Los países en los que se permite utilizar el cannabis con fines médicos, como España, deben establecer mecanismos para evitar su desviación para otros usos, exigió hoy la ONU en un informe sobre la situación de las drogas en el mundo.
Según la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), estos Estados deben establecer “marcos legislativos y regulatorios eficaces” para un “uso racional”.
Todo ello debe estar siempre bajo supervisión médica, con el fin de prevenir la desviación, “según lo establecido por la Convención de 1961 en su forma enmendada”, señala la JIFE en su informe 2017.
Este órgano de la ONU, que se encarga de velar por el cumplimiento de los tratados internacionales sobre drogas, recuerda que desde la publicación de su anterior informe, ha aumentado el número de Estados que han adoptado medidas regulatorias que prevén el uso del cannabis o sus derivados con fines médicos.
Así, la JIFE señala que tiene constancia de que países como España, Austria, Bélgica, Canadá, Israel, Italia, Noruega, Países Bajos, Suecia o Suiza “permiten el uso del cannabis o sus derivados con fines médicos”.
El documento precisa que España es el país donde se registraron en 2105 y 2016 las mayores incautaciones de resina de cannabis de toda la Unión Europea (UE).
El 80 % de la cocaína incautada en la UE en 2015 (últimos datos disponibles) se concentró en Bélgica, España, Francia y Portugal.
El informe también señala que la prevalencia del consumo de cocaína en adultos de entre 15 a 34 años en España es la cuarta más alta de la UE.
Si bien la Junta reconoce que la Convención de 1961 prevé una aplicación médica del cannabis, también recuerda que forma parte del grupo de sustancias sometidas a “medidas de control más estrictas”, ya que se considera que tienen propiedades especialmente peligrosas.
“La Junta exhorta a los Gobiernos que permiten el uso del cannabis con fines médicos a que garanticen que el cannabis sea recetado por profesionales médicos competentes según con la buena práctica médica y sobre la base de pruebas científicas sólidas”, señala este organismo en su informe.
Así, los programas de cannabis medicinal deben estar acompañados de la creación de organismos que supervisen el cultivo, la adquisición, el comercio mayorista y el almacenamiento.
En ese sentido, la JIFE insiste en que los Estados deben adoptar medidas para prohibir el cultivo no autorizado y recuerda que el cultivo personal de cannabis para fines médicos contraviene lo dispuesto en la legislación internacional, “entre otros motivos porque agudiza el riesgo de desviación”.