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Seis claves ocultas en los testimonios del juicio a la policía política del PP

Eugenio Pino (dcha) y Bonifacio Díez sentados en el banquillo de los acusados

Pedro Águeda

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Como en esos cuadros que ocultan figuras inapreciables al primer vistazo, los seis policías y la secretaria que declararon este lunes en el juicio por el pendrive del caso Pujol fueron dejando comentarios aparentemente inocuos que, una vez tomada distancia y unidos entre sí, hacen emerger la leyenda “brigada política”. Este es un repaso por esas fugaces afirmaciones durante la primera sesión de la vista que revelan el 'modus operandi' en la cúpula de la Policía durante el periodo en el que uno de los acusados, Eugenio Pino, estuvo al frente de la misma y que coincide con la primera legislatura de Mariano Rajoy.

La guerra de comisarios: “Martín Blas era amigo personal. Fue mi jefe y luego fui yo su jefe. Por los problemas que tuvo con Villarejo propuse su cese. No me fue leal” (Exdirector adjunto operativo Eugenio Pino).

Colaboradores del Partido Popular cuando los conservadores estaban en la oposición, Pino y Martín-Blas facilitaban información a sus dirigentes. Al llegar Mariano Rajoy al poder, a finales de 2011, la cúpula de la Policía que tomó posesión fue el resultado de una lucha de intereses en el Partido Popular. Pino salió vencedor y se convirtió en director adjunto operativo (DAO). Su “amigo” Martín-Blas fue relegado a la Unidad de Asuntos Internos, si bien del DAO Pino tenía previsto para ella cometidos inéditos hasta ese momento.

Al grupo que conformaría la brigada política se unió otro comisario, José Manuel Villarejo, igual de extremista que ellos en sus convicciones políticas, pero dispuesto a poner sus dudosos métodos al servicio del Gobierno de cualquier color. Asuntos Internos se convirtió en la conexión de la Policía con el CNI en casos como el Pequeño Nicolás o la Operación Emperador, en los que Villarejo ya estaba en el punto de mira del Servicio de Inteligencia. Así, Martín-Blas fue el investigador y Villarejo el investigado. La tensión terminó por estallar y el jefe de Asuntos Internos fue el sacrificado frente al guardián de todos los secretos en forma de grabaciones, según se ha sabido después.

La UDEF como instrumento para blanquear la brigada política. “Guardé el pendrive en un cajón y después, haciendo una recopilación y revisión de las cosas que tenía ahí, lo encontré” (Inspector de la UDEF José Manuel Á. Luna)

El inspector jefe Luna es un histórico de la UDEF. Ha participado en todas las grandes operaciones anticorrupción de la unidad. No es un miembro de la brigada política, pero la utilización que Pino hizo de la unidad de élite, en la época de Jorge Fernández Díaz como ministro, contaminó a la misma y provocó una decadencia en ella de la que aún no se ha recuperado.

Luna ha tenido que declarar como testigo porque el pendrive de los Pujol es una obtención de la brigada política que se intentó introducir en el caso de la Audiencia Nacional a través de los agentes de la UDEF que actúan como policía judicial, esto es, a las órdenes directas del juez. Algo similar ocurrió con el informe PISA de Podemos, que viajó de la DAO de Pino a la UDEF y ésta lo presentó a la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo, que despreciaron su contenido.

La guerra sucia a Podemos: “A García Catalán le mandé a una cosa a Nueva York” (Eugenio Pino)

Concretamente, a recabar el testimonio de un exministro de Hugo Chávez contra Podemos. José Manuel García Catalán, jefe accidental de la Brigada Anticorrupción, y una subordinada participaron en la comitiva para intentar dar una apariencia legalidad a aquella visita. Pero quien llevó la voz cantante con el ministro exchavista fue José Ángel Fuentes Gago, mano derecha de Pino y figura destacada de la brigada política. Fuentes Gago llegó a decir Rafael Isea que había que evitar como fuera que Podemos llegara al poder y que instalaría a su familia en España a cambio de información contra Podemos.

Fuentes Gago le dijo a Isea que llevaba “un mandato” del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Con su testimonio, que no tuvo ningún alcance penal, García Catalán y su subordinada realizaron un informe que llevaba el sello de la UDEF y su firma y carnets profesionales. Rápidamente apareció publicado en el diario Abc. Los policías lograron que el exministro les firmara un documento supuestamente incriminatorio de los vínculos de los líderes de Podemos con Hugo Chávez y el régimen bolivariano que, según desveló después el propio Isea, “era una copia”.

La Operación Catalunya: “Díez Sevillano estuvo en Andorra y con ocasión de su trabajo allí pasó al staff mío” (Eugenio Pino)

El inspector jefe Bonifacio Díez Sevillano es el otro acusado en el juicio del pendrive del caso Pujol. Como Pino, está imputado por el espionaje a Luis Bárcenas con fondos reservados en la Audiencia Nacional. Su trayectoria policial en los años anteriores y durante el Gobierno de Rajoy encaja perfectamente en aquella policía política. Antiguo agregado de Interior en Andorra tenía contactos en un lugar de máxima prioridad para la brigada política: en ese país escondían su dinero los Pujol y presuntamente otros líderes del proceso soberanista. No en vano, Pino, él y Martín-Blas son investigados en un juzgado andorrano por haber coaccionado y chantejado presuntamente a los dueños de Andbank para que les facilitaran las cuentas de la familia del expresident en la entidad bancaria.

En la Dirección Adjunta Operativa estuvo liberado -“era uno más”, ha dicho Pino de Díez Sevillano. Al tribunal, el propio inspector jefe le ha intentado hacer creer que se dedicaba a llevar la agenda de Pino, a preparar actos oficiales, trasladar documentos… Como otros miembros de la brigada política fue recompensado con una medalla roja pensionada y y un destino dorado en la Embajada de México, donde percibía, hasta que cambió de color el Gobierno, 11.000 euros brutos mensuales.

La recompensa de las medallas pensionadas. “Hice muchas copias de pendrive pero no recuerdo el de Pujol” (María Rosario Gallego, secretaria de Pino)

Ha sido secretaria de los directores adjunto operativos de los últimos treinta años, según ha dicho en el juicio, pero solo dos le han concedido una medalla. Eugenio Pino le otorgó la Roja al Mérito Policial, destinada legalmente a premiar a los funcionarios que han puesto en riesgo su vida, pero que se utiliza como una recompensa con un 10% de subida en la asignación mensual de por vida. En 2014, y a propuesta de Eugenio Pino, Gallego recibió una de ellas “por su meritoria trayectoria personal”.

El abogado de Podemos, Alejandro Gámez, ha intentado preguntarle por esta cuestión a la testigo, pero la jueza se lo ha impedido por no estar relacionado con la causa. Todos los miembros de la brigada política que están imputados en el caso Villarejo fueron condecorados por Pino con medallas pensionadas. El propio Pino se jubiló con la más alta distinción que un policía puede recibir en vida, con un 15% de asignación mensual.

La “oficina siniestra”, el nido de la brigada política. “Yo estaba en (la calle) Rafael Calvo, en una oficina del consejo asesor que estaba en la comisaría de distrito” (Inspector jefe Bonifacio Díez Sevillano).

Los policías que integraron la primera línea de la brigada política trabajaban y/o se reunían en un local que está en el edificio de la comisaría de la calle Rafael Calvo, en el centro de Madrid, a pocos metros de la Dirección General de la Policía. Ese lugar, sin distintivos, que ha aparecido señalado en otros sumarios, era el lugar de trabajo de los lugartenientes de Pino. Allí por ejemplo prestaron declaración dos abogados próximos a Villarejo que intentaron hacer un montaje a un comisario y a un fiscal Anticorrupción, grabándoles en sus dependencias y presentando después una denuncia presuntamente falsa.

Ese comisario al que intentaron grabar bautizaría después coloquialmente el lugar como “la oficina siniestra”. “Ahí estábamos haciendo un poco de todo: a veces nos trasladábamos a un acto oficial, que fuera el ministro, a inaugurar una comisaría, dábamos apoyo al DAO… un poco para todo”, ha dicho en su declaración Díez Sevillano. En el sumario del Pequeño Nicolás, el inspector jefe José Ángel Fuentes Gago reconoce que allí ubicaron una gran memoria informática externa con multitud de informaciones que, según él, llegaban de forma anónima a la Dirección Adjunta Operativa de la Policía.

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