La ONG Padre Garralda-Horizontes Abiertos ha solicitado ejercer la acusación particular en la causa que investiga al expolítico del PP Rodrigo de Santos por violar presuntamente en siete ocasiones a un preso acogido por esta organización no gubernamental, para la que el procesado trabajaba. Horizontes Abiertos, próxima al Partido Popular, adopta esta posición dos años después de que arrancara el caso y lo hace ahora que De Santos enfila el banquillo. Las víctimas denuncian haber sido ignoradas por la ONG, a la que acusan de querer lavar su imagen presentándose como “perjudicada”.
Rodrigo de Santos había sido condenado en el pasado por abusar de un menor, amigo de sus hijos, y por gastar 50.000 euros de la tarjeta bancaria que poseía como concejal de Urbanismo de Palma en cocaína y prostitución masculina. Al salir de la cárcel, la ONG del fallecido Padre Garralda lo acogió como voluntario y acabó dándole un puesto de responsabilidad. De ese cargo se habría servido De Santos para coaccionar a sus víctimas, a las que obligaba a mantener encuentros sexuales bajo la amenaza de informar en contra de sus permisos y que tuvieran que volver a la cárcel.
La primera víctima denunció a Rodrigo de Santos en octubre de 2017. Dos meses después, el expolítico fue detenido y puesto a disposición del Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid. El único vínculo que ha tenido la ONG con la causa judicial desde entonces es que, tal y como desveló eldiario.es, Horizontes Abiertos compartió abogada con el presunto agresor sexual durante al menos un año a partir de que arrancar el caso.
En su escrito al juzgado, Horizontes Abiertos se presenta como una organización dedicada a “prestar la protección necesaria” a personas en situación de marginalidad y desamparo. Añade que ese cometido hace “absolutamente necesario” que se le reconozca como “ofendida” y “perjudicada” por los delitos investigados en el caso De Santos, que se le permita ejercer la acusación particular y que así pueda seguir defendiendo los “intereses” de las personas en situación de exclusión.
Las dos víctimas de Rodrigo de Santos, sin embargo, no han recibido asistencia de ningún tipo de la ONG desde que denunciaron. A ambos jóvenes el Juzgado les asignó abogados de oficio que, o se desentendieron de la causa o, como en el caso de la víctima de los delitos más graves, tuvieron una actitud de desprecio que acabó con una queja del chico ante el Colegio de Abogados.
La Fundación Padre Garralda-Horizontes Abiertos cuenta en su patronato con varios políticos del Partido Popular. El ascenso de Rodrigo de Santos hasta el puesto del que se valió, según el juez, para cometer presuntamente las violaciones tuvo lugar bajo la presidencia de María Dolores Navarro Ruiz, exconcejal del PP en el Ayuntamiento de Madrid con Ana Botella y recién elegida diputada de la Asamblea de Madrid.
En ese Patronato también había dos exconsejeros de Esperanza Aguirre que aún siguen. Se trata de Regina Plañiol y Luis Perales. El exsecretario de Estado de Comercio con Rajoy, Jaime García-Legaz, se marchó por la gestión interna del caso de De Santos, pero que ha vuelto de vicepresidente. Todos pertenecen a la corriente más conservadora en asuntos de moral dentro del PP.
Los nuevos abogados de la víctima de las violaciones se oponen a la personación de Horizontes Abiertos en la causa como perjudicado por falta de legitimación, al ser la libertad sexual el bien jurídico protegido y no tener esto nada que ver con la ONG. Y van más allá al advertir de que Horizontes Abiertos puede terminar siendo condenada como responsable civil de los hechos delictivos.
No en vano, señalan los letrados, Horizontes Abiertos nunca exigió el certificado de antecedentes penales de naturaleza sexual “como sí se solicitaba al resto de voluntarios”. Después, continúa su escrito, se le contrató como “líder de un proyecto de inclusión social sin experiencia ni formación para ello”. Tampoco se abrió una investigación interna cuando internos y trabajadores denunciaron que De Santos exigía a los reclusos “cuotas voluntarias” para dormir y comer en las casas de la ONG, añaden.
La defensa de la víctima rescata del sumario las declaraciones de dos becarios de la ONG ante la Policía que “avalan un posible encubrimiento u obstaculización por parte de la Fundación en la investigación de estos delitos”. Esos becarios aseguraron haber recabado documentación relacionada con la estancia de las víctimas en las casas de acogida por orden de una trabajadora “con el fin de hacérsela llegar a Rodrigo”.
“Hasta el momento no ha mostrado el más mínimo interés en el devenir de la causa, y parece que solo a raíz de la trascendencia en prensa del caso ha decidido personarse como acusación. No parece descabellado, por tanto, pensar que el actual proceder de la Fundación responde más a un interés, digamos, estético que a uno derivado de una auténtica percepción como perjudicada”, concluyen su escrito los abogados de la víctima, Red Jurídica. A María Dolores Navarro la sustituyó al frente de la ONG Celia Ordoñez, quien ha optado por la personación en la causa de la ONG dos años después de acceder al puesto.
La abogada de De Santos: la ONG le “controló y vigiló”
Ya en el momento de su detención, la abogada de Rodrigo de Santos, la misma que compartía con la ONG, tenía en su poder un informe de una trabajadora de Horizontes Abiertos que pretendía exculpar al acusado y que el juez, sin embargo, consideró que reforzaba los indicios contra él.
La abogada del acusado también se ha opuesto a la personación de la Fundación Padre Garralda-Horizontes Abiertos, de la que descarta pueda considerarse perjudicada de los hechos denunciados. Rodrigo de Santos, dice el escrito de su abogada, actuó “siempre bajo la supervisión de personas con competencias y responsabilidades sobre los proyectos, usuarios y personal, por lo que en modo alguno puede considerarse que ninguna de sus acciones estuvieron fuera del ámbito de control y vigilancia de la Fundación”.
Una monja había introducido al expolítico como voluntario en la ONG en septiembre de 2014, un tiempo después de salir de la cárcel. Rodrigo de Santos era miembro de la organización ultra Camino Neocatecumenal, conocida como 'Los Kikos', estaba casado y tenía cinco hijos en el momento de su arresto. Al tiempo, exhibía posiciones intransigentes y se negaba a casar homosexuales en el Ayuntamiento de Palma.
Unos meses después de su llegada a Horizontes Abiertos como voluntario fue contratado para una sustitución, concretamente el 25 de marzo de 2015. Su ascenso a director del proyecto Javier, el que gestionaba las casas para presos, tuvo lugar en abril de 2017. En ese momento, la política del PP María Dolores Navarro llevaba ya de presidenta de la Fundación un año y medio. Navarro, una histórica del PP madrileño que hoy es diputada en la Asamblea de Madrid, tuvo que dimitir de la presidencia de la ONG por la polémica interna a raíz de la detención de De Santos.
Rodrigo de Santos solo fue apartado de su puesto al frente de las casas para presos después de que funcionarios de Instituciones Penitenciarias presionaran a Horizontes Abiertos. Navarro accedió a la destitución de De Santos de la dirección del Proyecto Javier el 1 de noviembre de 2017, doce días después de que su principal víctima acudiera a comisaría y una segunda lo hiciera una semana después.
La ONG alojó a la segunda víctima de Rodrigo de Santos, la que presuntamente sufrió dos agresiones sexuales, en la misma residencia a la que había desterrado al exconcejal de Palma después de que los dos jóvenes lo denunciaran ante la Policía. En esa casa de Villanueva de la Cañada (Madrid) tuvieron que convivir denunciante y denunciado varios días. La segunda víctima acabó allí después de que otro recluso asistido por la ONG le apuñalara en una de sus residencias días después de denunciar a De Santos.