La llegada del nuevo Gobierno obligará a nombrar nuevo fiscal general del Estado, un puesto al que su actual ocupante, Consuelo Madrigal, puede volver a optar por no haber transcurrido dos años desde que tomó posesión de su cargo en enero de 2015. De ser nuevamente designada lo será por cuatro años más.
Así lo posibilita el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, una de cuyas últimas reformas reforzó la autonomía de este órgano mediante la limitación del mandato y la fijación de los motivos de cese del fiscal general, entre los que se incluye el del Gobierno que lo haya nombrado.
Si se da la circunstancia de que Madrigal vuelve a ser propuesta por el Gobierno, deberá volver a pasar por todos los trámites para ser nombrada que detalla el artículo 29 del Estatuto, y que implican a los tres poderes del estado: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, según han explicado a Europa Press fiscales.
El nuevo o nueva fiscal será nombrado por el Rey a propuesta del Gobierno pero oído previamente el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), al que de ser propuesta Madrigal volvería a preguntarse sobre su idoneidad para el cargo.
Una vez recibido este informe, el nuevo Gobierno de Mariano Rajoy comunicará su propuesta al Congreso de los Diputados, que convocará a la persona elegida ante la Comisión de Justicia, cuyos miembros escucharán al candidato o candidata y podrán valorar así sus méritos.
Una vez nombrado, el fiscal general del Estado prestará ante el Rey el juramento o promesa que previene la Ley y tomará posesión del cargo ante el Pleno del Tribunal Supremo, según detalla el Estatuto.
Además de Madrigal, otros nombres que suenan como candidatos al cargo son el presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska y el propio presidente de este órgano, José Ramón Navarro, según se comenta en círculos judiciales consultados por Europa Press.
Renovaciones en la cúpula judicial
La toma de posesión del Ejecutivo de Rajoy también permitirá “desatascar” una decena de nombramientos que estaban pendiente realizarse en la cúpula fiscal y que se encuentran pendientes desde hace meses, entre ellos el de la Fiscalía Anticorrupción, a cuyo frente se encuentra en funciones la teniente fiscal de este departamento Belén Suárez tras la salida de Antonio Salinas por haberse jubilado a mediados del pasado mes de octubre.
Se trata de un puesto que muchos consideran estratégico dada la cantidad de procedimientos pendientes de resolución y que afectan a cargos públicos, y también por las operaciones que pudieran iniciarse por nuevas tramas descubiertas. Para él se postula entre otros fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza -cuyo mandato en dicho órgano caducó el pasado mes de junio-, si bien todas las quinielas colocan como más probable a Alejandro Luzón, un fiscal muy experimentado en este departamento y actualmente en la Secretaría General Técnica.
Otros nombramientos pendientes son el de fiscales jefe de la salas de lo Penal y de lo Social del Tribunal Supremo, el de la propia Audiencia Nacional, el de fiscal jefe Antidroga, de Medio Ambiente, de Criminalidad Informática, de Extranjería, de Cooperación Internacional y el de Seguridad Vial.