Las sirenas irrumpen en el silencio de la grabación al minuto de que haya comenzado. A los pocos segundos, otra vez el silencio, solo alterado por el ruido de pasos y el mensaje que recibe un móvil, todo ello a lo lejos. Minutos después, un timbre parece anunciar una llegada. Alguien baja la manilla de una puerta. Murmullo y la puerta que se cierra. Los pasos se oyen cada vez más fuerte, según se acercan al dispositivo de grabación. Las palabras, al principio ininteligibles, ya se escuchan claras: “Oye, ponte donde quieras (…) que el ministro ha llegado ahora del Tribunal Supremo”.
Esto ocurre en los ocho primeros minutos de la grabación realizada al titular de Interior en su propio despacho en octubre de 2014 y difundida hace tres semanas, un acontecimiento inédito en democracia. Veinte días después de que publico.es ofreciera este primer extracto, el Gobierno se limita a repetir que hay una investigación en marcha. El ministro, mientras, se presenta como víctima de una “grabación ilegal” que no denuncia en el juzgado, a la espera de unas pesquisas que no avanzan por la dificultad de indagar en hechos ocurridos hace dos años, se defiende Interior.
Otro de los comisarios de cabecera en las actividades secretas del departamento, José Manuel Villarejo, comparece la semana pasada en un juzgado y menciona la existencia de una “Operación Cataluña”. Por primera vez, un miembro de las Fuerzas de Seguridad del Estado admite las maniobras policiales sin control judicial contra la oposición que se han llevado durante el mandato de Mariano Rajoy. Todas legales, eso sí, según un comunicado del abogado de Villarejo emitido una vez desatada la tormenta mediática.
Para conocer qué es esa Operación Cataluña, o al menos una parte de ella, basta con seguir escuchando la grabación de la conversación entre Fernández Díaz y De Alfonso. En definitiva, la prueba de que el Gobierno del Partido Popular ha utilizado a la Policía para atacar a una parte de la oposición política y su iniciativa pacífica conocida como “proceso soberanista”. Primero, Cataluña. Más recientemente, Podemos y su supuesta financiación irregular.
El asunto de la grabación termina por abrir la lata política e informativa, anestesiada durante cuatro años por sospechosos informes recreados siempre en los mismos periódicos, de papel y digitales. eldiario.es publicó en noviembre de 2014 que una unidad secreta de la Policía rastreaba datos comprometedores de políticos independentistas. El Ministerio del Interior lo negó. En Cataluña supuso un escándalo mayúsculo y Jorge Fernández Díaz, desde el hemiciclo, envió al “psiquiatra” a los diputados de CiU que le interrogaron por el asunto. El PSOE dejó que su portavoz en la comisión de Interior hiciera algunas preguntas en el pleno y por escrito que no tuvieron mayor trascendencia.
La Fiscalía y las grabaciones: primer foco del incendio
Tres semanas después de la primera publicación de las grabaciones, la atención se dirige a la Fiscalía General del Estado. Allí acudieron los periodistas con el audio el 30 de junio, después de que unos agentes se presentaran en la redacción de publico.es sin una orden judicial y tuvieran que irse por donde había llegado, con las manos vacías. Mandos de la Policía califican el episodio de “sainete”, abochornados por la utilización política del Cuerpo durante cuatro años y el modo en el que Interior está intentando ahora tapar esas prácticas.
La entrega de las grabaciones en la Fiscalía obliga a ésta a mover ficha. “En los próximos días se tomará una decisión”, afirma un portavoz oficial. Si la Fiscalía General del Estado concluye que solo hay indicios de un delito contra el derecho a la intimidad, no actuará porque se necesita una denuncia del perjudicado o perjudicados. En el caso de que aprecie posible revelación de secretos, abrirá diligencias y, tras una mínima instrucción, pondrá los hechos en conocimiento de un juzgado, que deberá pronunciarse sobre su admisión a trámite. Esta decisión del órgano que dirige Consuelo Madrigal condicionará otras del Ministerio Público, como la Fiscalía de Barcelona, que debe pronunciarse sobre una querella de ERC. Interior se arriesga a perder el control absoluto que mantiene hoy del caso: primer foco del incendio que puede alcanzar al Gobierno.
Segundo incendio: la amenaza parlamentaria
El segundo foco se abrió el pasado jueves en la Carrera de San Jerónimo, sede del Congreso de los Diputados. Según adelantó El Periódico de Cataluña, el PSOE propondrá una comisión de investigación que apoyará Podemos, ERC y CDC. El escándalo de la grabación y el contenido de las afirmaciones de Fernández Díaz, conocidas cuatro días antes del 26J, ni rozaron electoralmente al PP, que creció 13 escaños respecto a diciembre. Pero el reparto del hemiciclo le hace imposible vetar esta comisión.
El escándalo de la grabación es doble. Por una parte, se trata de determinar quién grabó al ministro, si fue con su autorización o no, y quién ha filtrado la grabación dos años después, a cuatro días de las elecciones. Por otra parte, está el contenido. O lo que es lo mismo, la “Operación Cataluña”, esa utilización de la Policía contra la oposición política coincidiendo con el proceso soberanista. De la posible existencia de delito en esas prácticas también deberá pronunciarse la Fiscalía General del Estado.
Sobre quién grabó y quién filtró solo hay especulaciones. Publico.es responsabilizó desde un primer momento a Daniel de Alfonso como el autor de la grabación. Otros medios, citando fuentes policiales, insistieron en los días siguientes en esa tesis aludiendo a unos sonidos recogidos en el audio, unos supuestos roces del dispositivo con lo que podría ser la camisa o la chaqueta del exjefe de Antifrau.
Pero el arranque de la grabación es claro y causa extrañeza entre expertos ajenos a la Policía Nacional que haya pasado desapercibido. El dispositivo de la grabación no está con Daniel de Alfonso cuando empieza a grabar, como acredita el hecho de que se pueda oír al exdirector de Antifraude y al jefe de gabinete del ministro acercándose hasta donde se encuentra ubicado. Cuando ya están junto a él es cuando la conversación se vuelve perfectamente comprensible.
El final de la grabación apunta en la misma dirección. Fernández Díaz parece levantarse y acompañar hacia la salida del despacho a su interlocutor. La voz de ambos se escucha entonces más lejana que durante la conversación ¿Fue grabado el ministro del Interior por sus propios colaboradores? ¿Lo sabía Fernández Díaz?
Tercer incendio: la guerra de los comisarios
Cuando la grabación de Fernández Díaz salió a la luz, las miradas se dirigieron a dos comisarios enfrentados, Marcelino Martín y José Manuel Villarejo. Ambos estuvieron en el corazón de las maniobras en Cataluña y atesoran una profunda fuente de secretos, según coinciden fuentes del Cuerpo, que están convencidos de que hay más grabaciones comprometedoras en poder de ambos. Cualquiera de ellas, añaden, pondría en serios aprietos al aún ministro del Interior en funciones.
La batalla entre los comisarios se dirime en el Juzgado de Instrucción número dos de Madrid. Tercer incendio. Se trata de una pieza separada del caso del Pequeño Nicolás en la que está imputado el comisario Villarejo fruto de las investigaciones de un grupo de policías dirigido por Marcelino Martín.
El vínculo entre esta causa y las maniobras en Cataluña lo establecen sus protagonistas: policía acusador y policía acusado. Marcelino Martín Blas-Aranda y el comisario Villarejo. Martín Blas-Aranda fue jefe de Asuntos Internos con el PP hasta marzo de 2015. La Unidad de Asuntos Internos resulta clave en todas las investigaciones secretas en Cataluña: ponía los agentes sobre el terreno que rastreaban posibles corruptelas de los líderes soberanistas.
Al tiempo, Marcelino Martín era el enlace con el Centro Nacional de Inteligencia. En octubre de 2014, Asuntos Internos y el CNI investigaban a un joven después de una denuncia procedente de la Vicepresidencia del Gobierno. El tal Francisco Nicolás Gómez Iglesias había impostado demasiados papeles, desde agente secreto a enviado de Soraya Sáenz de Santamaría. Y en éstas estaban Asuntos Internos de la Policía y el CNI cuando una reunión entre ambos fue grabada de forma ilegal y filtrada a los medios el 20 de octubre de 2014, el mismo mes de las reuniones publicadas de Fernández Díaz y De Alfonso.
Marcelino Martín Blas-Aranda mantenía desde finales de 2012 un enfrentamiento con Villarejo porque el primero había investigado al hijo y a un amigo íntimo del segundo en el marco de la Operación Emperador, contra la mafia china. A pesar de ser un policía muy próximo al PP, Martín fue destituido en marzo de 2015, cuando el enfrentamiento entre ambos era ya insostenible para el ‘cerebro’ policial contra la oposición política, el director adjunto operativo, recientemente jubilado, Eugenio Pino.
El juez del Pequeño Nicolás, sin embargo, lo recuperó para el caso de la grabación ilegal. Nombró una comisión judicial y puso al frente de ella a Martín Blas-Aranda. Villarejo se queja de que sirvió para azuzar la persecución que su antiguo compañero en las maniobras en Cataluña había emprendido ya contra él. El resultado, en cualquier caso, es un informe de 572 páginas en el que el exjefe de Asuntos Internos pide la imputación de Villarejo, Pino, el inspector jefe José Ángel Fuentes Gago y el mando de la lucha antiterrorista Enrique García Castaño, entre otros. A Villarejo le acusa de grabar la conversación con el CNI y filtrarla. A los demás, de urdir un complot para proteger al comisario de los mil secretos de Interior. La comisión judicial también pide la imputación de un grupo de periodistas próximos a Villarejo, algunos desde hace años.
Uno de los policías sospechosos aparece en la lista con la solicitud de imputaciones y también en la grabación al ministro del Interior. Se trata de José Ángel Fuentes Gago, hoy recompensado con un puesto en La Haya y puente entre Daniel de Alfonso y Fernández Díaz, mano derecha de Pino y mencionado en las grabaciones en varias ocasiones. Ambos interlocutores lo reconocen como muñidor de su encuentro. Fuentes Gago es, a su vez, muy próximo al comisario al que se ha encargado dirigir la investigación de la grabación al ministro, José Santiago Sánchez Aparicio. Ambos fueron dirigentes del Sindicato Profesional de Policía (SPP), que nutre la dirección de la Policía con los gobiernos del PP. A Sánchez Aparicio, máximo responsable de la Policía Judicial, se le ha encargado la investigación a pesar de que se jubila el próximo domingo.
Disparos de advertencia
Y para redondear las preocupaciones del Ministerio del Interior con el caso de la grabación ilegal en el asunto del Pequeño Nicolás hay que mencionar al número dos del departamento. Los investigadores dicen en su informe que les motiva una “especial mención” dos llamadas de Villarejo al móvil del secretario de Estado de Seguridad mientras el joven está detenido y se registra su casa. Primer aviso.
Por el momento, Villarejo ha ido a declarar como imputado por las acusaciones de Martín Blas-Aranda y ha deslizado la existencia de la Operación Cataluña. Segundo aviso. El Español desveló el jueves que ha desaparecido información de la Dirección de la Policía referente a los trabajos del grupo secreto de policías en esa comunidad autónoma.
Para intentar apagar el fuego de ese enfrentamiento, la Fiscalía ha solicitado que se aparte a Martín Blas-Aranda de la investigación a Villarejo y al resto de mandos policiales porque el exjefe de Asuntos Internos es una de las víctimas de la grabación ilegal mientras hablaba con el CNI. El fiscal Alfonso San Román expone ese argumento después de trabajar durante un año con Marcelino Martín, conocedor desde el principio de esta situación. El juez Arturo Zamarriego debe adoptar en los próximos días una decisión. Puede apagar uno de los focos del incendio que amenaza a Fernández Díaz y al Gobierno en funciones. O permitir que Marcelino Martín siga acorralando al comisario Villarejo, el hombre de los mil secretos.