La frase de Pedro Sánchez trajo cola. “Con un poder legislativo constructivo o restrictivo, vamos a seguir gobernando para la gente, para la convivencia y el progreso”. Enseguida varios socios parlamentarios se lanzaron a afear las palabras del presidente del Gobierno durante el Comité Federal del PSOE y le lanzaron un aviso: sin el Congreso, no puede gobernar.
Lo que Sánchez intentó con esa declaración de intenciones fue desterrar el escenario de un adelanto electoral provocado por una legislatura inane. Y por eso quiso mandar un mensaje contundente en el arranque de curso político sobre la continuidad de su Gobierno. Pero más allá de las palabras del presidente, tanto en el Palacio de la Moncloa como en la calle Ferraz tienen claro que cualquier atisbo de llevar la legislatura a 2027 pasa, indefectiblemente, por aprobar al menos unos Presupuestos Generales del Estado.
En esa misión se empleará el Ejecutivo a fondo en los próximos meses a pesar de todas las piedras que tiene por delante en el camino, que no son pocas. Para empezar, que desde la vuelta de las vacaciones de verano la mayoría parlamentaria que invistió hace menos de un año a Pedro Sánchez se haya diluido como un azucarillo.
Casos como los del PNV, Coalición Canaria o el voto de José Luis Ábalos, que esta semana han contribuido a alguna derrota del Gobierno en el Congreso como la de la propuesta del PP para reconocer a Edmundo González presidente legítimo venezolano, son apreciados en la bancada socialista como situaciones muy puntuales que no implican dar por perdidos a futuro esos apoyos. Pero otra cosa muy distinta es el capítulo del independentismo catalán.
Desde el Gobierno, de hecho, ya se da por perdida la votación que en un par de semanas debería respaldar la senda de estabilidad de este año, ya tumbada en el mes de julio en primera instancia por el voto en contra de Junts, que unió la fuerza de sus siete diputados a los de PP y Vox para dar portazo a una medida que supone la antesala del proyecto de cuentas públicas. Aún enrocados en el despecho tras el pacto de investidura de Salvador Illa entre el PSC y ERC y volcados en el congreso del partido del mes de octubre, los de Carles Puigdemont han cortado por el momento cualquier vía de colaboración con la Moncloa.
“Creo que ellos mismos se responderán que, tal como está ahora esto, muy optimistas de cara a no sé qué votación no pueden estar. No pueden quedarse sorprendidos porque están avisados”, dijo este viernes en la SER el secretario general del partido, Jordi Turull, a la pregunta de si estaban en disposición de apoyar unos Presupuestos. La respuesta no ha pillado por sorpresa al Partido Socialista.
Desde el PSOE ya contemplan, de hecho, que el escenario más probable es el de una nueva prórroga presupuestaria el 1 de enero. “Es una posibilidad y, aunque no sea el escenario deseado, nosotros defendemos que los presupuestos en vigor son progresistas y son expansivos”, argumentan en el seno del Ejecutivo. Pero hay una hipótesis más optimista entre las filas socialistas que se afana en atisbar una luz al final del túnel. “Estamos en septiembre, la investidura de Illa fue hace un mes y el congreso de Junts es en octubre. Vamos a darle a todo el mundo su espacio y su tiempo porque igual en enero la situación es otra”, reflexiona un alto cargo del Ejecutivo.
La esperanza es justo esa. Que el paso de los meses sin competiciones electorales a la vista contribuya a apaciguar los ánimos de todos, a resolver las hojas de ruta de Junts y ERC y a reconstruir el castillo de naipes que Pedro Sánchez fue capaz de poner en pie para su investidura. “En absoluto descartamos sacar adelante los Presupuestos, aunque sea fuera de plazo”, señalan desde el Gobierno.
Para darle ese espacio principalmente a los de Carles Puigdemont, que siguen siendo imprescindibles en la aritmética parlamentaria aunque hoy no estén en disposición siquiera de sentarse a negociar, Moncloa ya tiene preparada la escaleta política de las próximas semanas. El presidente convocará durante la segunda quincena de septiembre al conjunto de presidentes y presidentas autonómicas al Palacio de la Moncloa para abordar los debates pendientes sobre la condonación de la deuda autonómica y sobre la reforma de la financiación. Y la idea es que en otoño el ministerio de Hacienda presente en el Congreso un proyecto de Presupuestos pactado en el seno de la coalición entre el PSOE y Sumar y que eche a andar en su tramitación parlamentaria pese a la falta de apoyos.
Mientras, los contactos entre Ferraz y Waterloo permanecen inalterables. La interlocución entre los socialistas y el hombre que mantiene todo el poder sobre los designios del independentismo catalán conservador no se ha interrumpido desde el inicio de la legislatura. Y eso resulta fundamental para Pedro Sánchez, que aun cuando las circunstancias son adversas para el entendimiento y se produce una quiebra de la colaboración parlamentaria, como es el caso, cuenta con información fidedigna casi en tiempo real de lo que se dispone a hacer Puigdemont. Y hoy por hoy saben de primera mano que no hay margen para acordar casi nada.
“Si cumplen los acuerdos a los que se va llegando y lo que hay planteando en el Acuerdo de Bruselas no deben sufrir”, dijo Turull en la entrevista de la Cadena SER, en la que advirtió: “Adivinar lo que votará Junts es muy sencillo. Todo lo que vaya consolidando el café para todos no tendrá nuestro voto. Todo lo que aumente los agravios económicos o la invasión de competencias hacia Catalunya no tendrá nuestro voto. Pero si ellos, conscientemente, van incumpliendo uno tras otro los acuerdos, saben que no pueden exigir ni pasar la responsabilidad a la otra parte”, concluyó.
Los movimientos que se suceden desde el Tribunal Supremo tampoco ayudan a enfriar el ambiente. Esta semana, el juez Llarena confirmó que no aplica la amnistía a la malversación atribuida a Puigdemont. El instructor de la causa del procés en el alto tribunal rechaza el recurso del expresident catalán y mantiene que la norma no se aplica a este delito imputado a él y a los exconsellers Comín y Puig, y por el que sigue en búsqueda y captura.
El paso de los meses, espera el Gobierno, también debe contribuir a que el Tribunal Constitucional tenga el tiempo suficiente de ir desmadejando la aplicación de la ley de amnistía. Algo que sí desbrozaría de manera casi definitiva el regreso de Junts a la colaboración parlamentaria. Aunque solo sea para sacar adelante unos Presupuestos Generales del Estado que conviertan en algo más realista la promesa de una legislatura sostenible hasta 2027.