El 20 de abril de 2020, el líder de Vox, Santiago Abascal, anunciaba con la trompetería habitual de Vox una querella contra el Gobierno por la gestión de la crisis del coronavirus. Unas semanas antes, un abogado condenado por estafa había presentado varias denuncias contra la decisión de las autoridades de no suspender la marcha feminista del 8 de marzo. La Fiscalía ponía en marcha a su vez más de 200 investigaciones en torno a la muerte de ancianos en residencias de todo el país. Todo eso pasó en el epicentro de la pandemia, cuando el país se acercaba al millar de víctimas diarias.
Casi dos años después, la inmensa mayoría de esas acciones legales han quedado archivadas o al menos no hay constancia de que hayan llegado a juicio. Hasta ahora, el mensaje de los tribunales ha sido claro: la gestión de la pandemia habrá sido buena, mala o muy mejorable, pero no ha sido delictiva en sus diferentes niveles.
Las denuncias y querellas han pedido investigar en los tribunales una veintena de delitos. Desde la prevaricación, por las decisiones que tomaron cargos políticos, hasta el homicidio y las lesiones imprudentes, que buscaban castigar los contagios. También ha habido acusaciones por malversación, la omisión del deber de socorro, los delitos contra el medioambiente, el genocidio o la lesa humanidad. Han ido dirigidas contra miembros del Gobierno, presidentes autonómicos, consejeros de Sanidad, autoridades sanitarias y también contra responsables de residencias de todo el país.
Por el momento, los jueces y la Fiscalía no han entendido que la gestión de la pandemia merezca un reproche penal al margen de lo que han dicho por ahora sus compañeros de los tribunales de lo social, lo contencioso y el Constitucional. Querellas que han sido impulsadas por una gran variedad de acusaciones: hay familiares de víctimas, sindicatos médicos y policiales, partidos políticos, asociaciones y colectivos cercanos a la ultraderecha, acusaciones populares recurrentes en casos mediáticos, criminales condenados por atracos y también Emilio Rodríguez Menéndez.
Fue el caso que pilló a todos por sorpresa. Un abogado ourensano condenado y sancionado por estafar a clientes, Víctor Valladares, se presentaba en la Plaza de Castilla de Madrid y presentaba una denuncia contra el presidente del Gobierno y el entonces delegado del Gobierno en la capital, José Manuel Franco, por permitir la convocatoria de la manifestación del 8 de marzo feminista cuando el coronavirus ya hacía acto de presencia en nuestro país. La jueza Carmen Rodríguez-Medel se hizo cargo del asunto y puso en marcha una instrucción en la que imputó a Franco, encargó unos informes de la Guardia Civil que se basaban en bulos y medias verdades para acusar al Gobierno de propagar el virus y miró desde la barrera una crisis profunda en el seno del Ministerio del Interior que todavía colea a día de hoy.
El caso engordó con varias diligencias, Vox y una asociación de oficiales de la Guardia Civil tomaron las riendas de la acusación mientras el familiar de un fallecido intentaba personarse sin éxito. Todo quedó archivado el 12 de junio de 2020. Ese día, la jueza Rodríguez-Medel lanzó una dura batería de reproches a la Delegación del Gobierno en Madrid pero archivó el caso. La Audiencia Provincial confirmó su decisión cinco meses después. El resultado es que José Manuel Franco y el personal de la Delegación no habían prevaricado al permitir las concentraciones del 8 de marzo, y no se les podía responsabilizar de unos contagios en las manifestaciones feministas que nadie podía demostrar con pruebas fehacientes.
Fue el caso que sentó unas expectativas poco razonables para todas las denuncias y querellas presentadas en los primeros compases de la pandemia. Pero tuvo también una amplia proyección política. Las derechas esgrimieron esta instrucción durante semanas en el Congreso de los Diputados para acusar al Ejecutivo central de poner en peligro a la población española a sabiendas del riesgo de contagio con tal de permitir la celebración de las concentraciones feministas. “Gritar 'viva el 8M' es como gritar viva la enfermedad y viva la muerte”, dijo Santiago Abascal en la Cámara Baja poco antes del archivo del caso. El mismo Abascal que celebró esa misma fecha, el ocho de marzo, un mitin de su partido en un pabellón madrileño. Al día siguiente se anunció el contagio de su propio secretario general, Javier Ortega Smith, y otros cargos del partido.
El terremoto causado por el conocido entonces como 'caso 8M' sigue teniendo réplicas a día de hoy. Partido Popular y Vox han utilizado unas declaraciones de la vicepresidenta Yolanda Díaz, en las que aseguraba que ya a mediados de febrero de 2020 convocó a su equipo para estudiar medidas contra el COVID, para solicitar la reapertura de la causa y amenazar con nuevas medidas penales. Pablo Casado, por ejemplo, ha exigido la apertura de una comisión parlamentaria para investigar si el Gobierno ocultó información. Vox directamente se ha dirigido al Supremo para que su querella inadmitida sea resucitada y Valladares ha anunciado lo mismo pero en los juzgados de Madrid. Cuando Díaz lanzó aquella guía que pretendía establecer recomendaciones para las empresas y empleados, esos mismos partidos acusaron a la entonces ministra de Trabajo de alarmar gratuitamente.
La sala de lo penal del Tribunal Supremo es precisamente donde más querellas y denuncias COVID han naufragado en el último año. Los magistrados decidieron juntar en un único auto las más de 50 acciones penales presentadas contra Pedro Sánchez, sus ministros y ministras, presidentes autonómicos como Quim Torra, Isabel Díaz Ayuso o Alfonso Fernández Mañueco, y autoridades sanitarias como Fernando Simón o incluso la dirección del Servicio Público de Empleo Estatal. La Fiscalía emitió un único informe en el que apostó por inadmitir todas y cada una de ellas.
La nómina de denunciantes y querellantes que se sumaban a los familiares de fallecidos era muy variada. Vox, Víctor Valladares, Abogados Cristianos, Manos Limpias, HazteOír, el sindicato policial Jupol, Hogar Social Madrid, la asociación Pro-Lege, el Defensor del Paciente, la acusación popular del 'caso Ghali', varios atracadores condenados e incluso Pilar Gutiérrez, conocida en los medios como la 'mujer más franquista de España', entre otros. En esta y en otras causas aparecían y desaparecían asociaciones de afectados que no actualizan sus páginas web desde hace un año o que, directamente, nunca han tenido actividad conocida fuera de estas acciones penales.
El fiscal Luis Navajas despachó una buena parte de las querellas definiendo sus acusaciones como “genéricas”. En diciembre era la Sala de lo Penal del Supremo, encabezada por Manuel Marchena, la que redactaba un auto de casi cien páginas para declarar que un responsable político no puede ser responsabilizado de todo penalmente por el hecho de estar al frente de la cadena de mando de la gestión de la crisis del COVID. Empezaron los jueces recordando que las acciones penales no pueden depender, afirmaron, ni de “la indignación colectiva” ni tampoco del “legítimo desacuerdo con decisiones del Gobierno”. También dijo claramente que una persona no puede ser imputada “por el mero hecho de la posición o cargo que ostente en la organización, por muy alto que este sea”.
Sobre el supuesto ocultamiento de información por parte del Gobierno de la gravedad de la pandemia, el Supremo dijo algo aplicable a las últimas amenazas penales de Vox y Partido Popular: “No bastaría con acreditar que se ocultó información (...) ni siquiera sería suficiente con demostrar que la no adopción de medidas tendentes a evitar las aglomeraciones masivas pudo incrementar el número de contagios”, dijo la sala. Hay que probar una relación directa y precisa entre ese supuesto ocultamiento y cada muerte o contagio y eso, según dijo el Supremo, es imposible: “Cualquier esfuerzo probatorio en esa línea resultaría baldío”.
El Supremo cerró la puerta a investigar a altos cargos del Gobierno central así como de ejecutivos regionales y responsables sanitarios, pero no cortó el paso a cualquier tipo de acción penal a cualquier nivel. Decidió que todas las querellas y denuncias fueran remitidas a los juzgados de Madrid para que, si lo estimaran conveniente, abrieran sus propias investigaciones para los que no estuvieran aforados. Y eso, por ahora, tampoco ha tenido demasiado desarrollo.
La mayoría de estas denuncias o querellas, interpuestas contra aforados del Gobierno central o de los autonómicos, murieron ahí, pero el resto fueron enviadas a los juzgados territoriales sin que, por el momento, haya trascendido que ninguna de ellas se haya traducido en un juicio por alguno de los múltiples delitos denunciados. Los últimos casos conocidos han sido resoluciones de archivo: el juzgado 13 de Madrid rechazó, con el apoyo de la Fiscalía, una querella de Abogados Cristianos contra Fernando Simón. El juzgado 34 ha archivado también recientemente otra querella del sindicato policial Jupol contra Francisco Pardo, director general de la Policía Nacional.
Otros casos todavía están en fase de instrucción. El juzgado 1 de Valencia, por ejemplo, admitió hace unas semanas a trámite una querella del sindicato médico CESM por la falta de material de protección, tal y como informó ValenciaPlaza. Lo que sí ha empezado a producir sentencias por la vía penal son los conflictos surgidos en torno a las restricciones de lo peor de la primera ola: condenas por peleas surgidas por la mascarilla o la distancia de seguridad entre ciudadanos, por enfrentarse a la Policía durante el confinamiento o la causa que investiga la patada en la puerta de varios policías en Madrid el pasado mes de diciembre.
Algo similar sucede con las investigaciones penales en torno al fallecimiento masivo de ancianos en las residencias de todo el país. Durante los primeros meses de pandemia la Fiscalía actualizó semanalmente el número de diligencias civiles y penales abiertas, y en algún momento superó las 200 investigaciones puestas en marcha por la vía penal, el mayor porcentaje de ellas en la Comunidad de Madrid. Unas cuantas fueron judicializadas y por ahora un número importante de ellas han sido archivadas. La plataforma Marea de Residencias aseguró hace un año que existían cuatro centenares de estas querellas y tal y como explicó elDiario.es las investigaciones se dirigen más contra los trabajadores que contra los responsables y los protocolos.
El pasado julio, por ejemplo, un juzgado de la localidad madrileña de Leganés archivó su investigación por la muerte de personas mayores en residencias de toda la región. Un auto que avaló la gestión de los centros en la que el juez afirmó: “Es la pandemia que nos acecha la que hizo enfermar a estas personas, y no la actuación de los directores de residencias o consejeros querellados de la Comunidad de Madrid”. Recientemente, tal y como explicó El País, la Fiscalía de Madrid ha entendido que los polémicos protocolos del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso no prohibieron derivar ancianos enfermos de COVID a hospitales. En Ciudad Real casi todas estas investigaciones también han sido archivadas, la última en la localidad de Tomelloso.
El fracaso, al menos por el momento de la vía penal, contrasta con la acción en otras jurisdicciones. Por ejemplo, la sala de lo social del Tribunal Supremo declaró en octubre del año pasado que los sanitarios de todo el país estuvieron desprotegidos durante lo peor de la primera ola, algo que consideraron responsabilidad del Ejecutivo central y de las comunidades autónomas. “Los sanitarios carecieron de medios de protección necesarios”, dijo la sala cuarta en esa sentencia. A lo largo de 2021 otras resoluciones han declarado lo mismo, por ejemplo, en cuanto a la Ertzaintza.
La oposición a las medidas del Gobierno ha transcurrido sin éxito en la vía penal, pero la oposición, a través de Vox, ha obtenido victorias sonadas en el Tribunal Constitucional al recurrir los dos estados de alarma y la suspensión de plazos del Congreso durante lo peor de la primera ola. Un confinamiento del primer estado de alarma que, poco antes de recurrir, el propio Santiago Abascal había reivindicado como parte del plan de Vox en la tribuna del Congreso.
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