La oficina alemana de asilo salpicada por un escándalo de presunta corrupción

Una alto cargo local de la Oficina Federal para la Migración y los Refugiados (BAMF) en Alemania ha sido suspendida por haber presuntamente concedido asilo en más de 1.200 casos sin que los peticionarios cumplieran los requisitos legales para ello.

Según una investigación conjunta del diario “Süddeutsche Zeitung”, la radiotelevisión pública NDR y la emisora Radio Bremen, la mujer, que llevaba la oficina de la BAMF en la ciudad-estado de Bremen (norte), colaboraba con tres abogados, quienes presuntamente le proporcionaban solicitantes de asilo de forma sistemática.

Muchos de estos peticionarios eran yazidíes, minoría religiosa kurda que vive principalmente en torno a la ciudad de Mosul y las montañas de Sinyar, en el norte de Irak, y cuya comunidad en Alemania asciende a alrededor de 200.000 personas, según datos de su Consejo Central en este país.

Todavía no está claro si la responsable del BAMF o los abogados recibían dinero a cambio de resolver de manera positiva las peticiones de asilo, pero en todo caso la investigación señala que la mujer sí se benefició de otro tipo de atenciones, como invitaciones a cenas en restaurantes.

La Fiscalía de Bremen confirmó que hay una investigación en curso contra la exresponsable de la oficina regional de la BAMF, tres abogados de esa ciudad-estado y de Baja Sajonia y un traductor, así como que en los últimos días se llevaron a cabo registros en estos dos estados federados en relación con el caso.

Están bajo sospecha de aceptar sobornos y de incitar de manera organizada al uso indebido del mecanismo de solicitud de asilo.

Los medios denuncian que la oficina de la BAMF en Bremen no era responsable formalmente de estas solicitudes de asilo y que a pesar de todo la funcionaria decidió sobre estas peticiones por propia iniciativa.

En algunos casos, los solicitantes fueron llevados a Bremen desde otros estados federados en autobuses fletados para ello.

Al parecer, la investigación comenzó en Baja Sajonia, donde el Ministerio del Interior regional descubrió irregularidades en un caso que estaba en los tribunales, lo que llevó posteriormente al análisis de otros expedientes.