyomolinos. Su alcaldesa y alto cargo del PP de Isabel Díaz Ayuso, Ana Millán, está investigada por cobrar 200.000 euros de un empresario al que había adjudicado más de 670.000 euros en contratos cuando ejercía como concejala. En Canarias la lista de supuestos casos de corrupción se remonta a más de dos décadas atrás en el tiempo con casos que abarcan casi todo el Código Penal.
Nuevas condenas y casos por juzgar
Los casos siguen siendo muchos, las comisiones y los contratos supuestamente amañados siguen ahí y las firmas que harían tiritar a cualquier funcionario honesto siguen apareciendo. Surgen como champiñones una década después del estallido de tramas como la Gürtel que hicieron accesibles al gran público las maniobras para torcer la voluntad de los poderes públicos y, llegado el caso, meter la mano en la caja.
Alberto Casero, diputado del PP hasta hace unas pocas semanas, está a la espera de ser juzgado por adjudicar cinco contratos pasando por encima de cualquier procedimiento administrativo y legal cuando era alcalde de Trujillo, por valor total de más de 90.000 euros. Pedro Antonio Sánchez, expresidente de la región de Murcia por el PP, acaba de ser condenado a tres años de cárcel por encargar un informe a un arquitecto verbalmente y sin expediente cuando era alcalde de Puerto Lumbreras. La Fiscalía acaba de pedir dos años y diez meses de cárcel para Xavier García Albiol, exalcalde de Badalona, por una instalación de antenas irregular en el municipio.
La lista adelgaza por el lado de los archivos pero crece, en clara desproporción, por el extremo de las nuevas aperturas, juicios y condenas. El Consejo General del Poder Judicial, que recopila datos sobre este tipo de procesos, explica que en 2021 los jueces de todo el país abrieron juicio por supuesta corrupción contra 273 personas, y se dictaron además un total de 65 sentencias con un balance de 44 condenas y 21 absoluciones.
Pendientes de juicio están algunos de los mayores casos de corrupción de la última década. Las principales piezas de la operación Púnica, con pesos pesados de la política como Francisco Granados y la financiación del PP de Madrid en el banquillo, o las de la operación Lezo, con el ex presidente madrileño Ignacio González como supuesto cabecilla del entramado. También el caso del 3% de Convergència, con la Fiscalía pidiendo condenas de hasta 21 años de cárcel. O la operación Kitchen, con responsables políticos como el exministro Jorge Fernández Díaz acusado de liderar una estrategia de uso de medios policiales para proteger al PP de sus propias causas de corrupción. Varias piezas de la trama Gürtel siguen pendientes de juicio o sentencia firme. La vieja y la menos vieja corrupción, por tanto, tienen todavía muchas temporadas por delante para seguir poniendo a prueba la capacidad de sorpresa de la ciudadanía y de los tribunales.
–––––––
Ya que estás aquí, sigue leyendo...
elDiario.es se financia con las cuotas de 60.000 socios y socias que nos apoyan. Gracias a ellos, podemos escribir artículos como éste y que todos los lectores –también quienes no pueden pagar– accedan a nuestra información. Pero te pedimos que pienses por un momento en nuestra situación. A diferencia de otros medios, nosotros no cerramos nuestro periodismo. Y eso hace que nos cueste mucho más que a otros medios convencer a los lectores de la necesidad de pagar.
Si te informas por elDiario.es y crees que nuestro periodismo es importante, y que merece la pena que exista y llegue al mayor número posible de personas, apóyanos. Porque nuestro trabajo es necesario, y porque elDiario.es lo necesita. Hazte socio, hazte socia, de elDiario.es.