Por tercer día consecutivo, aunque en menor número, miles de rumanos se han manifestado hoy contra el Gobierno socialdemócrata, añadiendo a la queja contra la corrupción la denuncia de la dura intervención policial del viernes, mientras el Ejecutivo acusa a la oposición de atacar el orden constitucional.
“No queremos ser un país de ladrones” y “Manifestación sin violencia”, fueron algunas de las consignas que se escuchaban hoy en la Plaza de la Victoria de Bucarest, donde está la sede del Gobierno.
Si el viernes fueron unas 110.000 personas y anoche 50.000, el número de manifestantes que exigía hoy la dimisión del Gobierno no superó los 10.000, según varios medios locales.
“La corrupción no deja que el país se desarrolle como debiera, ¿cómo puede ser que no hayamos logrado construir ni siquiera un kilómetro de autovía en los dos últimos años?”, lamentó en declaraciones a Efe Florin, uno de los participantes en la protesta de hoy.
Varias organizaciones cívicas, como Coruptia Ucide (La corrupción mata) o Rezistenta, entre otras, animaron a salir a la gente a la calle para denunciar que el Gobierno haya utilizado “el aparato de represión contra sus propios ciudadanos”.
La dura intervención el viernes de las fuerzas del orden contra los manifestantes dejó 450 heridos, 30 de ellos agentes, motivando que la Fiscalía abriera una investigación.
Mientras el presidente del país, el conservador Klaus Iohannis, criticó ayer la “brutal manera de proceder” de la Policía, el gobernante Partido Socialdemócrata (PSD) ha justificado la actuación de los agentes y ha acusado a la oposición y al jefe del Estado de atacar el orden constitucional.
“Es inaceptable que grupos organizados, apoyados por la oposición y por el propio presidente del país, ataquen el orden constitucional”, denunció Liviu Dragnea, líder del PSD y presidente del Congreso de Diputados.
Dragnea es el verdadero hombre fuerte del Gobierno, pero no puede ser investido primer ministro por una condena por corrupción.
Cristian Birdac, un asesor del Gobierno con rango de secretario de Estado, llegó a decir hoy en un mensaje en la red social Facebook que los manifestantes “deberían haber sido ametrallados”.
El PSD ha advertido de la posibilidad de convocar a cientos de miles de sus simpatizantes para contrarrestar las protestas antigubernamentales.
Rumanía lleva desde febrero de 2017 sufriendo periódicas olas de protestas contra el Gobierno de coalición encabezado por el PSD.
En febrero de ese año, una iniciativa legal para despenalizar varios casos de corrupción desató las mayores protestas desde la caída de la dictadura comunista en 1989.
Desde entonces, la tensión ha vuelto periódicamente a la calle y también se ha manifestado en el pulso que el presidente mantiene con el Ejecutivo.
Iohannis trató de bloquear infructuosamente el pasado abril la destitución de la fiscal jefa anticorrupción ordenada por el Gobierno, que la acusaba de “exceso de autoridad”, de haber violado la Constitución y de perjudicar la imagen del país en el extranjero con sus investigaciones sobre casos de corrupción política.
Tanto el Consejo Superior de Magistratura de Rumanía, que vela por la independencia de la Justicia, como la Comisión Europea mostraron su apoyo a la fiscal destituida.
El pasado junio, miles de personas volvieron a echarse a la calle por la propuesta del Gobierno de reducir las penas y eliminar delitos relacionados con el abuso de poder, un mes después de que Dragnea fuera condenado justo por ese delito.
Rumanía, que entró en la Unión Europea en 2017, sigue bajo la vigilancia de Bruselas en materia de corrupción e independencia de la Justicia, y fue criticada por la Comisión Europea el pasado enero por la falta de avances.