El número dos del Ministerio del Interior durante la operación Kitchen, Francisco Martínez, considera que el juez de la causa ha evidenciado un doble rasero al recurrir al diario del comisario Villarejo para dictar su procesamiento al tiempo que ha despreciado el contenido del mismo cuando se trataba de exculpar a María Dolores de Cospedal, antigua secretaria general del PP, entre otros.
En su recurso contra el auto de procesamiento, la defensa de Martínez reprocha al magistrado Manuel García Castellón que se refiera al diario del comisario como “meras anotaciones realizadas por un investigado”, y en consecuencia ignore “la mayor parte del contenido de tales conversaciones por carecer de credibilidad”, y luego “solo se considere relevante la parte de las ‘agendas del Sr. Villarejo’ que perjudican” al número dos de Interior en la primera legislatura de Mariano Rajoy. La defensa de Martínez cree que García Castellón ha actuado de acuerdo a “una idea preconcebida y no al resultado de las pruebas practicadas, como se puede concluir de la existencia de manifestaciones absolutamente erróneas”.
En las agendas de Villarejo, entre las múltiples reuniones con Cospedal, se especificaba un pago materializado a través de su jefe de gabinete, José Luis Ortiz, también exculpado por el juez junto al empresario y marido de la exsecretaria general del PP, Ignacio López del Hierro. García Castellón alude en su auto al “derecho de reunión” y añade que Cospedal negó en su declaración pagos al comisario “con contundencia”.
La defensa de Martínez añade que, en cualquier caso, está “absolutamente de acuerdo” con la decisión de levantar la imputación a Cospedal y su entorno. Contrasta con el recurso presentado por Jorge Fernández Díaz en el que el inmediato superior de Martínez aduce, a través de su defensa: “Es claro que el origen de la operación Kitchen ni estuvo relacionado ni afectaba al Ministerio del Interior. Y es obvio que el Sr. Bárcenas era el Tesorero del Partido Popular, no del Ministerio del Interior”.
En el escrito de su defensa, Martínez critica que con las agendas en la mano el juez desestime las peticiones de algunas diligencias que han formulado las partes o que se acuerde el sobreseimiento de la “rama política” de la operación Kitchen y se utilice su contenido para acusarle a él, pese a que incluyen afirmaciones que se han demostrado falsas, como la alusión a un viaje a Argentina que nunca hizo o que tenía relación con el entonces diputado de Ciudadanos José Manuel Girauta, alega el letrado. Martínez denuncia indefensión, entre otros motivos, porque su defensa solo ha podido estudiar las agendas de Villarejo un mes y medio frente al año en que estuvieron en poder de Asuntos Internos y los ocho meses que han pasado en el juzgado.
Martínez cree que a él se le debe aplicar otro razonamiento que se utiliza para exculpar a Cospedal: falta de interés en recuperar unos documentos que, o en el caso de la secretaria general del PP ya había tenido acceso a ellos, o en en el caso del número dos de Interior, aspirante en su momento a suceder a Fernández Díaz, no le afectaban. “Es de una lógica aplastante que ningún interés podría tener la señora Cospedal en idear una operación para hacerse con aquello que durante meses tuvo a su disposición en la propia sede del PP, pero todavía es más aplastante es la lógica que permite afirmar la absoluta falta de cualquier motivación, interés o preocupación, o remota que fuese, de mi mandante en obtener unos documentos que no podían afectarle de ningún modo y a los que directamente afectados podían haber accedido por estar en una sala existente en la sede de su partido”.
La denuncia de la defensa de Francisco Martínez respecto a Cospedal y las agendas de Villarejo se extiende al caso de Ignacio Cosidó, que ni siquiera ha sido llamado a declarar como testigo pese a ser el máximo responsable de la Policía en el momento del espionaje a Bárcenas. Sobre Cosidó, el abogado de Martínez no acierta a explicar cómo se puede atribuir a su cliente una “maniobra” para que el chófer de Bárcenas ingresara en la Policía como parte del pago por sus servicios como confidente y se ignore que las resoluciones de convocatoria de la oposición y de acceso de los aprobados van firmada por el entonces director general del Cuerpo.
En el escrito se reitera la necesidad de interrogar a los miembros del tribunal de la Policía que examinaron a Sergio Ríos Esgueva y los agentes que puntuaron las pruebas físicas, incluidos en la lista de 198 personas que al defensa de Martínez incluye en su escrito y que habrían participado de una forma u otra en el citado proceso de selección.
La utilización de las agendas por parte del juez se reproduce, según Martínez, en el caso de las grabaciones de Villarejo, a las que su abogado tacha de “fanfarronadas de sobremesa”. Sin embargo, el instructor las utiliza contra el exnúmero dos de Interior por supuestos encargos que éste habría hecho al comisario y, sin embargo, ignora mensajes intercambiados con el director adjunto operativo Eugenio Pino en los que, de forma “espontánea”, exponen la imposibilidad de que se les atribuyan actuaciones que no han cometido. Esa conversación con Pino se produce cuando ya se barrunta la imputación de Martínez y están en el teléfono móvil que le intervino Asuntos Internos.
Fondos reservados
Igualmente, denuncia Martínez, el magistrado ha ignorado declaraciones de testigos que le favorecían, como la del que fuera jefe del Gabinete de Coordinación de la Secretaría de Estado, Diego Pérez de los Cobos, quien expuso que las partidas de fondos reservados llevaban su firma y la de Martínez y que sólo él comprobaba que esos documentos justificaban las partidas entregadas por adelantado el mes anterior. Martínez pide que se incorpore a la causa la contabilidad de los fondos reservados correspondiente a los años 2013, 2014 y 2015 preservando en todo momento la identidad de los confidentes o cualquier otro dato delicado.
La defensa del supuesto “coordinador” de la operación Kitchen incide en la negativa del juez a las múltiples peticiones de las partes para que siguiera investigando con el argumento, entre otros, de que ya se habían practicado todas las diligencias acordadas. “No es cierto y el auto debe revocarse y practicarse las mismas, lo que motivaría la necesidad de acordar la prórroga de los plazos máximos de instrucción”, corrige la defensa de Martínez al juez. Y explica que, por ejemplo, una colaboradora en el ministerio del secretario de Estado no pudo prestar declaración como testigo el día que fue citada y se ha cerrado la causa sin volverla a citar.
El abogado de Martínez lamenta que el juez rechazara la petición de Asuntos Internos de solicitar a Sitel que acreditara si Fernnández Díaz había hecho un “borrado masivo” de mensajes de whatsapp o que esa misma unidad compruebe si su cliente utilizó dos ordenadores y un pendrive que permanecen precintados en la sede de la Comisaría General de Información. También quiere que se incorporen varios testimonios de la comisión de investigacion del Congreso.