Primero fueron un grupo de fiscales Anticorrupción, después guardias civiles de la UCO y ahora policías de la UDEF. En las últimas semanas, funcionarios acostumbrados a hacer su trabajo de forma anónima, sujetos al escrutinio del juez de instrucción, se han convertido en objetivo de críticas procedentes del poder político y de distintos medios de comunicación. El detonante es común en todos los casos: informes que han señalado a pesos pesados del partido en el Gobierno, como Alberto Ruiz-Gallardón o Cristina Cifuentes, y al empresario Ignacio López del Hierro, marido de la secretaria general del PP y ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal.
López del Hierro y el exministro de Trabajo Manuel Pimentel son mencionados en un informe de la UDEF cuyo contenido fue difundido por los medios de comunicación el pasado 19 de mayo, después de que el juez lo pusiera a disposición de todas las partes personadas en el proceso. Tras la publicación de esas noticias, López del Hierro escribió una carta al director de la Policía, Germán López, en el que trata de desacreditar el contenido del informe de la UDEF en lo que a él se refiere y exige una investigación sobre su redacción. El escrito policial relaciona a López del Hierro con una trama para cobrar comisiones en terceros países con cargo a la ayuda al desarrollo, un mecanismo similar al que presuntamente utilizó el clan Pujol.
La misiva fue desvelada este lunes por El Mundo, en una información que añadía que López en persona iba a interrogar al policía responsable del documento. Fuentes del Ministerio del Interior aseguran que el director de la Policía no ha tomado esa decisión pero admiten que el máximo responsable de la institución “estudia” la carta. El texto no supera las veinte líneas, según fuentes conocedoras del mismo. En él, López del Hierro amenaza con una querella en la que está dispuesto a incluir al propio Germán López, como director de la Policía.
De producirse, la entrevista del director general con el instructor de las diligencias sería del todo irregular. El protocolo de la Policía obliga a que López solicite un informe al director adjunto operativo y que éste traslade la orden por conducto reglamentario hasta llegar al inspector firmante del informe. Y esta vía es comprometida, toda vez que el agente actúa en funciones de policía judicial, a las órdenes del magistrado instructor y solo a él debe los detalles de las pesquisas. Por otra parte, el director general tiene capacidad para abrir una información reservada por la que el instructor policial debería declarar bajo la amenaza de que la investigación interna derive en la apertura de un expediente disciplinario.
El informe de la UDEF señala que una empresa que fue propiedad de López del Hierro, Ibadesa Cat, incurrió en supuestas prácticas corruptas en Gabón y fue utilizada por los Pujol para blanquear dinero de procedencia irregular. López del Hierro defiende que se deshizo de esa sociedad antes de los hechos y los policías escriben que en la operación habrían “estado representados los intereses” del marido de la ministra.
elespanol.com publicó el pasado 17 de mayo, doce días después de la fecha que lleva el informe de la UDEF, que el sobrino de López del Hierro prestó declaración en la Audiencia Nacional y ante el juez de la Audiencia Nacional, José de la Mata, afirmó: “El origen intelectual (de Ibadesa Cat) es una reunión de López del Hierro, Pujol (Jordi Pujol Ferrusola) y mi padre”.
Críticas a la UCO de Fernández Díaz y Zoido
El caso de la Unidad Central Operativa (UCO) es paradigmático. Al mismo tiempo que la UDEF era víctima del manejo partidista de la Policía en tiempos de Jorge Fernández Díaz, la unidad de élite de la Guardia Civil iba creciendo en efectivos y en casos relevantes. Sus problemas comenzaron con el informe sobre la presunta implicación del entonces presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez en el caso Púnica. “Está lleno de presuntos, de eventuales y de posibles”, dijo el ministro Fernández Díaz para descalificar el informe de la UCO.
El Tribunal Superior de Justicia de Murcia ha decidido este martes procesar al expresidente de la Región. Para llegar a este punto las dos fiscales del caso tuvieron que negarse a firmar el escrito exculpatorio que impuso el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, lo que les valió una andanada por parte del ministro de Justicia, Rafael Catalá. El juez Eloy Velasco hizo caso omiso a la Fiscalía General del Estado y propuso que el TSJM imputara al político del PP, como finalmente ha ocurrido.
Pero el episodio que ha puesto en el ojo del huracán a la UCO está relacionado con los dos informes en los que se apunta a Cristina Cifuentes por la presunta comisión de los delitos de cohecho y prevaricación en la adjudicación de un contrato a Arturo Fernández, empresario donante del PP. Cifuentes salió a desacreditar el informe cuando éste se conoció con motivo del levantamiento del secreto del sumario, un total de 5.496 folios de documentos.
La presidenta madrileña pronto comenzó a dar pábulo a una supuesta conspiración en la que participaría “fuego amigo”. El voluminoso sumario de la pieza, sin embargo, permite trazar un recorrido líneal por la investigación y los hitos que llevaron a los agentes hasta investigar los contratos firmados por Cifuentes, hasta desterrar la existencia de una mano negra. La presidenta se defiende con las informaciones que señalaban que Velasco no apoya las conclusiones de UCO, a pesar de que el juez ha dejado el juzgado y en ese momento ya sabía que no será el magistrado que se deba pronunciar sobre ellas en el futuro. Tampoco ha llegado el momento para las fiscales del caso, enfrascadas en otras investigaciones y aspectos del caso Púnica.
De forma paralela, algunos medios de comunicación hablaban de una filtración interesada del informe de la UCO. Lo hacían a pesar de que dos providencias del juez Velasco, publicadas ya entonces por los medios de comunicación, dejaban claro cómo y cuándo se había levantado el secreto del sumario de la hasta entonces pieza secreta de la causa Púnica.
El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, compareció por primera vez en 13TV para hablar de los informes. Adoptó una postura equidistante entre la presidenta madrileña y la Guardia Civil sin que las preguntas de los contertulios le pusieran en aprietos. Era el 18 de mayo. Seis días más tarde, el discurso del ministro del Interior sobre el trabajo de sus subordinados de la Guardia Civil había cambiado. En una situación que tiene pocos precedentes entre los investigadores y la investigada decidió defender a Cifuentes: “Sinceramente, creo que se ha causado sobre todo una situación de alerta, de alarma, y un daño a una persona y a un partido que creo hay que evitar”. Eso dijo el día 24.
Tras las críticas del ministro del Interior al trabajo de sus subordinados llegó un segundo varapalo. El juez instructor del caso Rato tumbaba una de las piezas contra el exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato, lo que fue utilizado por algunos columnistas como la prueba irrefutable de que la UCO se dedicaba a ‘cazar’ políticos del PP en investigaciones prospectivas. Los investigadores de la Guardia Civil no actuaron por su cuenta, la fiscal Anticorrupción del caso, Elena Lorente, comparte su criterio y ha decidido recurrir el archivo del juez Serrano-Arnal, con argumentos coincidentes con los de la UCO.
El precedente de Ana Mato
Los intentos de un ministro del Interior del PP por desacreditar a sus policías no son nuevos. Hay un precedente tras la difusión del informe de la UDEF sobre los regalos de la trama Gürtel a la familia de la ministra de Sanidad de entonces, Ana Mato. Los agentes del Grupo XXI de la UDEF comenzaron a desfilar con asiduidad por los interrogatorios de la Unidad de Asuntos Internos, sospechosos de filtraciones de informes aireados en los medios que estaban en manos de decenas de abogados.
En aquel momento, Jorge Fernández Díaz llegó a decir que el escrito de la UDEF sobre Ana Mato no era un informe de la UDEF sino de “elementos de la UDEF” que trabajaban a las órdenes directas del juez Pablo Ruz. Mato terminó dimitiendo y hoy es juzgada como responsable civil a título lucrativo por haberse beneficiado del dinero de la corrupción.
Además de la Guardia Civil y la Policía, también los fiscales de Anticorrupción ha vivido en convulsión permanente las últimas semanas. El mayor desencuentro llegó en la investigación del caso Lezo que afecta a la época de Gobierno autonómico de Alberto Ruiz-Gallardón. La víspera de que estallase la operación, el entonces fiscal jefe Manuel Moix se opuso a que se practicaran los registros vinculados con esa época por entender que desbordaba el alcance temporal de la investigación. Los fiscales del caso se revolvieron, invocaron el artículo 27 del estatuto fiscal y se convocó una junta de fiscales, donde Moix se quedó solo con el apoyo de un único miembro de Anticorrupción. Moix, que podía haber impuesto su visión, cedió, pero la fractura en el seno de la fiscalía especializada ya era irreparable.
Además, el fiscal jefe adelantó a los dos fiscales del caso que les retiraría de la investigación una vez se hubieran desarrollado los registros y operaciones. Antes de que adoptara esa decisión trascendieron las presiones hacia uno de los fiscales, Carlos Yáñez, y Moix decidió echarse atrás. A pesar de este y otros encontronazos con sus subordinados, el fiscal jefe aguantaba al frente de Anticorrupción. Pero entonces, Infolibre desveló que el fiscal jefe compartía una sociedad en Panamá con sus hermanos y Moix se vió obligado a dimitir.
En las “diferencias jurídicas”, como las calificó la Fiscalía General del Estado, entre los fiscales del caso y el jefe de Anticorrupción impuesto desde el Gobierno, el único que recibía por parte del Ejecutivo un apoyo cerrado era Moix. Desde el ministro de Justicia al presidente del Gobierno en persona que lo respaldó en sede parlamentaria. Y volvió a hacerlo hasta horas antes de que se desencadenase su dimisión.
El mismo número dos del Ministerio del Interior, José Antonio Nieto, secretario Estado de Seguridad, remitió, en una actuación sin precedentes, un escrito de Anticorrupción exigiendo aclaraciones por otro informe de los fiscales del caso que habla de la “chivada” al hermano de Ignacio González en relación con la entrevista que ambos mantuvieron, como consta en el sumario del caso. Anticorrupción contestó en siete líneas disculpándose por un error que no admiten los fiscales del caso, con los que no se consensuó esa respuesta a Interior.
Una nueva teoría de la conspiración
La falta de apoyo a los investigadores por parte del Gobierno, cuando no las dudas directas sobre su trabajo, han alimentado ataques furibundos hacia ellos desde determinados medios de comunicación. Este lunes, el columnista de El Mundo Federico Jiménez Losantos se refería a la gestación de otro “11-M sin muertos” con objetivo último de acabar con el presidente del Gobierno, el ministro de Justicia y el fiscal general del Estado. “Llegó el Sextabús conducido por la UCO y va camino de la AN a degollar a la MMC (Mariano, Maza, Catalá)”, escribe Jiménez Losantos.
No es un caso aislado de una teoría de la conspiración alrededor del trabajo de la UCO. El editor de vozpopuli.com, Jesús Cacho, incluía en la misma al político que ya responsabilizaron los artífices de la tesis del montaje respecto al 11-M, Alfredo Pérez Rubalcaba, ministro del Interior con el PSOE. “Con Rubalcaba se sigue viendo el coronel Manuel Sánchez Corbi, jefe de la UCO”, asegura el periodista en su última columna. Y añade: “Las escopetas apuntan ahora a la cabeza del FGE, Manuel Maza, un valladar que hay que derribar para poder situar después en el punto de mira al titular de Justicia, Rafael Catalá, aunque el objetivo último, no nos engañemos, no es otro que Mariano Rajoy”.
En El Mundo, la exdiputada del PP Cayetana Álvarez de Toledo propuso en su columna del 29 de mayo pasado que los policías y guardias civiles de las unidades investigadores sean obligados a revelar públicamente su identidad para que se les puedan pedir cuentas de su trabajo. “Quizás haya llegado la hora de que unidades como la UCO o la UDEF, que en estos años han acumulado un inmenso poder sobre la instrucción y el telediario, asuman también su cuota de responsabilidad. Por ejemplo, podrían dar la cara. Firmar sus atestados con nombres y apellidos siempre, y no sólo a veces”, afirmaba la periodista.
En la línea de las críticas lanzadas públicamente por el ya exjefe de Anticorrupción Manuel Moix, varios columnistas han criticado que la Unidad Central Operativa tipifique en sus informes los hechos presuntamente delictivos que describe. El director de La Mañana, en la Cadena Cope, Carlos Herrera, reaccionó a los informes sobre Cristina Cifuentes con el siguiente editorial: “A veces los informes policiales, tanto de la UDEF como de la UCO, crean mucha indefensión en muchas personas. Porque además se hinchan a hacer valoraciones jurídicas que no les corresponde”.
Más adelante, añadía: “En el caso Acuamed, la UCO detuvo a discreción y metió a gente en el calabozo durante dos días, en connivencia con el juez Velasco, que una vez preguntados, ”ah no, perdone, perdone, no era nada. Puede usted marcharse a su casa“. Y con todos esos a los que se detuvo, que pasaron dos días en un cuartelillo, ¿no se les podía haber preguntado antes? Eso de preguntar después de disparar... ¿Qué indefensión judicial viven esas personas durante ese par de días?”
El 29 de marzo de 2013, Carlos Herrera firmaba un artículo de opinión en el diario Abc bajo el título: “Menos mal que nos queda la UCO”. En él se podía leer: “La UCO es una síntesis de lo que siempre se puede esperar de la Guardia Civil: lealtad, profesionalidad, patriotismo, esfuerzo y decencia. Y eficacia, como se ha demostrado en el caso de los ERE falsos en Andalucía”.