La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos afirmó hoy que hay un “riesgo importante” de que los defensores de derechos humanos detenidos el miércoles cerca de Estambul cuando participaban en un taller rutinario de capacitación sufran torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes.
“Tememos que estén ahora en riesgo significativo de tortura y de otros tratos crueles, inhumanos o degradantes”, señaló en la rueda de prensa bisemanal de la ONU en Ginebra la portavoz Liz Throssell.
Este miércoles se conoció el arresto de la directora de la rama turca de Amnistía Internacional (AI), Idil Eser, y otros once activistas cuando participaban en un taller rutinario sobre seguridad digital y protección para defensores de derechos humanos.
La ONU, que cifró las detenciones en diez personas, ocho activistas y dos expertos internacionales, indicó que su periodo de arresto ha sido prolongado siete días y presuntamente se les está interrogando por pertenencia “a una organización terrorista armada”.
“Esto refuerza nuestras preocupaciones de que la legislación antiterrorista está siendo abusada para oprimir a individuos que tratan de ejercer pacíficamente sus derechos civiles y políticos”, recalcó Throssell.
En este sentido, la ONU dijo que en el contexto del estado de emergencia impuesto por Ankara tras el fallido golpe de estado en 2016 el Gobierno turco “parece haber criminalizado el legítimo ejercicio de los derechos a la libertad de reunión y asociación pacíficas y a la libertad de opinión y expresión mediante decretos que no cumplen los estándares internacionales de derechos humanos”.
“No se debe silenciar a los defensores de derechos humanos. Urgimos al Gobierno turco a asegurar que puedan efectuar su trabajo legítimo sin miedo en un entorno seguro”, recalcó la portavoz.
Para la ONU, esta nueva ola de detenciones es “profundamente preocupante” también porque se produce un mes después de que el presidente de AI en Turquía, Taner Kilic, fuera arrestado junto con 22 otros abogados.
Kilic y seis otras personas permanecen aún detenidos.
La portavoz también expresó su inquietud por dos otros defensores de derechos humanos, Nuriye Gülmen, una profesora universitaria no numeraria, y Semih Özakça, profesor de instituto, que iniciaron una huelga de hambre en marzo en protesta por su despido arbitrario en el contexto de las purgas tras el intento de golpe de julio de 2016.
Fueron detenidos en mayo por presunta ayuda al terrorismo por publicar su despido.
Casi cuatro meses después del inicio de la huelga de hambre, estas dos personas se encuentran tan débiles que su movilidad ha resultado afectada gravemente, relató Throssell.
“Instamos al Gobierno turco a liberarlos y a restaurarles en sus respectivos empleos sin retraso, y a asegurar una compensación adecuada por su arresto ilegal y su despido”, indicó.