Omisiones y carga ideológica en el decálogo de la protesta policial contra la reforma de la ley mordaza

Los líderes del Partido Popular y Vox participarán este sábado en la manifestación que los sindicatos de la Policía y las asociaciones de la Guardia Civil han convocado en Madrid para protestar contra los cambios en la Ley de Seguridad Ciudadana que promueven los grupos parlamentarios de los dos partidos del Gobierno, PSOE y Unidas Podemos. Los agentes se quejan de que no han sido consultados y de que “se pone en peligro” su seguridad y la de sus familias. En sus críticas a las enmiendas hay omisiones a la totalidad del texto pactado, contradicciones respecto a su literalidad y algunas objeciones ideológicas, como cuando protestan porque el DNI vaya a escribirse en lenguas cooficiales.

Jupol ha resumido las principales reivindicaciones de los policías y guardias civiles en un decálogo que toma como referencia el texto pactado con las enmiendas a la proposición de ley presentada por el PNV. Jupol es el sindicato cuyo origen está en la plataforma Jusapol y que barrió en las primeras elecciones sindicales a las que se presentó con la exigencia de nuevas subidas salariales en el Cuerpo, tras la de 400 euros de media mensual que aprobó el último Gobierno de Rajoy e implantó el actual Ejecutivo. Otras asociaciones y sindicatos se concentran este miércoles frente a las delegaciones del Gobierno. Todas las organizaciones respaldan ambas convocatorias.

Policías con presunción de veracidad

Jupol dice: “El atestado policial perderá presunción de veracidad si los hechos en ella consignados no resulten coherentes lógicos y razonables, salvo prueba en contrario”. Los sindicatos policiales están aludiendo continuamente a los conceptos “delincuente” y “delito”, de los que no se ocupa la Ley de Seguridad Ciudadana, destinada a las infracciones administrativas que no alcanzan el rango de delito y que se solventan con multas. En consecuencia, la propuesta de reforma no afectará a los atestados sino a las “actas”, como recoge el texto de PSOE y Unidas Podemos. En realidad, el texto pactado por ambas fuerzas políticas recoge realmente lo siguiente: “El acta que se extienda gozará de presunción de veracidad de los hechos en ella consignados, siempre que resulte coherente, lógica y razonable, salvo prueba en contrario”.

Pablo Pérez es el portavoz nacional de Jupol. En declaraciones a elDiario.es asegura: “Todo lo que hacemos es lógico y razonable. No nos inventamos nada. Están volviendo a poner en duda la palabra de un agente y todo lo que hemos hecho hasta ahora, que es en base a la ley”.

Grabaciones de las actuaciones policiales

Jupol dice en su decálogo sobre los cambios que quieren introducir el Gobierno y sus socios: “Grabaciones a los Policías. La mera toma de imágenes en lugares de tránsito público y manifestaciones, o su mera difusión, no constituirá infracción”.

La enmienda pactada precisa: “No constituirá infracción la mera toma de imágenes en lugares de tránsito público y manifestaciones, o su mera difusión. No obstante, se considerará infracción grave el uso de imágenes o datos personales o profesionales de autoridades o agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad cuando genere un peligro cierto a su seguridad personal o familiar o la de las instalaciones protegidas o ponga en riesgo el éxito de una operación. La situación de peligro o riesgo cierto generada, deberá reflejarse en el acta o en la denuncia con el mayor detalle que sea posible”.

Con la llegada de los teléfonos móviles con cámara son habituales las grabaciones que denuncian excesos policiales en la calle, principalmente en manifestaciones. Un tribunal ha absuelto recientemente al fotoperiodista de 'El País' sobre el que un policía se inventó una agresión. Otro fallo en Barcelona detalla cómo se acusó a un joven por una patada denunciada por los Mossos a que nunca se produjo. La condena al ex diputado de Unidas Podemos Alberto Rodríguez con el simple testimonio de un policía que apenas ofreció detalles también ha sido objeto de polémica. 

El portavoz de Jupol se queja de que esas grabaciones “siempre muestran al compañero levantando la defensa [la porra], pero no lo que ha ocurrido antes”. La solución estaría, según dice, en que la Dirección General de la Policía dote a los agentes de cámaras en el pecho que graben toda la secuencia, como ellos vienen reclamando. Con la eliminación de que puedan identificar a quienes vean grabando a policías desaparece la posiblidad de localizar a los que luego utilizan presuntamente esas imágenes en grupos organizados de “violentos”, no ya solo en redes sociales sino en grupos de mensajería instantánea como whatsapp, añade Pérez. 

El Tribunal Constitucional estableció hace exactamente un año que este artículo de la Ley de Seguridad Ciudadana que castiga grabar a agentes no cumple con la Carta Magna. Al prohibir el uso “no autorizado” de imágenes o datos que, por ejemplo, pongan en peligro la seguridad personal o familiar de los agentes no se está respetando el “derecho fundamental a la información”, estableció el Constitucional.

Comunicar las manifestaciones

Jupol dice también en su decálogo para justificar las protestas: “Las manifestaciones de carácter espontáneo no tendrán que ser comunicadas previamente”. Y la enmienda de PSOE y UP recoge: “La carencia del trámite previo de comunicación, aun pudiendo considerarse infracción leve, no será motivo para impedir el ejercicio de las libertades de reunión y manifestación”.

Las quejas sindicales en este ámbito se refieren a que la no necesidad de comunicar una manifestación impediría planificar un dispositivo, fomentaría los altercados y eso repercutiría en la integridad de los agentes. Los impulsores de la reforma han pensado en las expresiones espontáneas de la ciudadanía y en el derecho fundamental de manifestación, aunque imponen límites severos si se produce cualquier altercado. 

“Las medidas de intervención para el mantenimiento o el restablecimiento de la seguridad ciudadana en reuniones y manifestaciones se guiarán en todo momento por un enfoque de derechos humanos y serán graduales y proporcionadas a las circunstancias. La disolución de reuniones y manifestaciones constituirá el último recurso”, propone la enmienda. 

Uso de material antidisturbios

Jupol se posiciona en contra de que en lo relativo al “material antidisturbios se utilice siempre el medio menos lesivo evitando que causen lesiones irreparables”. Las enmiendas de PSOE y Unidas Podemos recogen: “Las autoridades competentes deberán desarrollar protocolos específicos, de acuerdo con los estándares internacionales, sobre el uso de la fuerza y la utilización de material antidisturbios, en orden a utilizar siempre los medios menos lesivos para las personas y evitando aquellos que causen lesiones irreparables”.

Los sindicatos policiales consideran que hay enfrentamientos con manifestantes que solo se pueden acometer con pelotas de goma, pese a las graves lesiones que ha producido su uso en algunos ciudadanos, como la pérdida de un ojo, o incluso la muerte, en el caso del seguidor del Athletic de Bilbao Iñigo Cavacas. Los Mossos d’Esquadra han sustituido las pelotas de goma por otro material, el 'foam', menos dañino, pero policías y guardias civiles aseguran que sus compañeros de la Policía autonómica lo consideran inoperante –pese a que también ha causado lesiones–.

La tenencia de drogas

Pasa de infracción grave a leve estar en posesión de sustancias estupefacientes para uso personal. Hasta ahora, la incautación de una pequeña cantidad de droga suponía una propuesta de sanción que solía quedarse en el tramo más leve de los tres posibles de una falta grave, esto es, una sanción de 601 euros, aunque la ley contempla multas de hasta 30.000 euros para este tipo de infracción. Con el cambio a leve –Unidas Podemos quería que la simple tenencia no fuera sancionable–, la multa máxima es de 600 euros, aunque con la lógica aplicada hasta ahora debería aplicarse el tramo menor, de 100 euros. Los sindicatos policiales consideran que esta rebaja en la multa fomentará el tráfico de drogas. 

Multas según el poder adquisitivo

“Se tendrá en cuenta la situación económica del responsable, atendiendo a sus circunstancias personales, familiares y sociales”, dice la enmienda para el artículo 53.bis. Y añade: “Si realizada esta ponderación se concluyese que la sanción que corresponda no guarda proporción con la situación económica del responsable, se procederá de la manera establecida en los números siguientes, se fraccionará el pago de la cuantía de la multa en la forma y con el límite temporal que se estimen adecuados, siempre dentro del plazo previsto para la prescripción de la sanción o sanciones impuestas”.

Para el portavoz de Jupol se trata de algo “surrealista”. “¿A quién le cabe en la cabeza que cada uno pagara distinto por una misma multa de tráfico? Los grupos violentos pueden utilizar a individuos con poco poder adquisitivo como punta de lanza”, pronostica Pablo Pérez. 

Dos horas máximo detenido para poder ser identificado

Los sindicatos denuncian que el plazo en comisaría únicamente a efectos de identificación, a donde se habrá conducido a una persona por no llevar la documentación encima o por negarse a entregarla, se reducirá de seis horas a dos. En realidad, la enmienda incluye la posibilidad de que, “excepcionalmente y por razones justificadas, verificables y comunicadas a la persona afectada, se podrá prorrogar hasta un máximo de seis horas”.

Un mando de la Policía Nacional que no se identificaba declaró a 'Abc' que esto abre la puerta a que todos los alborotadores de las manifestaciones irán indocumentados“. Se entiende que a los alborotadores que han cometido una simple infracción administrativa y no están acusados de un delito, como el de atentado a la autoridad. También se refería este mando a los jóvenes de botellón que, según él, preferirán ser conducidos a comisaría y pasar detenidos dos horas a identificarse para la propuesta de sanción.

Devolver a los identificados a la localidad donde fueron identificados

Distintos testimonios de responsables policiales que justifican estos días las protestas en los medios de comunicación alertan de que se va a convertir a los policías en una suerte de “taxistas de delincuentes”. En realidad, la enmienda especifica que solo se actuará así en el caso de que la persona trasladada a dependencias policiales para su identificación cuando ésta se encuentre “en localidad distinta a la del requerimiento del acompañamiento, y siempre que el traslado no afecte gravemente al funcionamiento efectivo de los servicios”.

Cacheos y desnudos

Jupol critica que “no se dejará a la vista la totalidad del cuerpo” en los cacheos y advierte del riesgo de inoperancia y dificultades para la realización del trabajo de los agentes con los cambios que se pretenden introducir.  La enmienda de los grupos que apoyan al Gobierno establece que “fuera de dependencias policiales sólo podrá practicarse diligencias de registro corporal, que exija dejar a la vista partes del cuerpo normalmente cubiertas por ropa cuando exista una situación de urgencia por riesgo grave e inminente para los agentes o la ciudadanía. No se dejará a la vista la totalidad del cuerpo, ni tampoco de manera sucesiva cada una de sus partes, con el máximo respeto a la identidad sexual procurando hacerlo siempre en lugar reservado y fuera de la vista de terceros. Se dejará constancia escrita de esta diligencia, causas e identidad del agente que la adoptó” .

DNI en lenguas cooficiales

Figura en el último punto del decálogo para justificar la marcha contra el Gobierno. La enmienda prevé que en el diseño del documento de identidad “se incorporen las diversas lenguas cooficiales del lugar de residencia del solicitante en los diferentes territorios”. El portavoz de Jupol reconoce que este cambio no afecta a la seguridad de los policías ni sus familias.