El director general de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad, José Antonio Rodríguez González ha explicado este lunes al juez de la Audiencia Nacional que instruye el caso Koldo que él recibió el contacto de la empresa vinculada a la presunta trama de manos del gabinete del ministro José Luis Ábalos y que su papel se limitó a transmitirlo a otro excargo de Interior, Daniel Belmar. Ha negado haber recibido ni dar a su vez ninguna indicación al respecto de contratar con esa empresa.
Así lo han aseverado varias fuentes jurídicas a Europa Press, que subrayan que el responsable de Interior se ha limitado a confirmar lo que ya declaró en su día Belmar --ya jubilado y que entonces ocupó la Subdirección General de Planificación y Gestión de Infraestructuras y Medios para la Seguridad--. Asimismo, ha recordado que ese teléfono de Soluciones de Gestión le llegó en una reunión del Centro de Coordinación y Emergencias (CECOR) y que supo entonces que era la empresa con la que ya habían contratado Puertos del Estado y Adif, dos empresas públicas dependientes del Ministerio de Transportes.
Belmar, que se encargó de coordinar la adquisición de mascarillas, sostuvo en su declaración testifical que fue Rodríguez González quien le habló de Soluciones de Gestión y quien le facilitó el contacto de Íñigo Rotaeche, el director ejecutivo de esa empresa.
Las auditoras ratifican el informe
Este lunes también han declarado las dos inspectoras del Ministerio de Transportes, Sara Anguita y Ana Balbás, que participaron en el informe de auditoría realizado por el Ministerio de Transportes que ahora dirige Óscar Puente y que habla de “irregularidades” en los contratos para la compra de mascarillas durante la pandemia y señala a la gestión del equipo del exministro Ábalos.
Las fuentes consultadas han comentado que ambas se han limitado a confirmar su trabajo y han apuntado que trabajaron en base a correos oficiales y no personales de las personas objeto de su informe. El que fuera jefe de personal de Adif Michaux Miranda, investigado en la causa, cargó duramente en su declaración contra ese informe tachándolo de “despropósito” y de recoger declaraciones “descontextualizadas o directamente tergiversadas”.