La nueva versión de Sánchez le acerca al pacto con el PP en asuntos de Estado pero le abre fisuras con sus socios de coalición

“El Gobierno bien, gracias. Ni se rompe, ni se resquebraja”, emiten desde La Moncloa. Ni por un tuit ni porque Yolanda Díaz sienta que Nadia Calviño intente poner palos en la rueda de la reforma laboral, ni porque Unidas Podemos desafíe al presidente con una querella a Meritxell Batet por prevaricación ante el Supremo. El nuevo marco de las relaciones laborales está en marcha. Es cuestión de tiempo, de procedimiento y de coordinación. No hay declaración por un lado ni sobreactuación por otro que vaya a frenar un compromiso adquirido solemnemente hasta en dos ocasiones por el presidente del Gobierno –la última vez el pasado fin de semana en el Congreso Federal del PSOE– y rubricado en el acuerdo de coalición. Al menos así lo defienden desde el gabinete presidencial. Lo que sí parece que se vislumbra es la firme voluntad del lado socialista del Ejecutivo de reaccionar a la popularidad de Díaz, tomar las riendas de una reforma que será estructural e implica a varios ministerios, y cerrar filas con Calviño en el enésimo enfrentamiento con la vicepresidenta segunda.

Lo demás es ruido y es cuestión de egos, justo lo que Yolanda Díaz dijo que la apartaría de su voluntad de crear un nuevo espacio para la izquierda. La política a veces es esto. En esta semana que acaba y que la democracia celebraba el décimo aniversario del fin de ETA, ha habido bulla y un acuerdo. Y es que la nueva versión de Sánchez y su decisión de circular por el carril de la centralidad –entiéndase por el credo de la socialdemocracia clásica– con un perfil más moderado y transversal tiene estas cosas: que al mismo tiempo le permite cerrar pactos con el PP en asuntos de Estado y le abre fugas de agua con su socio de Gobierno. De un lado, el acuerdo para la renovación de los órganos constitucionales. De otro, la exigencia de Unidas Podemos de convocar la comisión de seguimiento del acuerdo de coalición por lo que los morados entienden como una intromisión de la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, en asuntos que exceden de su competencia como la reforma laboral. Todo, claro, aderezado con una nueva entrega del “psicodrama mediático” representado por los del partido de Ione Belarra para presionar a sus socios en medio de una negociación. Y otro episodio más, no se olviden, de la guerra abierta entre vicepresidentas. La guinda: una querella de Unidas Podemos por prevaricación contra la presidenta del Congreso por cumplir una sentencia del Supremo, contraria al criterio de los letrados de la Cámara Baja, que según insistió el alto tribunal en las comunicaciones al Congreso exigía la retirada del acta de diputado a Alberto Rodríguez, condenado por dar una patada a un policía hace siete años.

Por partes. Gobierno y PP han cerrado en una tarde lo que fueron incapaces de desbloquear en dos años. Esto es la renovación del Defensor del Pueblo, el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas y la Agencia de Protección de Datos. En este marco, el PSOE se ha mantenido en la misma línea desde que caducó el mandato de los órganos constitucionales, que no era otra más que la de la renovación de acuerdo a la que mandata la Carta Magna. Quien se ha movido es el PP, que ha encadenado excusas para no negociar desde que caducaron los mandatos actuales. Unos dicen que por presiones del mundo judicial y otros que porque dos años más de bloqueo hasta las siguientes elecciones era insostenible para un Casado que pretende ser alternativa de Gobierno y se presenta mañana, tarde y noche como garante máximo de la Constitución. Sea como fuera, ambos podrán exhibir ahora capacidad de entendimiento en asuntos de Estado tras una negociación que se mantiene abierta para  renovar también el Consejo General del Poder Judicial y que, pese a lecturas precipitadas, acabará en diferido con un balance claramente favorable para el sector progresista. 

Un mayoría progresista en diferido para el Constitucional

Y es que aunque el sector conservador mantiene hoy la mayoría en el Constitucional, todo indica que la perderá el próximo junio cuando el Consejo General del Poder Judicial tenga que nombrar a otros dos magistrados (uno conservador y otro progresista) y al Gobierno le corresponda la designación de otros dos (progresistas). El PSOE ha aceptado, sí, la entrada de Concepción Espejel, con una clara afinidad política al PP por la que tuvo que inhibirse de juzgar el caso Gürtel, pero la izquierda da por hecho que tendrá que abstenerse o ser recusada en todo aquello que plantee el partido al que debe todos sus nombramientos en el ámbito judicial. 

El acuerdo entre Gobierno y PP no fue, además, motivo de discusión en ningún momento entre el PSOE y Unidas Podemos. De hecho, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, mantuvo informado a su socio de coalición de los avances y los nombres propuestos durante el transcurso de la negociación que mantuvo con el secretario general del PP, Teodoro García Egea. Incluso trasladó a los morados la lista con todos los nombres propuestos antes de que ésta recibiera el aval definitivo de los negociadores y llegara la los medios de comunicación.

Lo que no esperaba La Moncloa es que apenas unas horas después de cerrar el acuerdo, su socio le informara a través de Twitter de que exigía la convocatoria urgente de la comisión de seguimiento del pacto de gobierno a través de un tuit de la ministra de Derechos Sociales y secretaria general de Unidas Podemos, Ione Belarra. Según relato de la formación morada, la tarde anterior Yolanda Díaz informó a Belarra y al resto de ministros Podemos de un email que había recibido de la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, haciéndole saber que en adelante tomaba ella las riendas de la negociación sobre la reforma laboral, un compromiso del acuerdo de Gobierno del que la vicepresidenta segunda ha hecho bandera. Y, como la también ministra de Trabajo, sospecha que en el PSOE “pretenden convertirla en una nueva versión de Iglesias y provocar en ella una airada reacción en cada disenso”, la formación pactó que el tuit saliera de la cuenta de Belarra en busca de una nueva entrega de lo que en el partido se conoce como “un psicodrama mediático” y no es otra cosa que presionar a su socio a través de los medios de comunicación.

Adriana Lastra y Belarra ya buscan fecha para la reunión que podría celebrarse este mismo lunes. Pero el presidente salió desde Bruselas a respaldar a Calviño y dejar claro que la reforma laboral afecta a cinco ministerios, no sólo al de Díaz y que, por tanto, se negociará con todos ellos bajo la coordinación de la máxima responsable del área Económica del Gobierno. Sánchez pretende con un solo movimiento frenar el ímpetu de Díaz que trata de crear un nuevo espacio político en la izquierda para que “no se atribuya cuando llegue el momento un éxito que será de todo el Gobierno”. Pero también busca enviar un mensaje por un lado a Bruselas y por otro a la CEOE de que con Calviño al frente el nuevo marco laboral no se saldrá de la ortodoxia comunitaria ni generará inseguridad jurídica.

La pelea por la paternidad de la agenda progresista

“No hay motivo para la alarma ni justificación para la reacción de Podemos”, dicen en La Moncloa. Primero porque cuando acabe el año, estará cumplido el 40% del programa de la coalición. Segundo, porque todos los asuntos importantes que han suscitado fricciones entre los socios acaban saliendo, como es el caso de la Ley de Vivienda, la de Educación, el SMI o los Presupuestos. Y, tercero, porque la ministra de Trabajo, añaden desde La Moncloa, “no puede pretender pasearse sola por toda España haciendo campaña con la carpeta de la reforma laboral”.

“Calviño es la vicepresidenta primera del Gobierno. ¡Sólo faltaría que no pudiera coordinar una materia que es nuclear para este Gobierno y para su agenda progresista”, advierte un interlocutor socialista. “Lo que han hecho los socios no es más que fuegos de artificio porque ni está en duda la reforma laboral ni hay riesgo de ruptura en el Ejecutivo”, añade otro miembro del Ejecutivo que niega que en la parte socialista haya resistencia alguna para derogar el marco de relaciones laborales aprobado por el anterior Gobierno de derechas. “Vamos a derogar la reforma laboral, a pesar de todas aquellas personas que, estén donde estén, jamás han querido alterar el modelo de precariedad que impuso la derecha en nuestro país”, sentenció Díaz en la clausura del congreso de CC.OO, una alusión velada a Calviño. Extremo este último que niegan a la mayor desde La Moncloa. En Trabajo han codificado el gesto de autoridad de Sánchez y el alineamiento con su responsable económica, pero no tanto cómo se piensa justificar ahora que Calviño lidere una negociación en la que se lleva trabajando desde el 17 de marzo, y de cuyos avances se le ha hecho partícipe por escrito, y cómo lo encajarán los agentes sociales. “A la ministra no le gusta la bronca ni el protagonismo, pero si trascendieran los términos del mail que la envío Calviño se resquebrajarían los cimientos de la coalición”, añaden.

El PSOE entiende, por su parte, que no debe despistarse, que está en un buen momento, tras el año y medio de pandemia y que el presidente tiene bien definido un relato socialdemócrata sobre la salida de la crisis con la puesta en marcha de una agenda progresista y claramente social. Y añade que las diferencias esgrimidas por su socios sobre la reforma laboral no son de fondo ni estructurales, sino de plazos, procedimientos y coordinación. Lo que se dirime sobre todo, es quién se atribuye la paternidad de la medida. “La derogación prometida en el programa de gobierno es de envergadura. Una reforma que tendrá muchas caras y en la que tendrán mucho que decir, además del área Económica, la de Inclusión, Hacienda, Agenda 2030 o Educación porque engloba diversas disciplinas y porque diseñará el marco de relaciones laborales de las próximas décadas”, aseguran desde el Gobierno para poner en valor la decisión de no dejar en manos de Díaz una negociación sobre la que el PSOE pretende recuperar el diálogo social con los empresarios.

Más allá de todo ello, lo que subyace es que la luna de miel de los socialistas con Díaz, tras la salida de Pablo Iglesias del Gobierno, ha acabado. Y por si fuera poca la tensión vivida entre socios de gobierno, Unidas Podemos añadió más leña al fuego al anunciar la presentación de una querella por prevaricación contra la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, por retirar el acta de diputado a Alberto Rodríguez, en contra del criterio de los letrados de la Cámara pero en cumplimiento a una sentencia del Supremo. La decisión , que cayó como un jarro de agua fría en La Moncloa, se tomó en los órganos de dirección del partido morado y, al parecer, sin que tuviera conocimiento de ello Yolanda Díaz y tampoco otros dirigentes del grupo confederal. Algo que a efectos de la reacción que provocó en el PSOE resultó irrelevante. “Las sentencias se recurren, pero no se incumplen”, advirtió el secretario de Organización, Santos Cerdán, en apoyo a la decisión de Batet y en contra de la decisión sus socios.

El grupo confederal, dividido ante la decisión de la querella

Quod natura non dat, Salmantica non præstat -lo que la Naturaleza no da, Salamanca no lo otorga- fue el proverbio latino con el que en el PSOE explicaban el comportamiento de sus socios, antes de tratar de enfriar lo ocurrido y reconducir la situación durante el fin de semana. En todo caso, el anuncio de la querella no provocó malestar y estupefacción sólo entre los socialistas, sino también en el grupo confederal, donde no todos estaban al tanto de la decisión que Unidas Podemos presentó como colectiva y, después, trató de atribuir, como hizo el ministro de Consumo, Alberto Garzón, a una acción legal particular del diputado cesante Alberto Rodríguez en un claro movimiento de rectificación con el que calmar las aguas revueltas de la coalición. Rodríguez acabó anunciando a su llegada a Canarias que abandona la militancia y tratará de demostrar su inocencia en los tribunales.

Lo que asoma tras todo ello es de un lado que Sánchez, y no Calviño, es quien otorga y retira atribuciones en el seno del Gobierno y de ahí que vaya a ser ahora la vicepresidenta primera y no la segunda la que coordine la negociación de la reforma laboral. De otro, que el PSOE quiere rebajar el protagonismo de la impulsora de la creación de un nuevo espacio político en la izquierda. Y por último, apuntan fuentes moradas, que alguien en Unidas Podemos anda rumiando la posibilidad de provocar una ruptura de la coalición que provoque un anticipo electoral en 2022, ahora que Yolanda Díaz está primera en las encuestas como líder más valorada y el entusiasmo de Sánchez con la socialdemocracia clásica sirva de excusa a los herederos del 15-M para subrayar una nueva metamorfosis del presidente que le aleja de la hoja de ruta progresista. Atentos que vienen de nuevo curvas en el espacio de la izquierda.