El Tribunal de Constitucional ha anulado los acuerdos de la Mesa del Congreso por los que, atendiendo a la argumentación del Gobierno de Mariano Rajoy, bloqueó la tramitación de una proposición de ley de Unidos Podemos para el cierre ordenado de las centrales nucleares. Se trata del tercer fallo del TC contra el órgano que preside Ana Pastor por asumir el criterio del Ejecutivo del PP pese a tener margen de interpretación.
Al igual que ocurrió en los casos anteriores de sendas proposiciones de ley del PSOE sobre la Ley de Educación y las condiciones laborales de los empleados de subcontrata, el Tribunal Constitucional recuerda que la Mesa del Congreso tiene margen de interpretación a la hora de examinar los vetos del Gobierno, y que también debe velar por los derechos de los diputados, entre los que destaca el de presentar iniciativas legislativas.
En este caso concreto, la proposición de ley de Unidos Podemos-En Comú-En Marea pretendía regular el cierre progresivos de las centrales nucleares españoles en un plazo hasta 2024 y el cierre definitivo de la planta de Garoña (Burgos).
EL EJECUTIVO CALCULÓ 280 MILLONES DE INGRESOS MENOS
Pero el Gobierno no permitió su debate y, haciendo uso de la capacidad de veto que le da la Constitución por razones presupuestarias, rechazó la tramitación de la iniciativa alegando que cerrar las nucleares supondría una merma de ingresos de entre 210 y 280 millones, además de un aumento de los créditos presupuestarios para afrontar posibles indemnizaciones a las eléctricas.
La Mesa del Congreso, donde PP y Ciudadanos tienen mayoría, aceptó el escrito de disconformidad del Gobierno y bloqueó al iniciativa, pero el grupo confederal recurrió en amparo y ahora el TC le da la razón.
En la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, se recuerda al Gobierno que el veto “ha de referirse siempre al presupuesto en vigor en cada momento”, por lo que no es aplicable al cuadro macroeconómico plurianual, y que debe “precisar adecuadamente” los créditos presupuestarios afectados por la proposición de ley y que justifican el veto.
LA MESA TIENE MARGEN
Y, en cuanto a la Mesa del Congreso, se señala que dispone de “un margen de aplicación en la interpretación de la legalidad parlamentaria” y que debe “verificar la motivación aportada por el Gobierno”. Ese margen de interpretación, recuerda, también se puede llevar a efecto con un “pronunciamiento sobre el carácter manifiestamente infundado del criterio del Gobierno”.
En el caso del veto al calendario de cierre de las nucleares, en la sentencia se asegura que la Mesa asumió como propio el veto del Gobierno cuando, según el TC, el Ejecutivo basaba su rechazo a la iniciativa en una alteración presupuestaria de los tres próximos años, y no sólo del ejercicio en curso.
“Tal decisión conlleva una doble consecuencia desfavorable: de una parte, porque desnaturaliza la propia razón de ser de la potestad de veto del Gobierno, y de otro, porque ocasiona una limitación que contraria a los derechos del recurrente”, sentencia el TC.
En conclusión, el TC anula los acuerdos de la Mesa del Congreso que aceptaron el veto del Gobierno y obliga a que la iniciativa de Unidos Podemos vuelva al órgano del gobierno de la Cámara y así poder continuar su tramitación.