El comandante de la Guardia Civil Rubén V., imputado por cohecho en la trama de corrupción conocida como caso Koldo, ha recurrido el cese de su destino en Venezuela que dictó el Ministerio del Interior tras trascender la acusación contra él y la suspensión de tres meses que Defensa impuso de forma cautelar. El Tribunal Supremo celebrará una vista presencial el próximo 3 de julio para resolver sobre los recursos del oficial del instituto armado, según un decreto al que ha tenido acceso elDiario.es.
Rubén V. fue detenido el 3 de marzo en el aeropuerto de Madrid cuando se disponía a subir a un avión con destino Caracas, donde estaba destinado como agregado de Interior en la Embajada española. La Unidad Central Operativa (UCO) del instituto armado llegó hasta él analizando uno de los grupos de whatsapp de la presunta trama para la adjudicación de contratos públicos de mascarillas en pandemia. En esas conversaciones había referencias a pagos periódicos en efectivos a alguien al que se denominaba “R”.
Un informe de la UCO incorporado a la causa apunta a que ese “R” es el comandante Rubén V., procedente del Servicio de Información y, en el momento del arresto, destinado en Caracas. Entre los años 2013 y 2018, Rubén estuvo destinado en la Unidad Central Especial (UCE) de la Guardia Civil, con competencias en materia antiterrorista. En sus desplazamientos a Euskadi habría entablado contacto con Koldo García, el exasesor de Ábalos que en aquel momento se dedicaba al mundo de la seguridad, era colaborador de varios servicios de Información y militaba en el Partido Socialista de Navarra.
Con el tiempo, la relación del guardia civil y Koldo se convirtió en amistad y eso hizo que Rubén V. conociera al empresario Víctor de Aldama, considerado el conseguidor para las adjudicaciones de mascarillas por organismos públicos bajo la Administración del Gobierno socialista. “Lo de R, 2 todos los meses”, escribió en los mensajes Aldama. Los investigadores creen que el comandante cobraba 2.000 euros en metálico todos los meses. A cambio habría conseguido una “línea segura de comunicación” a Víctor Aldama, uno de los principales investigados. Los agentes de la UCO creen que Rubén podría estar detrás de alguno de los chivatazos que Koldo y el resto de presuntos implicados recibieron acerca de que estaban siendo investigados.
La detención del comandante Rubén, del ámbito de la lucha antiterrorista y persona de confianza de uno de los principales mandos de esta estructura de la Guardia Civil, provocó fricciones con la Unidad Central Operativa, que se fueron disipando cuando fueron trascendiendo los indicios contra el investigado. Tras prestar declaración ante el juez Ismael Moreno, Rubén V. quedó en libertad con medidas cautelares: se le retiró el pasaporte y se le prohibió abandonar el país.
A continuación, el Gobierno tomó dos decisiones. El Ministerio del Interior, de quien depende funcionalmente la Guardia Civil, abrió un expediente por falta muy grave y cesó al comandante de su destino como agregado de Interior en Venezuela. Estos destinos en el extranjero son muy solicitados entre los agentes por acarrear importantes retribuciones. Por su parte, el Ministerio de Defensa, a quien la Guardia Civil responde por su naturaleza militar, dictó una suspensión cautelar de tres meses.
Rubén V. recurrió ambas decisiones por la vía de lo Contencioso-Administrativo y el Juzgado Central número 3 de la Audiencia Nacional dictó un decreto por el que admitía a trámite la reclamación y establecía el 3 de julio como fecha de la vista donde las partes expondrán sus argumentos.
La resolución de cese del Ministerio del Interior, que firma su titular, Fernando Grande-Marlaska, expone que el expediente contra el comandante se fundamenta en la posibilidad de que haya infringido el artículo 7.7 de la Ley de Régimen Disciplinario, relativo al “abuso de atribuciones que cause grave daño a la Administración”.
Posibles problemas con Venezuela
La resolución del Ministerio del Interior motivando el cese, a la que ha tenido acceso este medio, citaba los problemas que podría acarrear con Venezuela que el comandante siguiera en su puesto así como la “imagen de España en su conjunto”.
“La Comisión de Destinos en el Exterior concluye que la situación procesal del señor Villalba Carnerero, no solo impide de facto el desempeño de su actual puesto de trabajo, sino que al mismo tiempo puede ocasionar el deterioro de la cooperación policial internacional y en un sentido más amplio, menoscabar las relaciones entre España y Venezuela y la imagen de España en su conjunto siendo además la situación del sr. V. objeto de amplia atención y difusión por parte de los medios de información y redes sociales”, firmaba Grande-Marlaska.
Las medidas cautelares impuestas a los policías y guardias civiles, así como las destituciones, por parte del Ministerio del Interior se convierten a menudo en un problema por los recursos que los agentes presentan en la vía Contencioso-Administrativa y que cosechan resultados positivos para ellos. El más relevante de los últimos tiempos fue el cese del jefe de la Comandancia de Madrid, coronel Diego Pérez de los Cobos, quien logró ser restituido en su puesto y ha conseguido que se anulen las convocatorias por las que Interior le negó el ascenso a general.